Desde hace varios días, en las calles del Valle de San Nicolás y los pasillos de las alcaldías y de la Gobernación de Antioquia corrían rumores sobre el naufragio de la consulta para determinar si los municipios del Valle de San Nicolás se unían como área metropolitana o rechazaban la medida. En la mañana de este martes 28 de octubre los habitantes de los ocho municipios que estaban convocados a las urnas el próximo 9 de noviembre se enteraron que la consulta quedó oficialmente suspendida.
A través de la Resolución No. 13599 del 27 de octubre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil, determinó suspender la convocatoria efectuada a los municipios del Oriente cercano de Antioquia con el fin de constituir el Área Metropolitana. La jornada electoral se realizaría en Rionegro, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, La Ceja, La Unión, Guarne y San Vicente (Marinilla se salió de la iniciativa). Sin embargo, la Registraduría ratificó que la consulta no pudo hacerse decisión debido a que no cuenta con el presupuesto para adelantarla al no haber recibido a tiempo el traslado de los recursos aprobados por parte del Ministerio de Hacienda.
Las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó al Gobierno Nacional sobre la decisión de no destinar los recursos para realizar la votación de la consulta. “Nos preguntamos: ¿por qué la pasada consulta interna del Pacto Histórico, partido del Presidente, sí contó con todos los recursos y garantías a tiempo, mientras en Antioquia se bloquea el ejercicio de este sagrado derecho constitucional? La figura del Área Metropolitana busca articulación, planeación y organización del territorio, pero ha encontrado la oposición del gobierno nacional y de sus sectores afines. Una democracia sana se fortalece con la participación ciudadana. Impedir que la gente vote no es un acto de demócratas. Cada vez este gobierno se parece más al régimen autoritario de Venezuela”.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha aclarado por qué no giró los recursos necesarios para adelantar la jornada que ya tenía previsto, según explicó la Registraduría, la instalación de 86 puestos de votación y 502 mesas en las zonas urbanas y rurales de los ocho municipios, para garantizar la participación del padrón, es decir, 357.257 ciudadanos habilitados para votar.
La diferencia ante lo postulado por Rendón radicaría en que, según el artículo 107 de la Constitución –que habla sobre las garantías de movimientos y partidos para tomar decisiones vía movilización ciudadana como la consulta interna que se realizó el pasado domingo– el Estado tiene que garantizar unos recursos para dichos ejercicios que quedan apropiados de manera inamovible para tales fines desde el inicio del año fiscal. Es decir, la plata para cualquier consulta de este orden que se pretendiera realizar este año tenía sí o sí que tener los recursos. Por otro lado, iniciativas como consultas populares para dirimir asuntos territoriales, plebiscitos y referendos, aunque tienen por ley que recibir financiación pública no cuentan con una apropiación específica de recursos, lo que le permite al Ministerio de Hacienda moverse con mayor margen para la destinación de presupuesto para estos ejercicios electorales, como de hecho ya había pasado en 2019 en el Oriente, cuando la Registraduría alegó que no tenía plata y desde el gobierno de Iván Duque tampoco se giraron recursos a través de la cartera económica.
EL COLOMBIANO está a la espera de respuesta por parte de la Gobernación para conocer si ya tiene respuesta oficial de Minhacienda por la falta del giro que obligó a la suspensión de la consulta. Pero, además, para conocer si ya existe un plan B, una eventual nueva fecha estimada en la cual se pueda adelantar el mecanismo, o las alternativas que maneja la Gobernación ante semejante revés del que es uno de los proyectos al que más esfuerzos le ha invertido. “Insistiremos y agotaremos las vías legales para que esta consulta popular tome lugar en los próximos días”, recalcó Rendón, quien aseguró que “los movimientos por el Sí cuentan con el cariño, fuerza y convicción de mis paisanos en los ocho municipios que integran esta propuesta: La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario, La Unión y Rionegro”.
No obstante, otra cosa es la que piensan los promotores por el No, que, incluso, interpretaron el anuncio no como una suspensión sino como la cancelación definitiva de la consulta y la derrota, nuevamente, de otra iniciativa para crear la figura de Área Metropolitana en el Oriente antioqueño. Y es que el antecedente es fundamental para intentar vislumbrar lo que puede ocurrir con la suspensión de la consulta. Hace seis años pasó lo mismo: a menos de dos semanas para la realización de la consulta, la iniciativa que acogía a 13 municipios y en ese entonces era liderada por el gobernador Luis Pérez y Andrés Julián Rendón, como alcalde de Rionegro, sucumbió porque la Registraduría la suspendió al alegar falta de recursos. A pesar de los intentos por reactivarla, no fue posible. Posteriormente, casi ninguno de los alcaldes entrantes quiso medírsele a insistir con la iniciativa.
El panorama actual plantea incertidumbres similares. Con un saturado calendario electoral el próximo año que tendrá consulta interpartidista en marzo de 2026, primera vuelta en mayo y eventual segunda vuelta menos de un mes después, cabe la pregunta de qué tan viable será nuevamente organizar la logística y recursos para adelantar la consulta en el Oriente. Otro interrogante que se abre es sobre el eventual costo político y desgaste de las administraciones en la medida en la que la discusión por esta figura se dilate. Esta semana, por ejemplo, circuló en redes sociales un video en el que se muestra cómo la ciudadanía presente abucheó en un evento público de la alcaldía cuando desde la tarima se expresó el apoyo por el Sí.
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Según los promotores del No, la figura del área metropolitana promovida por Rendón, los ocho alcaldes y las principales fuerzas políticas y empresariales de la región estaba destinada a perder a voto limpio el 9 de noviembre. Desde hace un mes comenzaron a señalar que las cuentas que tenían apuntaban a un triunfo del No en seis municipios y el triunfo del Sí solamente en Rionegro y El Retiro.
La campaña de ambos grupos promotores fue intensa aunque con estrategias diferentes. Por el lado del Sí, el oficialismo se volcó a una campaña masiva dinamizada desde la Gobernación de Antioquia y replicada por cada alcaldía, con foros, encuentros, charlas y promoción en canales oficiales. Los promotores del No, por su parte, se centraron en el voz a voz en las calles y también en un trabajo de difusión en redes sociales promovidos por gestores culturales, colectivos ambientales y también por organizaciones comunitarias, incluyendo juntas de acción comunal y bases campesinas.
Gustavo García, exconcejal de Marinilla, señaló que “ganaron la autonomía territorial, los acueductos comunitarios, la ciudadanía y el campesinado”, y señaló que la consulta “violaba la ley” y fue construida “de espaldas a la gente”. El senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, aseveró que “hay una intención clara de frenar el desarrollo de Antioquia y del Oriente”. Por su parte, varias de las voces visibles de los detractores de esta figura pidieron que el revés de la consulta debe servir como oportunidad para construir con tiempo y de manera amplia, con los 23 municipios, una figura de asociatividad que sea, a su juicio, verdaderamente integradora y no fragmente la región, como alegan que pretende el área metropolitana del Valle de San Nicolás.
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