La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por las denuncias sobre el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022.
El caso tiene que ver con un audio atribuido a Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, señalado máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada.
En el audio, el extraditado criminal asegura que entregó dinero a la campaña presidencial de Petro por medio de su hermano, Juan Fernando Petro.
En la grabación, registrada antes de ser enviado a territorio estadounidense, asegura que fue acusado de “comprar funcionarios públicos” y responde diciendo que le entregó al hermano del mandatario recursos económicos para la campaña presidencial de 2022, así como dinero en efectivo para gastos cotidianos.
“Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debería evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”, se escucha decir en el audio.
“Un audio presuntamente de alias ‘Pipe Tuluá’, quien es el máximo cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, en donde afirma haber entregado sumas de dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de su hermano Juan Fernando Petro”, se lee en el auto de apertura.
Además, el documento asegura que Pipe Tuluá tendría pruebas que respaldarían esas acusaciones, entre ellas videos, audios y soportes de consignaciones. “Tenemos pruebas donde se le pasó plata no solamente para su campaña, sino para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos”, afirma ‘Pipe Tuluá’ en el audio revelado por Revista Semana.
El proceso busca determinar si efectivamente ocurrieron los hechos denunciados, cómo se habrían dado y quiénes estarían involucrados.
Como parte de las pruebas, la representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral ordenó gestionar una declaración formal de alias “Pipe Tuluá”, quien actualmente está en una cárcel en Estados Unidos.
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La intención es que el señalado cabecilla criminal responda si reconoce como suya la voz del audio, si ratifica las afirmaciones conocidas públicamente y explique cuánto dinero habría entregado, además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los presuntos pagos a la campaña presidencial.
La Comisión también pidió a la revista Semana entregar los archivos originales del audio para que sean sometidos a peritajes técnicos del CTI o de la Dijín y así establecer si la grabación presenta manipulaciones, alteraciones o recortes.
Además, se solicitó cooperación judicial internacional con autoridades de Estados Unidos para obtener cualquier prueba relacionada con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.
La investigación previa tendrá inicialmente un plazo de seis meses mientras se recopilan las pruebas y testimonios ordenados por la Comisión.
En su momento, cuando se conocieron los audios, el presidente Petro negó cualquier vínculo ilegal.
“Mire hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé. Pitufo quería. Si yo quisiera, estaría lleno de billetes, solo que estaría preso, muerto, descuartizado; a mí esos chantajes, se lo dije a la CIA, no van conmigo”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario enmarcó las acusaciones como parte de un intento de chantaje. Petro sostuvo que durante su trayectoria política ha enfrentado ofrecimientos de estructuras criminales que buscaban influir en su proyecto político, pero aseguró que siempre los ha rechazado.
“Pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña. Yo sé que lo intentaron”, afirmó, al tiempo que insistió en que aceptar ese tipo de recursos habría significado perder su libertad o incluso la vida.
El jefe de Estado fue enfático en señalar que su elección no estuvo condicionada por organizaciones criminales. “No me hago elegir por asesinos. Por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre”, dijo, al subrayar que no cede ante presiones ni amenazas provenientes del narcotráfico, incluso cuando estas se formulan desde procesos judiciales en su contra o contra personas de su entorno familiar.
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