La determinación se adoptó acogiendo una reciente decisión de la Corte Constitucional, que resolvió suspender la investigación mientras resolvía una tutela del presidente.
Días después de que la Corte Constitucional decidió suspender el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en materia de topes de financiación, este martes se conoció que la autoridad electoral hizo lo propio y le puso un alto a la investigación.
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Sin embargo, fuentes al interior del CNE le confirmaron a EL COLOMBIANO que, si bien se suspende el proceso contra el primer mandatario –acogiendo lo dispuesto por la Corte–, la investigación contra los demás implicados sigue en marcha.
“Se suspende provisionalmente la investigación administrativa, así como del término de la caducidad de la facultad sancionatoria frente al ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego y hasta cuando se notifique a esta Autoridad Electoral la decisión que se adopte en sede de revisión de tutela en la Corte Constitucional”, dice un auto del CNE.
De fondo se encuentra el estudio de una tutela presentada por el presidente, quien busca echar al traste el concepto del Consejo de Estado que ratificó que el CNE sí es competente para investigarlo a él y su campaña –eso sí, desde el plano administrativo– por presunta violación de topes de financiación.
Hasta tanto se resuelva esa tutela, el proceso entrará en el congelador, al menos para el jefe de Estado; sin embargo, sigue en marcha contra los demás implicados, entre ellos, el entonces gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón, así como contra los auditores de la campaña Petro Presidente (María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez) para que respondan por la presunta omisión de vigilancia y la comisión de otros delitos.
De hecho, en un auto fechado este martes 6 de mayo, el CNE corre traslado para que los implicados presenten sus alegatos de conclusión, lo que implica que el proceso entra en su recta final.
En el documento, se advierte que los investigados “tienen 15 días para que, si lo consideran necesario, presenten sus alegatos de conclusión dentro de la investigación administrativa iniciada por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”.
Según reclamó Petro en la acción de tutela, la decisión del Consejo de Estado vulneró sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”, en la medida en que la única Corporación que lo puede investigar es la Comisión de Acusación del Congreso.
Por todo ello, la Corte Constitucional decretó la suspensión provisional de los efectos de la decisión proferida por el Consejo de Estado y, en consecuencia, de las actuaciones administrativas que se encuentran en curso. “Se suspende mientras se falla de fondo la tutela”, aclaró a EL COLOMBIANO el magistrado Vladimir Fernández, otrora secretario Jurídico del presidente Gustavo Petro, y quien proyectó el concepto.
De acuerdo con el jefe de Estado, al darle vía libre al CNE para investigarlo a él, el Consejo de Estado desató “un caos jurídico que connota el inminente riesgo de afectar la estabilidad institucional del país; y cuya decisión fue adoptada de manera arbitraria y con abuso de la competencia otorgada a la Sala de Consulta ya referida”.
Si bien el primer mandatario ha arreciado en la tesis de que detrás habría un supuesto golpe de Estado y que la decisión es inconstitucional, lo cierto es que la máxima sanción, en el peor de los escenarios, le significaría al jefe de Estado una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.
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