Serían los representantes legales de las empresas que hicieron parte del holding creado para darle tránsito y apariencia de legalidad a los dineros captados ilegalmente y de manera masiva.
Avanza en la Fiscalía la investigación por los movimientos ilegales de la captadora de dinero Daily Cop, vinculada al proceso relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente en 2022.
En este caso, la Fiscalía General acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón, por su posible participación en actividades de captación ilegal de dinero.
Los mencionados fueron acusados como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
El expediente establece que estas personas hicieron parte del grupo de empresarios que dio apariencia de legalidad a los dineros captados por el modelo ilegal de inversión en criptomonedas conocido como Daily Cop.
Sobre Adams Suárez se supo que sería el contador y revisor fiscal de varias de las compañías involucradas; mientras que Giraldo López estaría implicado en la promoción del esquema ilegal y la captación de recursos.
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En cuanto a Carolina Granada Hernández y Gloria Izquierdo López, figuran como representantes legales de las empresas que formaron parte del holding.
“Las evidencias obtenidas indican que este holding recurría a actos sociales y a influenciadores, a través de redes sociales y mediante comercios aliados, para atraer inversionistas en monedas virtuales, a cambio de supuestas rentabilidades del 0.5 diario y el 12% mensual”, detalló la Fiscalía.
El ente acusador reveló que estas personas presuntamente integraron una organización dedicada a la captación masiva de dinero a través de transacciones con criptomonedas, mediante la creación de al menos 15 empresas que no cumplían con su objeto social. Esto les habría permitido obtener un incremento patrimonial no justificado, otorgando apariencia de legalidad a las inversiones y negocios generados en dicha captación.
Añade que las víctimas confiaron sus ahorros, pero nunca recibieron los dividendos prometidos. En cambio, las empresas asociadas habrían utilizado los aportes para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama, de tal manera que incrementaron sus patrimonios injustificadamente.
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