La situación jurídica de los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), se tornó crítica este martes tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción ordenó la captura de ambos congresistas luego de imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La noticia, que sacude con fuerza el panorama político nacional, surge en momentos en que avanzan las investigaciones por la presunta entrega de millonarios sobornos a congresistas a cambio de apoyar iniciativas clave del Gobierno.
Contexto: Atención: Corte Suprema ordenó la captura de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD
Name y Calle son investigados por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación, que según el Código Penal colombiano contemplan penas de entre 3 y 6 años de prisión en el primer caso, y de 4 a 10 años en el segundo, dependiendo de la cuantía del daño y la gravedad de la conducta.
Ambos legisladores han negado rotundamente los cargos, asegurando que las acusaciones se basan en falsos testimonios. Sin embargo, el magistrado Francisco Farfán, ponente del proceso, concluyó que el material probatorio recaudado hasta el momento, incluidos documentos, interceptaciones y múltiples testimonios, justificaba plenamente la imposición de medida de aseguramiento intramural.
Horas antes de conocerse la decisión, el senador Iván Name dejó entrever que presagiaba el desenlace. En una intervención ante el Senado, tomó la palabra para despedirse, advirtiendo que podría ser privado de la libertad en cualquier momento. Su intuición, o lo que oyó en los pasillos, no falló.
Según la investigación, Name habría recibido $3.000 millones de pesos en sobornos de manos de su entonces amiga y aliada política, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. A cambio, el senador se habría comprometido a respaldar reformas del Ejecutivo y a facilitar el nombramiento de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
Las pruebas en su contra incluyen testimonios clave, como el de la propia Ortiz, y de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Este último ha declarado en reiteradas ocasiones que él mismo entregó el dinero a Name en su apartamento al norte de Bogotá. El senador lo niega enfáticamente. Será la Corte quien dirima las contradicciones.
En el caso de Andrés Calle, los investigadores sostienen que recibió $1.000 millones como parte del mismo entramado corrupto. La entrega se habría realizado en su residencia en Montería, también por intermedio de Sneyder Pinilla, según la versión del exfuncionario.
Hasta el momento se desconoce en qué lugar serán recluidos los congresistas, aunque la Corte ha sido clara en que la detención busca impedir que interfieran en el curso del proceso, manipulen pruebas o influyan en los testigos clave del caso.
La decisión abre un nuevo capítulo en el caso UNGRD, que ya ha salpicado a altos funcionarios del actual gobierno y podría escalar aún más. Todo indica que las revelaciones apenas comienzan.
Entérese: Sandra Ortiz asegura que tiene información “verificable” contra aforados y buscará nuevo principio de oportunidad
