La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó la solicitud de medidas cautelares presentada por la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una decisión que fue recibida como un duro revés por sus allegados, quienes siguen reclamando verdad, justicia y garantías frente a un crimen que sacudió al país. El organismo internacional concluyó que no se cumplían los requisitos exigidos para mantener activas esas medidas, pese a la gravedad del caso.
La petición fue elevada por el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, quien solicitó protección no solo para Miguel Uribe Turbay, antes de su fallecimiento, sino también para sus familiares más cercanos.
En el escrito se advertía sobre riesgos persistentes derivados del atentado y del alto nivel de exposición pública del proceso, así como sobre un ambiente de estigmatización que, según la defensa, habría sido alimentado por declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional y que podía afectar tanto la seguridad de la familia como el desarrollo de las investigaciones judiciales.
La CIDH, sin embargo, decidió cerrar el trámite al considerar que no se acreditaron los criterios de gravedad, urgencia ni el riesgo de un daño irreparable. En su evaluación, el organismo tuvo en cuenta que el Estado colombiano informó sobre la existencia de investigaciones penales en curso por parte de la Fiscalía y la adopción posterior de esquemas de seguridad para la familia, medidas que, a juicio de la Comisión, mitigaban los riesgos denunciados.
“Se acreditó la adopción posterior de medidas de seguridad para la familia, orientadas a mitigar los riesgos existentes, es decir, la protección que debió haberse otorgado desde un inicio. Nosotros mismos informamos el aumento de la seguridad”, informó el abogado Mosquera.
Tras conocerse la decisión, el abogado reconoció que la CIDH valoró la actuación de la Fiscalía y las medidas de protección implementadas, pero fue enfático en señalar que estas llegaron de manera tardía. Según explicó, el riesgo que se buscaba prevenir terminó materializándose. Miguel Uribe Turbay fue víctima de un crimen atroz que acabó con su vida, por lo que, dijo, las medidas cautelares perdieron su carácter preventivo y el caso pasó de ser una amenaza a una violación consumada de derechos humanos, atribuible al Estado por omisión en su deber de prevención.
“La Comisión ha decidido cerrar el expediente de la presente solicitud de medida cautelar, en tanto no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Esta decisión, en todo caso, no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo”, se lee un documento compartido por la UNP.
En paralelo, el debate estuvo marcado por una denuncia presentada en octubre del año pasado por el propio Mosquera, a raíz de declaraciones del abogado Alejandro Carranza, representante del presidente Gustavo Petro. En esas intervenciones públicas se sugirió que el caso del magnicidio estaría siendo utilizado para posicionar narrativas políticas contra el jefe de Estado, afirmaciones que la familia del senador ha rechazado de manera tajante.
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Esa postura fue reiterada por Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado, quien pidió a la CIDH que mantenga la vigilancia internacional sobre el proceso judicial.
“Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política. Su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de la violencia política y de la polarización extrema”, escribió Uribe Londoño.
Además, advirtió que convertir su asesinato en una disputa política revictimiza a la familia. Exigió protección, orden y justicia no solo para su caso, sino para todas las víctimas en Colombia.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá durante una actividad preelectoral. Aunque inicialmente sobrevivió al atentado, falleció el 11 de agosto de ese mismo año debido a complicaciones derivadas de las heridas, en un hecho que fue calificado como magnicidio y que continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía.
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