Han pasado cuatro décadas desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos del siglo XX en Colombia. Aún hoy, la verdad sobre lo ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 continúa siendo motivo de controversia.
El expresidente de la Corte Suprema José Roberto Herrera, quien integró la Comisión de la Verdad del alto tribunal junto con Nilson Pinilla y Jorge Aníbal Gómez, reiteró en entrevista con la editora general de Revista Semana, Cristina Castro, que la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz fue causada por un guerrillero del M-19.
“Las evidencias fueron concluyentes. El doctor Gaona fue impactado a tiro de contacto por un guerrillero que vigilaba la salida de los rehenes en los entrepisos”, explicó Herrera.
Añadió que los testigos, entre ellos los magistrados Nemesio Camacho y Hernando Tapias, y el conductor Reina, coincidieron en la descripción de los hechos, y que la ubicación de las tropas del Ejército hacía imposible que el disparo proviniera de ellas.
Según dijo, la necropsia confirmó esa versión y fue respaldada incluso por el hijo del magistrado, el jurista Mauricio Gaona, tras un análisis técnico independiente.
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Herrera recordó que cuando la Comisión inició su trabajo, veinte años después de los hechos, “existía una verdad a medias” mantenida por la impunidad, la manipulación de pruebas y el miedo a hablar. El informe estableció tres grandes responsables institucionales: el M-19, el Gobierno y la Fuerza Pública.
“El primero, el M-19, que inició la acción terrorista. El segundo, el Gobierno, por un notorio vacío de poder. Y el tercero, la fuerza pública, por una retoma desproporcionada que ignoró la protección de los civiles y violó normas del derecho internacional humanitario”, afirmó.
En la toma y retoma murieron 98 personas y 11 fueron desaparecidas. La cifra incluye magistrados, funcionarios, civiles, integrantes de la fuerza pública y guerrilleros.
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Durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985, murieron 98 personas y 11 fueron desaparecidas. La cifra incluye magistrados, funcionarios, civiles, integrantes de la fuerza pública y guerrilleros.
Fueron 11 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que perdieron la vida durante la toma y retoma. “Fue una tragedia absurda que destruyó el templo de la justicia y menospreció la vida de los colombianos”, señaló el jurista.
Para Herrera, la falta de reconciliación sobre lo ocurrido explica por qué las heridas del Palacio siguen abiertas. “Pese a que se conocen las responsabilidades institucionales, muchos voceros prefieren mantener una actitud defensiva, en lugar de reconocer los hechos y pedir perdón”, dijo.
Criticó también que parte de la sociedad haya optado por mirar hacia otro lado, “como si temiera convertirse en estatua de sal”, en alusión a la historia bíblica. “La sociedad no puede olvidar ni aceptar discursos que revictimizan a quienes sufrieron aquella desgracia”, añadió.
El magistrado calificó la tragedia como “un daño irreparable” que afectó la credibilidad de la justicia y deterioró la reputación internacional del país. “Con la guerra nadie gana; todos perdemos”, advirtió.
Ahora hay una crisis institucional profunda en Colombia
La conmemoración de los 40 años del Palacio de Justicia coincide, según Herrera, con un momento de profunda crisis institucional en Colombia. Considera que los hechos de 1985 deben servir como recordatorio de que las armas no pueden reemplazar el diálogo.
“En el Palacio se abortó toda posibilidad de diálogo. Hoy seguimos cometiendo errores similares: los discursos de odio son la llama que alimenta muchas decisiones políticas”, expresó.
Resaltó además el legado del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, cuya súplica de “cese al fuego” calificó como un mensaje histórico para todas las generaciones. “Fue un llamado a que las armas no sustituyan la palabra y a que las discrepancias se resuelvan de manera civilizada”, dijo.
Por otro lado, subrayó la importancia de preservar la memoria del Palacio de Justicia como derecho de las víctimas y de la sociedad. “Olvidar es abrir la puerta a la posverdad, que no es otra cosa que distorsionar la realidad al servicio de intereses políticos o personales”, advirtió.
El informe de la Comisión de la Verdad
Herrera recordó que recientemente se presentó una nueva edición del informe de la Comisión de la Verdad en la Universidad del Rosario, donde hoy es consiliario. El documento, de 486 páginas, aborda no solo los hechos del 6 y 7 de noviembre, sino también los antecedentes políticos y militares que desembocaron en la tragedia.
“El informe conserva plena vigencia porque retrata la problemática nacional y ofrece recomendaciones que siguen siendo útiles para comprender el conflicto colombiano”, concluyó.
Para el exmagistrado, mantener viva la memoria del Palacio de Justicia es una forma de honrar a las víctimas y tratar de impedir que el país repita los errores que lo marcaron hace cuatro décadas.
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