En la recta final del actual cuatrienio, distintas entidades del Gobierno Petro avanzan en una intensa agenda contractual que busca dejar firmados proyectos con vigencias que, en algunos casos, se extenderían hasta 2029. Según la investigación de El Tiempo, la dimensión de esos procesos supera los $3 billones y limitaría el margen de maniobra del próximo gobierno para revisar, modificar o replantear contratos ya adjudicados.
El diario documentó que la aceleración de la contratación no se concentra en una sola entidad, sino que involucra ministerios, fondos, empresas estatales y agencias nacionales, en medio de crecientes cuestionamientos por parte de organismos de control, expertos y el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
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Uno de los focos de preocupación está en tres licitaciones para servicios de vigilancia y seguridad. La primera corresponde a un contrato de $78.000 millones de la Aeronáutica Civil para la seguridad de los aeropuertos del país, proceso que ha sido cuestionado por supuestos pliegos de condiciones diseñados a la medida de determinados oferentes. A esta se suma una licitación de la Superintendencia de Notariado y Registro por $76.000 millones, posteriormente clausurada, y otra de la Unidad para las Víctimas por $26.000 millones para la prestación del mismo servicio hasta diciembre de este año.
Sin embargo, esas contrataciones representan apenas una fracción del universo identificado por la investigación. Entre los procesos de mayor valor figura una licitación del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), adscrito al Ministerio de Minas y Energía, por $165.000 millones para desarrollar sistemas solares fotovoltaicos dentro del programa “Colombia Solar”.
Sobre ese contrato, El Tiempo conoció una denuncia presentada ante los organismos de control en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en el diseño del proceso. Según la queja, se habrían incorporado criterios subjetivos que favorecerían a determinados proponentes mediante pliegos “tipo sastre”, además de un posible direccionamiento y un cronograma que afectaría la libre competencia.
El principal cuestionamiento recae sobre el denominado “cupo de crédito”. De acuerdo con la investigación, inicialmente los conceptos jurídicos y técnicos de Fenoge indicaban que ese requisito no podía otorgar puntaje por considerarse contrario a la normativa. No obstante, posteriormente el director ejecutivo de la entidad, Brayan Giraldo Ruiz, habría expedido una adenda que convirtió ese criterio en un factor de calificación equivalente a cinco puntos dentro de la evaluación de las ofertas.
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Las alertas también alcanzan al Fondo Nacional de Turismo (Fontur). El equipo de empalme del gobierno entrante solicitó información detallada sobre la contratación adelantada entre 2022 y 2026 para verificar posibles anomalías relacionadas con una aparente concentración de contratos en tres grupos empresariales, presuntas irregularidades en la conformación de uniones temporales y una aceleración en la aprobación de proyectos de infraestructura durante la transición presidencial.
Otra contratación que llamó la atención del diario involucra a Colpensiones. Según el cronograma oficial consultado por El Tiempo, la entidad tiene previsto firmar el 6 de agosto, apenas un día antes de la posesión presidencial, un contrato de interventoría por $15.462 millones para supervisar la migración del centro de datos de la administradora pública de pensiones.
Ese contrato está ligado a un proyecto principal valorado en $223.000 millones y tendría una ejecución hasta diciembre de 2029. La investigación identificó como interesado en el proceso a la Unión Temporal Gestión Integral Centros de Datos 2025, integrada por The IT Experts SAS, Rit Enterprise Solutions SAS e IOGestión SAS, compañías que, según expedientes contractuales conocidos por el periódico, han contratado anteriormente con entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
La contratación tecnológica también aparece en Colombia Compra Eficiente, entidad que adelanta una licitación por $300.000 millones para estructurar un acuerdo marco de precios destinado a la adquisición de servicios de ciberseguridad para entidades estatales en todo el país.
Aunque la firma del contrato está prevista para octubre, las alertas conocidas señalan posibles acuerdos entre oferentes y un eventual favorecimiento hacia un fabricante específico, aspectos que ya fueron puestos en conocimiento de los entes de control.
La lista continúa con un proceso de Fiduprevisora por $33.000 millones destinado al alquiler de computadores y equipos portátiles durante los próximos tres años. En este caso, los organismos de vigilancia habían advertido inconsistencias en los indicadores financieros y en los estudios de mercado, aunque un concepto jurídico elaborado por el exmagistrado Rubén Darío Henao, revelado por el diario, podría destrabar la adjudicación.
Además, la Aerocivil vuelve a aparecer en el panorama con otro contrato bajo observación. Se trata de un proceso de gestión documental cuyo presupuesto pasó de aproximadamente $400 millones a más de $12.000 millones y que derivó en la renuncia de una funcionaria que denunció presiones durante el trámite.
En materia de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) también concentra parte de las controversias. El Tiempo informó sobre un contrato por $78.000 millones para la provisión e implementación de personal de protección que generó protestas entre los escoltas de la entidad y cuestionamientos por un presunto direccionamiento del proceso.
La licitación coincide con la expedición de dos decretos que modifican los requisitos para ingresar como escolta y crean más de 6.000 nuevos cargos. De ellos, 1.170 corresponden a plazas que ya existían de manera temporal y pasarían a ser permanentes, mientras que cerca de 5.700 son nuevos empleos..
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El Ministerio de la Igualdad, que se encuentra en proceso de liquidación tras la decisión de la Corte Constitucional, tampoco escapa a las observaciones. Según la investigación, esa cartera impulsa contrataciones superiores a $68.000 millones a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), pese a encontrarse en la fase final de su existencia institucional.
Entre los contratos de mayor cuantía aparecen además los procesos de mantenimiento y paradas de planta de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, liderados por Ecopetrol, cuyo valor supera los 700 millones de dólares, equivalentes a cerca de $2,25 billones. La petrolera decidió suspender temporalmente esas contrataciones después de denuncias relacionadas con un presunto pago de sobornos.
A ello se suma otro contrato asociado al Proyecto Línea Base Calidad de Combustibles, valorado en más de 12 millones de dólares, que también enfrenta cuestionamientos por un supuesto direccionamiento.
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De acuerdo con los cálculos publicados por El Tiempo, solo los contratos relacionados con Ecopetrol representan la mayor parte del monto total analizado. El resto de procesos identificados suma alrededor de $1,1 billones adicionales, aunque el periódico advierte que la cifra global podría ser incluso superior.
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El equipo de empalme del presidente electo también manifestó preocupación por una decisión presupuestal del Gobierno saliente que contempla el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recursos que estarían destinados a atender el fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar. Esa operación también será objeto de revisión durante el proceso de transición.
Las inquietudes sobre la contratación estatal coinciden con un refuerzo en la vigilancia institucional. La Contraloría General y la Procuraduría anunciaron un seguimiento especial a los procesos que se adelantan durante las últimas semanas del actual gobierno, mientras aumentan las denuncias por posibles irregularidades.
El panorama también fue analizado por Transparencia por Colombia. Citado por El Tiempo, un informe de esa organización señala que entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026 las entidades públicas suscribieron 43.092 contratos por un valor de $7,67 billones. De ese total, las entidades del Gobierno Nacional concentraron cerca de $3,4 billones, equivalentes al 45 % de los recursos comprometidos durante ese periodo.
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El mismo reporte indica que dos de cada tres contratos fueron celebrados mediante contratación directa y que el 96 % de esas adjudicaciones correspondió a contratos de prestación de servicios para la vinculación de personal.
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