La petición de suspender 29 órdenes de captura, pedida por el Alto Comisionado de Paz y rechazada por la fiscal Luz Adriana Camargo, siguen generando reacciones.
Esta vez por cuenta de la Corte Suprema y su Sala de Casación Penal, que pidió al presidente Gustavo Petro sobre “el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial”.
El alto tribunal manifestó su respaldo a la posición de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, sobre los cuestionamientos de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, previstas para comenzar el próximo 25 de junio.
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Entre los beneficiados figura alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan con orden de extradición a Estados Unidos.
Según el comunicado difundido, ambas instancias “comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales establecidos respecto al proceso de paz”.
Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud de suspender las órdenes de captura contra varios líderes del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo, requerido en extradición por Estados Unidos.
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Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada por la delegación de paz encabezada por Otty Patiño sin su autorización, y reiteró que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.
Tras una reunión con la delegación de paz en la Casa de Nariño, Petro ordenó que de la lista de los 400 combatientes que serán trasladados en junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba se excluya a quienes tengan solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, como alias Chiquito Malo.
“La comisión de paz elaboró una lista de 29 personas que incluye extraditables; estaba dentro de sus funciones, pero esa decisión no fue consultada con el presidente”, afirmó el jefe de Estado.
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Asimismo, recordó que, conforme a la ley, “solo cuando exista un proceso de paz suficientemente avanzado el presidente puede suspender órdenes de extradición”.
El malestar del mandatario fue porque él no autorizó la suspensión de la orden de extradición contra alias Chiquito Malo ni avaló la lista inicial de los 400 combatientes que serían enviados a la zona de concentración en el sur de Córdoba para avanzar en su desmovilización.
Dicho proceso permitiría a los integrantes del grupo someterse a la justicia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
Tribunal de Cundinamarca se suma a apoyos de la Corte
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de un comunicado, expresó su respaldo y solidaridad al Consejo de Estado con ocasión de los recientes pronunciamientos públicos relacionados con decisiones judiciales adoptadas en ejercicio legítimo de sus competencias constitucionales y legales.
“Esta Corporación comparte la preocupación expresada por el Honorable Consejo de Estado frente a los señalamientos que, desde distintos escenarios públicos, puedan desinformar, descontextualizar o desacreditar las decisiones judiciales y a quienes las adoptan”, dio a conocer el tribunal.
Agregó que en una “democracia sólida, el control judicial de los actos del poder público constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y un mecanismo legítimo del equilibrio de poderes”.
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Para ese Tribunal las providencias judiciales representan una “expresión esencial del Estado Social de Derecho y constituyen una garantía de la democracia, la institucionalidad y la vigencia efectiva de la Constitución y la ley”.
Esa alta corporación destacó que las decisiones de los jueces “deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, dentro de un marco de respeto por la autonomía judicial”.
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Hicieron un llamado a las autoridades administrativas a ejercer sus expresiones y pronunciamientos con mesura, responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas.
“Resulta indispensable preservar un debate público respetuoso, sereno y constructivo, que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones y el compromiso común con una sociedad pacífica y democrática”, agregó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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