En respuesta a la sorpresiva decisión de 16 exjefes paramilitares de suspender sus funciones como gestores de paz, la oficina del Comisionado de Paz emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos de incumplimiento y reitera su compromiso con el desarrollo de las gestiones de paz vinculadas al proceso con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ruptura, anunciada a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, fue encabezada por Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y Diego Fernando Murillo, quienes acusaron a Otty Patiño y en general a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) de incumplir acuerdos, dilatar el proceso y actuar con falta de transparencia.
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Denunciaron incluso la negación del proceso de Ralito por parte de funcionarios del Gobierno, así como la cancelación unilateral de reuniones clave para la hoja de ruta de su participación como gestores.
Sin embargo, la Consejería Comisionada de Paz, a través de un comunicado fechado el 7 de junio, aclaró que el objetivo de las gestorías ha sido precisamente contribuir a cerrar los asuntos pendientes de ese proceso de paz, y enfatizó su apoyo constante a quienes han sido designados mediante la Resolución 453 de 2024 y su prórroga, la Resolución 152 de 2025.
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“La Consejería Comisionada de Paz reitera que el propósito de estas gestorías ha sido el de contribuir a cerrar asuntos pendientes del proceso de paz con las extintas AUC, en particular frente al incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado y ante la deuda histórica con las víctimas de la violencia paramilitar”, se lee en el comunicado.
El Gobierno dejó claro que no se ha planteado revocar las designaciones actualmente vigentes, y que la evaluación de su continuidad se realizará en su debido momento por parte del presidente de la República, con base en los avances demostrados.
“La satisfacción de los derechos de las víctimas es fundamental en el desarrollo de estas gestorías de paz. Por ello, no se ha planteado revocar las gestorías actualmente vigentes”, enfatiza el Gobierno en el comunicado.
Además, el Gobierno destacó el acompañamiento brindado a los gestores, desde la facilitación de su participación en espacios físicos y virtuales, hasta la articulación con otras entidades del Estado y gestiones ante autoridades judiciales. También reconoció aportes puntuales realizados por algunos de ellos en la búsqueda de personas desaparecidas y la entrega de bienes con fines reparadores.
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A pesar del tono conciliador del comunicado, la Consejería también envió un mensaje firme sobre los límites del proceso: quienes no estén dispuestos a comprometerse con la verdad y la reparación, no podrán seguir siendo parte de esta política.
“No es viable negociar un proceso de paz si, como grupo armado, sus integrantes han transitado a la vida civil y ya no tienen la capacidad real de aportar a la verdad o de contribuir a la no repetición de la violencia paramilitar”.
“Esto no es una renuncia”: gestores insisten en que hay voluntad
Aunque la suspensión de funciones por parte de 16 exjefes paramilitares fue interpretada como una ruptura definitiva, desde el colectivo se insiste en que la decisión es más bien una alerta. Así lo explicó Michell Pineda, abogado penalista, director de la corporación Compromiso Colombia y también asesor jurídico de la Mesa de Paz de Cómbita, quien ha acompañado jurídicamente a varios de los gestores.
Pineda aclaró que la suspensión fue una “respuesta legítima a esos obstáculos reiterados desde la institución de la Oficina del Comisionado de Paz”, y señaló directamente al comisionado Álvaro Jiménez, a quien responsabiliza por una “persistente conducta adversa al diálogo”. En sus palabras, se estaría saboteando y poniendo en riesgo la continuidad del proceso.
El abogado también reclamó que se desconozca el carácter colectivo de los comparecientes y su realidad jurídica y política como interlocutores. A su juicio, no se trata de actores aislados, sino de un grupo articulado que ha cumplido durante dos décadas con los compromisos de desmovilización, justicia y entrega de armas.
Sobre el anuncio del Gobierno de que solo continuarán como gestores quienes estén comprometidos con la verdad y la reparación, Pineda afirmó que “hay la intención de seguir aportando como se había venido haciendo”, y recordó que estos excombatientes han cumplido durante 20 años con sus deberes, tanto ante la justicia como de cara al país.
También advirtió que la continuidad del proceso no puede depender únicamente de una prórroga jurídica de las gestorías, si no existen garantías reales para ejercerlas: “La sola prórroga administrativa de un acto o de una resolución, pues hasta el 8 de julio, pues parece defecto. Si en los pasos de diálogo, pues está saboteado desde adentro”.
Para garantizar la legitimidad del proceso, propuso incorporar mecanismos independientes de verificación, como la OEA, la ONU o la Unión Europea, y alertó sobre el riesgo de una politización del proceso en un contexto electoral: “Se necesita una regla clave, de manera que no proteja esa independencia del proceso”.
Como ejemplo del potencial de los gestores, Pineda mencionó un episodio en diciembre de 2024 en el que el excomandante Diego Fernando Murillo habría entregado información relevante sobre personas desaparecidas: “Imagínense que, con el solo viaje de funcionarios en busca de personas desaparecidas [...] se logró algo tan importante por el conocimiento de inteligencia que él recordaba con relación a esos hechos”.
Finalmente, hizo un llamado a comprender la verdad como herramienta de sanación y no como instrumento de daño: “La verdad no puede ser vista como la sal que atiza el dolor en la herida, sino como el bálsamo que va a ayudar a curarla”.
