La relación entre Francia Márquez y Gustavo Petro parece que se rompió de manera definitiva. Las imágenes del 7 de agosto de 2022, cuando ambos unieron sus manos y las levantaron en señal de victoria, quedaron atrás. Ahora la vicepresidenta tendría que alistarse para dar explicaciones tras ser mencionada por Álvaro Leyva, excanciller, de tener supuestamente conocimiento de un supuesto plan para derrocar al jefe de Estado.
Los audios que comprometen a Márquez fueron revelados por el diario El País de España. En ellos, el excanciller Álvaro Leyva menciona que adelantó reuniones con varios congresistas republicanos de Estados Unidos para tratar de ejecutar un plan que terminaría con la expulsión de Gustavo Petro del poder.
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El maquiavélico plan, según los audios de Leyva, pretendía ser ejecutado en “no más de 20 días”, con “presión internacional” y con el apoyo de actores armados y no armados. En una de las conversaciones reveladas, el excanciller afirmó tener un canal de comunicación con Francia Márquez y sugirió que ella estaba al tanto de las maniobras: “Está jugada”.
Se sabe que Estados Unidos no compró el plan golpista y, por el contrario, hicieron llegar los audios a los organismos de inteligencia de Colombia. El presidente conoció las filtraciones antes de que salieran a la luz pública: llamó a Francia Márquez para pedir cuentas: ella negó cualquier participación. Petro le pidió salir a dar explicaciones públicas, ella se negó. La reunión terminó con los dos enfurecidos.
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La vicepresidente emitió un comunicado en el que negó cualquier participación en el plan golpista. Afirmó que respetaba la figura presidencial y le pidió a la fiscal, Luz Adriana Camargo, que adelante las investigaciones del caso.
“Considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido. Por lo tanto, le solicito respetuosamente que, sin demora, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo”, apuntó Márquez Mina.
El presidente, en esa misma línea, le pidió a los demás mencionados en los audios de Leyva acudir a dar aclaraciones ante la justicia. Este episodio del supuesto intento golpista resquebrajó, aún más, la golpeada relación entre el presidente y la vicepresidente.
El desencuentro que se hizo público
El pasado 4 de febrero al presidente Petro se le ocurrió televisar, por cadena nacional, sus Consejos de Ministros. Allí, varios miembros del gabinete aprovecharon para hacer públicas sus inconformidades con la cabeza del Gobierno. Márquez fue una de las voces que más retumbó en ese auditorio.
“Yo le aposté junto a usted (Petro) a un sueño de cambio y de transformación. Y no pasa un día en que no piense eso. Yo pienso en las angustias, en las preocupaciones y en el sufrimiento de la gente en este país”, dijo la vicepresidente.
En mayo pasado, durante un evento en el que se conmemoró la abolición de la esclavitud en Colombia, Márquez volvió a pronunciar su malestar: “No me han dejado gobernar”.
Es que cuando Francia Márquez aceptó ser la fórmula de Gustavo Petro en la campaña de 2022, prometió que trabajaría “en nombre de todas las mujeres que han enfrentado la guerra, la exclusión, la violencia y la desigualdad”. Esas banderas parece que se devolvieron como un boomerang y ahora juegan en su contra.
“Cuando pensaba llevar la inversión a los territorios, el presidente tomó una decisión y fue separarme del Ministerio de la Igualdad para poner a otra persona (Carlos Rosero)”, apuntó.
El Ministerio de la Igualdad fue una promesa que le hicieron a Márquez una vez el Pacto Histórico se hizo con el poder. La intención era que la vicepresidente asumiera funciones, más allá de ser el reemplazo natural de Petro.
A esa cartera le asignaron un presupuesto de 1,8 billones de pesos y un cupo para 744 cargos burocráticos. En noviembre del año pasado solo había ejecutado 40.000 millones de pesos: la mayoría del dinero se destinó a pagar sueldos y prestaciones sociales de los funcionarios. Tuvo una ejecución del 2,4%.
EL COLOMBIANO ya documentó que la purga en el MinIgualdad incluyó la expulsión de 30 funcionarios que Márquez había nombrado y que fueron cabezas en el diseño de esa cartera.
En todo caso, el legado del Ministerio de la Igualdad no irá más allá del 2026 porque la Corte Constitucional lo encontró inviable y lleno de errores procedimentales durante su discusión en el Congreso. El Gobierno todavía no ha presentado un proyecto ante el Congreso para subsanar los errores.
La elección de Francia Márquez en las urnas le garantizan su permanencia en el cargo de vicepresidenta, a diferencia de los ministros que son de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, varias voces al interior del petrismo empezaron a pedirle que se aparte de sus funciones.
“Lo que reveló el periodista de El País en su investigación es demasiado grave como para levantar los hombros, dar la espalda y darnos lecciones de dignidad mientras se calla ante alguien quien la involucraba en un plan macabro que amenazaba de la manera más infame nuestra democracia”, señaló Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.
La vicepresidente está borrada: dejó de ser vista en eventos públicos junto al presidente. Ella mismo, incluso, puso en duda la eficacia de las movilizaciones que convocó el jefe de Estado hace unas semanas, por ejemplo, para rechzar el hundimiento de la consulta popular en el Senado.
La crisis de seguridad en el Cauca
El departamento del Cauca, lugar de nacimiento de la vicepresidente, ha sido el epicentro de la confrontación del Estado con las disidencias de alias Iván Mordisco y otros actores armados que intentan hacerse al control del territorio y de los cultivos ilícitos.
Solo el pasado 10 de junio, durante cinco horas, las disidencias desataron pánico con 24 atentados que dejaron ocho muertos y 62 heridos en Cauca y Valle del Cauca.
En Colombia hay 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, y solo en el Cauca se concentran 31.844 hectáreas de estos cultivos ilícitos (12,5%). El clúster de la ilegalidad se completa con las rutas que facilitan la salida al océano Pacífico para exportar los narcóticos y con las empresas para el lavado de activos en el Valle.
A la vicepresidente, por ejemplo, le ha tocado ser testigo del recrudecimiento del conflicto en su municipio de Suárez.
El 31 de julio de 2023 un cilindro bomba destruyó la Escuela Técnica Agrícola, recinto donde la funcionaria alcanzó a recibir clases del bachillerato. En mayo del año pasado, un grupo de 350 personas estuvieron confinadas varios días en una iglesia de Suárez por cuenta de los enfrentamientos entre armados. Un mes después, la camioneta que transportaba a Sigifredo Márquez Trujillo –su papá– fue atacada por los disidentes mientras se transportaba por vías que comunican a Cauca con el Valle.
“A mí me duele que mi gente me diga que estaban mejor antes de que yo llegara al Gobierno que ahora”, había dicho Márquez ante la impotencia de incumplirle a la gente de su territorio.
