La fiscal Lucy Laborde, encargada del caso contra Nicolás Petro, denunció presiones indebidas de la Dirección de Lavado de Activos, liderada por Sandra Liliana Mesa. En una carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo, cuestiona la asignación de una fiscal de apoyo, lo que abre un nuevo frente de controversia dentro de la Fiscalía.
La carta enviada por la fiscal Lucy Laborde, encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, desató un nuevo escándalo en el ente acusador.
En el documento dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal, Gilberto Guerrero, Laborde denuncia presiones indebidas que —según ella— provendrían de la cúpula de la Fiscalía y, en particular, de la Dirección de Lavado de Activos.
La controversia comenzó cuando, en medio del anuncio de nuevos cargos contra Petro Burgos, le fue asignada una fiscal de apoyo sin que Laborde lo hubiera solicitado.
La fiscal calificó esa decisión como injustificada y ajena a sus necesidades de trabajo. También relató que fue convocada de manera intempestiva a reuniones con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción, en las que —dice— le pidieron detalles reservados de la investigación que ella lidera.
En su carta, Laborde menciona de forma reiterada a Sandra Liliana Mesa Agudelo, actual directora de Lavado de Activos, y le cuestiona actuaciones que considera irregulares: desde recibir directamente peticiones de la defensa de Nicolás Petro, hasta solicitar informes detallados sobre un caso cuya conducción, de acuerdo con la Constitución, corresponde exclusivamente al fiscal asignado.
Mesa es abogada de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Civil, Responsabilidad Contractual y del Estado en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Tiene más de 30 años de trayectoria en la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que ingresó en 1994 como técnico judicial en la unidad de automotores.
A lo largo de su carrera ha pasado por distintas áreas: fue fiscal local de patrimonio económico, de estafas y del Gaula, y se destacó en la investigación de casos de lavado de activos en Medellín. Ha trabajado de cerca con agencias internacionales, entre ellas el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), en operaciones contra las finanzas criminales.
En los últimos años, lideró estrategias de investigación contra delitos asociados al uso de criptomonedas y la cibercriminalidad, y se desempeñó como formadora en la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía en temas de delitos informáticos y criptoactivos.
Hoy, como directora de Lavado de Activos, Mesa ocupa un cargo clave en la estructura del ente acusador, pues su dependencia persigue las operaciones financieras que sustentan tanto a organizaciones criminales como a redes de corrupción.
La carta de Laborde deja en entredicho hasta dónde llegan las funciones de la dirección que lidera Mesa. La fiscal insiste en que ella es la única con potestad sobre la investigación contra Nicolás Petro, y se pregunta por qué la defensa del procesado tenía conocimiento anticipado de la designación de una fiscal de apoyo.
“El día jueves 18 de septiembre fui convocada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción, la cual fuera de haber sido sorpresiva, careció de información previa sobre el tema a tratar, y en la cual se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan”, aseguró Laborde.
En otro apartado, también aseguró que Mesa habría recibido dos derechos de petición por parte del abogado de Nicolás Petro solicitando que se aplace, de nuevo, la audiencia. Y es que, no es la primera vez que el abogado solicita esto sobre la fecha, un hecho que fue criticado por Laborde hace algunas semanas frente al defensor.
De hecho, le llamó la atención por no respetar las fechas y horarios de las audiencias, y le pidió más seriedad al respecto.
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En la carta que le envió a Camargo, Laborde se refirió a este tema: “Esta solicitud no fue comunicada al despacho, es decir, que la Fiscal titular no tuvo conocimiento de esta petición, ocultando la situación por todos quienes fueron destinatarios de éste, y más aún extrañamente se encuentra dirigido a la Fiscal de apoyo, designada por medio de la resolución del 8 de septiembre de 2025 quien omitió darle traslado a la Fiscal titular, como tampoco de la respuesta que se le dio a la defensa del señor PETRO BURGOS”.
Lo más preocupante, además, es que Laborde aseguró que de no haber preguntado expresamente, no habría tenido conocimiento de esta actuación. “Algo que desconoce mi rol institucional en el proceso”, finalizó en aquel punto de la misiva.
Mientras tanto, la fiscal general Camargo aún no se pronuncia sobre estas acusaciones, que llegan en un contexto de fuertes críticas a su gestión por la falta de rumbo institucional y sus prolongadas ausencias.
El caso Nicolás Petro, que ya compromete al hijo del presidente por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ahora tráfico de influencias, se convierte también en un examen para la independencia de la Fiscalía frente al poder político.
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