Un audio divulgado este martes por la precandidata presidencial Vicky Dávila revela graves señalamientos contra el entorno del presidente Gustavo Petro, a pocas horas después de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada.
“Mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me ha extraditado, porque yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo, esperando que tomen esa decisión”, se le escucha decir a Marín en el audio revelado por Dávila.
En la grabación, atribuida a ‘Pipe Tuluá’ y registrada antes de ser enviado a territorio estadounidense, el extraditado asegura que fue acusado de “comprar funcionarios públicos” y responde con una acusación directa contra Juan Fernando Petro, el hermano del presidente.
“Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debería evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, se escucha decir en el audio.
El hombre señala que le entregaron al hermano del mandatario recursos económicos para la campaña presidencial de 2022, así como dinero en efectivo para gastos cotidianos.
Según su versión, existirían “videos, audios y consignaciones” que respaldarían esas afirmaciones y que —asegura— serán entregadas a la justicia de Estados Unidos. “Tenemos pruebas donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos”, afirma ‘Pipe Tuluá’ en el audio revelado por Dávila.
Desde la capital estadounidense, el presidente Gustavo Petro respondió a a Caracol Radio los señalamientos de alias Pipe Tuluá, en el que se habla de una supuesta financiación irregular de su campaña presidencial.
“Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera estaría lleno de billete, solo que estaría preso, muerto descuartizado, a mí esos chantajes, se lo dije a la CIA, no van conmigo”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario rechazó cualquier vínculo con dineros del narcotráfico y enmarcó las acusaciones como parte de un intento de chantaje. Petro sostuvo que durante su trayectoria política ha enfrentado ofrecimientos de estructuras criminales que buscaban influir en su proyecto político, pero aseguró que siempre los ha rechazado.
“Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé que lo intentaron”, afirmó, al tiempo que insistió en que aceptar ese tipo de recursos habría significado perder su libertad o incluso la vida.
El jefe de Estado fue enfático en señalar que su elección no estuvo condicionada por organizaciones criminales. “No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre”, dijo, al subrayar que no cede ante presiones ni amenazas provenientes del narcotráfico, incluso cuando estas se formulan desde procesos judiciales en su contra o contra personas de su entorno familiar.
Sobre los señalamientos que involucran a su hermano, Juan Fernando Petro, el presidente aseguró que no intervendrá para obstruir investigaciones. “Si cometió algún error, que lo pague”, expresó, marcando distancia personal y política frente a cualquier conducta irregular que pueda ser establecida por las autoridades competentes.
Petro defendió la extradición de alias Pipe Tuluá como una muestra de coherencia con su discurso. Aseguró que la decisión de enviarlo a Estados Unidos demuestra que no existe protección alguna desde su gobierno hacia estructuras criminales, aun cuando estas intenten involucrarlo mediante declaraciones o audios difundidos en momentos de alta tensión política.
Otro aparte del audio de ‘Pipe Tuluá
En otro fragmento insiste en que dichas evidencias también comprometerían aportes irregulares relacionados con entidades como la DIAN.
La divulgación del audio vuelve a poner en el centro del debate público el denominado Pacto de La Picota, y plantea nuevos interrogantes sobre el alcance real de las visitas a cárceles durante la campaña presidencial, así como sobre una eventual financiación ilegal de la candidatura de Gustavo Petro.
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‘Pipe Tuluá’ sostiene, además, que su extradición se produjo luego de que —según él— el propio presidente le ordenara al entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga, acelerar el trámite tras resolver un recurso de reposición. La extradición se concretó el mismo día del encuentro entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a las acusaciones contenidas en el audio, así como tampoco Andrés Idárraga, exministro de Justicia, y el Juan Fernando Petro.
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El operativo de extradición de alias Pipe Tuluá inició este martes 3 de febrero de 2026 a la 1:30 a. m. desde la estación de policía de Los Mártires en Bogotá.
Participaron más de 70 uniformados, drones y helicópteros para trasladarlo a la base aérea de CATAM, donde fue entregado a agentes de la DEA.
Andrés Felipe Marín era requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por cargos de narcotráfico, incluyendo concierto para distribuir cocaína y fabricación de sustancias ilícitas.
Como máximo cabecilla de la banda criminal “La Inmaculada”, ya tiene una condena de 30 años en el país por más de 40 homicidios y otros delitos graves. Su envío a Estados Unidos se realizó pocas horas antes de una reunión estratégica en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump para tratar temas de política antidrogas.
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