El asesinato de seis militares en Guaviare, a manos de disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, refleja la crítica situación de orden público que atraviesa el país. La promesa de cambio y de un país en paz sigue siendo un desafío, cada vez más lejano y desdibujado.
Pese a los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por sentar a los grupos armados en mesas de diálogo y ofrecer garantías para su desarme, la violencia se expande, tanto en territorios acostumbrados a la guerra como en otros donde las explosiones y combates irrumpen como una mortal novedad.
Aunque el ambiente de inseguridad parece generalizado en el territorio nacional, existen zonas particularmente críticas donde la presencia de grupos como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, entre otros, siembran el terror, desplazan a miles de familias y desafían al Estado.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo alertó que en 790 municipios del país hay presencia de actores armados ilegales, un dato que evidencia el alto riesgo que enfrenta la población civil.
Estas advertencias también reflejan la expansión y fragmentación de estructuras como el Clan del Golfo en el norte del país, fenómeno que complica aún más el control territorial y la respuesta institucional.
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Hoy, los principales focos de guerra se concentran en departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Guaviare, Nariño, Putumayo, y en subregiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.
Según la Defensoría, aunque en algunos departamentos solo opere un grupo armado —como en Guaviare, donde actúan las disidencias de las Farc-EP lideradas por ‘Iván Mordisco’—, las violaciones a los derechos humanos son significativas, con imposiciones de normas de control social, restricciones a la movilidad y “cercos humanitarios”, lo que expone a la población a riesgos permanentes y limita gravemente la acción de la fuerza pública.
Una de las situaciones más críticas las viene padeciendo la región del Catatumbo. La guerra por el control territorial entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc provocó la peor crisis humanitaria que se ha vivido en esa subregión en los últimos 15 años: los muertos se cuentan por decenas -subregistros hablan de más de cien- y ya ocasionó el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas.
En el departamento del Guaviare ya estalló la disputa que estaba advertida entre los disidentes de “Calarcá” e “Iván Mordisco”. Mientras el Gobierno concentraba sus esfuerzos en la crisis del Catatumbo, los bandos disidentes sostenían una confrontación en el municipio de Calamar (Guaviare) que dejó 20 muertos y un número indeterminado de heridos.
La Defensoría del Pueblo ya advirtió que esa disputa puede llevar a que se cometa el reclutamiento de niños, confinamientos, desplazamiento forzado y homicidios de líderes comunitarios. Las alertas están encendidas en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta y Guaviare.
En los municipios del norte del Cauca, el ELN y las disidencias de “Iván Mordisco” sostienen combates permanentes, dejando confinadas a las comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Corinto, Toribío y Caldono.
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En Arauca, que se pensó iba a ser incluido en el decreto de conmoción interior, se han registrado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN.
En este departamento, el ELN también la emprendió contra los firmantes de paz.
En Chocó hay tensión por la posibilidad de que se desaten enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y el Clan del Golfo. Durante 2024 hubo dos paros armados que generaron el confinamiento de 45.000 personas.
