A menos de 20 días de la fecha fijada para la consulta popular que busca definir la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMO), el ambiente político y social en el Oriente antioqueño se calienta. La cita en las urnas está programada para el próximo 9 de noviembre, cuando los habitantes de ocho municipios decidirán si se integran o no a esta figura asociativa.
Los municipios llamados a votar son Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente. Aunque la propuesta inicial de la Gobernación de Antioquia contemplaba a Marinilla, este municipio optó por no sumarse a la iniciativa.
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En un esfuerzo por clarificar las posturas y los argumentos que rodean este proyecto crucial para el futuro regional, EL COLOMBIANO y Teleantioquia llevaron a cabo un foro de debate en el municipio de Guarne. El encuentro, moderado por Luz María Sierra, directora de este diario, y Víctor Jaime Vargas, líder del Sistema Informativo de Teleantioquia, reunió a impulsores del proyecto, como el gobernador Andrés Julián Rendón y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, junto a voces críticas como María Victoria Melo (Consejo Territorial de Planeación de La Ceja) y el concejal de La Ceja, Kevin Jiménez. Los temas a tratar fueron tres: seguridad, planificación y medio ambiente.
Seguridad
Uno de los ejes centrales del debate fue la seguridad y convivencia, un tema que, según la alcaldesa de La Unión, Carmen Judit Valencia, es una prioridad para sus ciudadanos. La mandataria local expuso la dificultad de enfrentar la problemática con la actual fragmentación administrativa: “Yo hoy tengo un problema y es la seguridad. Nuestros campesinos hoy piden dos cosas, vías y seguridad”.
El general (R) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, defendió que el AMO permitiría la creación de una policía metropolitana para el Valle de San Nicolás. Esto unificaría la autoridad en una zona donde la delincuencia opera de manera centralizada, con grupos como el Clan del Golfo peleando las rentas criminales y el microtráfico en toda el área. La policía metropolitana, al ser una unidad autónoma, tendría mayor pie de fuerza, más tecnología y una focalización de hombres exclusiva para el Valle de San Nicolás, sin depender de la Policía Antioquia (que cubre 125 municipios).
Martínez concluyó que en seguridad la propuesta es “muy ganadora” porque “vamos a tener una policía autónoma, un mayor pie de fuerza, más coordinación entre las diferentes autoridades municipales”.
Sin embargo, María Victoria Melo, crítica de la iniciativa, cuestionó la efectividad de la figura, citando el ejemplo del Valle de Aburrá: “el área metropolitana del Valle de Aburrá, ¿cómo ha combatido? Y es una sola, y los problemas de seguridad que tiene el área metropolitana. Usted no se puede meter a muchas de las comunas en Medellín”.
Planificación
La rápida expansión del suelo urbano, que pasó de 10 km² en 1995 a 40 km² en 2024, es el principal motor para la propuesta de integración. Los promotores, como el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, afirman que la integración es la única vía para “tomar decisiones conjuntas y coordinadas” en problemas de movilidad y ordenamiento territorial.
Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, enfatizó la importancia de articular recursos y pensar las interacciones regionales desde la geografía, un eje estructural, a su juicio, para el desarrollo. González argumentó que el AMO obligaría a la coordinación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), permitiendo preservar zonas rurales cruciales: “Gracias al área metropolitana usted puede coordinar los planes de ordenamiento territorial. Usted puede decir esta área cerramos el borde, no la dejamos crecer porque es una área rural”.
La oposición, no obstante, centró su crítica en la concentración de poder en Rionegro. El concejal Kevin Jiménez expresó que la figura implica una “autonomía territorial” que se pone en riesgo. Los críticos recuerdan que el alcalde de Rionegro, como municipio núcleo y presidente de la Junta Metropolitana, tiene derecho a ejercer el veto sobre el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el presupuesto y la elección del director. María Victoria Melo calificó esto como “vergonzoso” y enfatizó que el Plan de Desarrollo Metropolitano “va a estar por encima de los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Entonces, ahí estamos perdiendo toda la autonomía del mundo”.
El concejal Jiménez también cuestionó la necesidad de la figura, sugiriendo que la falta de conurbación (conectividad urbana) hace que la figura metropolitana sea prematura. El político argumentó que existen “otras figuras que no tienen tanta figura burocrática que nos permitirían unirnos para poder resolver esa problemática que entre comillas es común, como los pactos territoriales. González rebatió este punto, señalando que los pactos territoriales tienen un “alcance mucho más restringido” y que el AMO articula “dinámicas integrales del territorio”.
Un punto adicional de controversia es el tema financiero. Los críticos, como María Victoria Melo, advierten que el presupuesto inicial del AMO sería “bastante cojo”, sumando cerca de $5.572 millones al año, provenientes de un aporte municipal (hasta el 2% de los ingresos corrientes de libre destinación). Melo preguntó: “¿De dónde van a sacar la platica?” para todas las obras prometidas, incluyendo seguridad, vías y transporte. La Subsecretaria de Derechos Humanos de Antioquia, María Patricia Giraldo, respondió que el problema no es la cantidad inicial de recursos, sino la “capacidad de quienes gerencien o administren” la entidad, pues el AMO podrá gestionar recursos adicionales con entes nacionales e internacionales.
Medio ambiente
En el bloque final, se abordó la preocupación sobre el futuro de Cornare, la autoridad ambiental regional. Los críticos del AMO temen que, una vez la población de los municipios integrados alcance el millón de habitantes urbanos, el Área Metropolitana asuma las competencias ambientales, lo que golpearía financieramente a Cornare.
Javier Valencia, director de Cornare, aclaró que, si bien la Ley 99 de 1993 establece ese umbral, el área urbana de los ocho municipios suma apenas entre 350.000 y 370.000 habitantes, por lo que se necesitaría al menos hasta el 2060 para alcanzar el millón de habitantes y que Cornare pierda la competencia.
Valencia insistió en que el Área Metropolitana y Cornare no competirían, sino que se complementarían, trabajando de la mano para establecer los “determinantes ambientales para ese crecimiento”. Además, resaltó que la asociatividad permitiría ejecutar proyectos integrales que hoy se dificultan por la dispersión de inversiones, como el saneamiento de fuentes hídricas y la construcción de ciclorrutas que no se interrumpan en los límites municipales.
Juan Luis Mejía, exministro de Cultura e historiador, complementó la visión regional, recordando que el área metropolitana es una “construcción de futuro” y no solo la solución de problemas actuales. Mejía citó como ejemplo la creación del Siata (Sistema Integrado de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá) y el Siata Marco en el Oriente, que fueron posibles solo por la capacidad de trabajar colectivamente.
El Valle de San Nicolás, con su crecimiento explosivo, se ha consolidado como la segunda gran urbe de la región, aportando más al PIB departamental que subregiones enteras. Los ciudadanos tienen ahora en sus manos la decisión de si esta expansión se afrontará bajo el “nuevo ropaje” institucional de un área metropolitana, como dijo el gobernador Rendón, o si se mantendrá la autonomía municipal, como defienden los críticos La votación definirá el modelo de desarrollo para el Oriente en las próximas décadas.
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