Indicó que se activaron de manera inmediata todas las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, incluyendo componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.
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Sánchez enfatizó que la Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos. Colombia no retrocederá ante la criminalidad”, afirmó.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a la ubicación de los candidatos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren.
Las autoridades habilitaron las líneas 107 y 157, así como los números de los GAULA 147 y 165, para recibir datos que puedan ser clave en la búsqueda.
La activación de estos protocolos se da en medio de un creciente clima de preocupación por la seguridad de candidatos en varias regiones del país, en plena recta final del proceso electoral.
¿Qué está pasando con los candidatos en Colombia?
La desaparición de Guetio y Vásquez se da en un contexto de creciente riesgo electoral.
Días antes, la senadora Aída Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue víctima de un intento de secuestro en la vía entre Inzá y Totoró (Cauca), donde permaneció retenida junto a su esquema de seguridad hasta que la presión de la Guardia Indígena logró su liberación.
Estos hechos se suman al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y al atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en su más reciente alerta temprana que los aspirantes a curules de paz en territorios Citrep enfrentan riesgos especiales por la presencia de grupos armados ilegales y la débil presencia institucional.
Mientras avanzan las horas sin noticias de Ana Libia Guetio, organizaciones sociales y sectores políticos reiteran el llamado a garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en el proceso democrático.
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