La Fiscalía busca extinguir el dominio de propiedades ubicadas en Ibagué, Girardot y Melgar, entre ellas un centro comercial, discotecas y hoteles, propiedades que estarían ligadas al Bloque Tolima de las AUC.
La fortuna del cantante de boleros Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa, está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación. Bienes valorados en más de 25.000 millones de pesos fueron objeto de una solicitud de medidas cautelares con fines de extinción de dominio, por presunta relación con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los inmuebles y negocios investigados están ubicados en Girardot, Ibagué y Melgar. Entre ellos destaca el centro comercial El Oasis, en Girardot, donde funciona la discoteca más grande del municipio y un hotel con el mismo nombre.
Según registros públicos, el Hotel Oasis Boutique ofrece nueve habitaciones y está ubicado a pocos pasos de la catedral de Girardot y de la terminal de transporte. La Fiscalía sostiene que en ese lugar se habrían comprado al menos tres locales con recursos del grupo paramilitar y que allí, incluso, se administraban mesadas mensuales para familiares de excomandantes de las AUC.
A estos se suman las discotecas Kapachos y Solaris, ubicadas en la zona rosa de Ibagué. Según los testimonios recogidos por la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz, esos dos establecimientos también habrían sido adquiridos con dineros del Bloque Tolima y estarían a nombre del cantante como presunto testaferro del entonces comandante alias Daniel (Diego José Goyeneche).
La Fiscalía también tiene bajo la lupa propiedades hoteleras y otros locales comerciales en Girardot y Melgar, que formarían parte de un entramado más amplio de inversión y manejo de bienes con recursos presuntamente ilícitos. En las declaraciones de exparamilitares como Ricaurte Soria Ortiz, alias Fredy e Indalecio Sánchez, se asegura que Zaa habría figurado como propietario formal de bienes que en realidad eran de la organización paramilitar.
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Las medidas solicitadas por el ente acusador incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estos bienes. La entidad advierte que, si se comprueba su origen ilícito, podrían pasar a manos del Estado para reparar a las víctimas del conflicto armado.
Aunque Charlie Zaa ha defendido la legalidad de sus inversiones, argumentando que se financiaron con regalías de su carrera artística y que todo está a nombre suyo o de su familia desde hace décadas, la Fiscalía ha insistido en que no existen documentos que acrediten la construcción ni los registros financieros del centro comercial Oasis y otros inmuebles señalados.
Tampoco hay claridad sobre la propiedad horizontal de algunos predios ni sobre los costos de las obras.
“Hay ausencia de planos estructurales, escrituras de desenglobe y trazabilidad del dinero usado para levantar las edificaciones”, detalló un informe del ente acusador.
Mientras la investigación sigue su curso, el patrimonio que Zaa construyó al tiempo que reversionaba clásicos como Niégalo todo o Un disco más podría quedar en manos del Estado. La extinción de dominio, si se concreta, no solo pondría fin a un imperio inmobiliario, sino que marcaría uno de los casos más llamativos en los que una figura pública de la música queda vinculada a los escándalos del paramilitarismo.
