Por reparto, el estudio del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular quedó en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.
Ibáñez ha sido protagonista en los últimos meses por sus fuertes pronunciamientos y cuestionamientos frente a varias iniciativas del Gobierno. Ha sostenido posiciones críticas en temas clave para el Ejecutivo.
Ahora será su despacho el encargado de estudiar si el decreto que convoca a la ciudadanía a responder sobre temas definidos por el Gobierno se ajusta o no a la Carta Política. La decisión de la Corte será clave, pues definirá si la consulta puede avanzar o si, por el contrario, debe ser archivada por vicios de forma o de fondo.
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