Este 18 de diciembre continúa la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por un proceso por presunta corrupción en contratación en el Atlántico, departamento del que fue diputado entre 2020 y 2023. La Fiscalía le imputó al político —hijo mayor del presidente Gustavo Petro— seis delitos y pide que le impongan medida de aseguramiento, es decir, que sea privado de la libertad en domicilio o en prisión.
Por este caso, que investiga la presunta participación irregular en la contratación de ese departamento, a Petro Burgos se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
La Fiscalía le pide a un juez de Barranquilla que imponga medida de aseguramiento al exdiputado, a lo que su abogado defensor, Alejandro Carranza, y el representante de la Procuraduría se oponen por considerar que no es un peligro para la sociedad ni que pueda obstruir la justicia si queda en libertad.
Vale recordar que por este proceso se investiga si Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, usaron contratos de la Gobernación del Atlántico —por valor de $111 millones que iban dirigidos a proyectos de atención de adultos mayores por medio de la Fundación Consciencia Social con acuerdos posiblemente amañados— para favorecerse a ellos, a amigos y a familiares cuando era diputado.
Este caso es distinto al que se lleva en contra del político por el presunto uso irregular de recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Por ahora, el abogado del exdiputado solicita al juez que no lo prive de la libertad al considerar que no ha intentado evadir la justicia, sino enfrentar los proceso que se le siguen en su contra.
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