La disputa judicial entre la periodista Lina Marcela Castillo Nisperuza y Hollman Morris, originada en las denuncias que la comunicadora formuló en 2019 por presuntos hechos de acoso sexual y laboral, acaba de llegar a uno de los escenarios más importantes de la justicia colombiana.
La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela que Castillo presentó contra la Fiscalía y el expediente quedó en manos del despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade.
El caso adquiere una particular relevancia por el perfil del magistrado al que le correspondió el expediente.
Fernández fue secretario jurídico de Gustavo Petro durante su paso por la Presidencia y posteriormente llegó a la Corte Constitucional con el aval de sectores cercanos al Gobierno.
Lea también: Precluyen denuncia de Hollman Morris en contra de Lina Castillo, quien lo había denunciado por acoso: “el escrache no es delito”
Su trayectoria en la Casa de Nariño lo convirtió en una de las figuras de la actual Corte cuya cercanía con el petrismo ha sido objeto de cuestionamientos y debate político.
La tutela fue seleccionada en la última Sala de Selección, integrada en ese momento por las magistradas Paola Meneses y Natalia Ángel Cabo, presidenta y vicepresidenta de la Corte Constitucional, respectivamente.
Según la información conocida sobre el expediente, la selección obedeció a un posible “desconocimiento del precedente constitucional”.
Una vez escogido el caso, el expediente fue repartido a la Sala Sexta de Revisión, presidida por Vladimir Fernández Andrade, quien deberá estudiar la acción presentada contra la Fiscalía.
Lea aquí: Benedetti, Hollman, Lizcano y Flórez: el lastre por denuncias de presunto acoso sexual y violencia de género en la entraña del petrismo
Un proceso que comenzó con las denuncias contra Morris
La historia judicial se remonta a enero de 2019, cuando Castillo hizo públicas sus acusaciones contra Morris, quien entonces era concejal de Bogotá.
La periodista aseguró que había sido víctima de comportamientos que consideró inapropiados y denunció presuntos hechos de acoso sexual y laboral ocurridos en el entorno político en el que trabajaba.
Morris negó las acusaciones y posteriormente acudió a la justicia al considerar que las declaraciones de Castillo podían constituir injuria y calumnia.
El proceso llegó al Juzgado 86 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.
Le puede interesar: Día de la Mujer: las mujeres reciben un 28% menos de pensión que los hombres, una persistente brecha de género en Colombia
El 29 de julio de 2026, ese despacho decidió precluir el componente relacionado con las afirmaciones de Castillo sobre los presuntos episodios de acoso sexual y laboral.
La decisión judicial consideró que esas manifestaciones estaban relacionadas con denuncias de posibles violencias basadas en género y que hacían parte del ejercicio de la libertad de expresión y de denuncia pública.
Sin embargo, la determinación no cerró completamente el proceso.
Lea además: Aliados y cifras dejan al descubierto “feminismo” oportunista de Petro
El juzgado mantuvo separado otro componente relacionado con una afirmación de Castillo sobre un supuesto atropellamiento que, de acuerdo con su relato, le habría provocado 15 días de incapacidad.
Sobre ese punto, la jueza consideró que todavía no existían elementos suficientes para adoptar una decisión definitiva.
Castillo aseguró haber sido perseguida después de denunciar Durante la audiencia en la que se conoció la decisión judicial, Castillo habló sobre las consecuencias que, según su testimonio, enfrentó después de hacer públicas sus denuncias.
La comunicadora afirmó que durante años fue víctima de ataques en redes sociales, amenazas y persecuciones.
Lea también: Condenan a más de 45 años de cárcel a Andrés Gustavo Ricci por feminicidio de Luz Mery Tristán
También sostuvo que tuvo que afrontar el proceso sin esquema de protección y sin estabilidad laboral.
“Ha sido muy revictimizante hoy escuchar al señor Hollman Morris, sobre todo la forma de referirse hacia mí”, manifestó durante la diligencia.
Castillo también señaló a familiares y allegados de Morris de participar, según su relato, en cuestionamientos y ataques en redes sociales, incluso mediante la utilización de fotografías personales.
La periodista sostuvo además que había enfrentado episodios de presión y extorsión en Choachí, Cundinamarca, y cuestionó el supuesto uso de recursos públicos para respaldar la imagen de Morris.
Le puede interesar: Nueva ley que suprime todos los beneficios a feminicidas en Colombia pasó a sanción presidencial
En medio de sus declaraciones, Castillo aseguró que la situación tuvo consecuencias sobre su vida laboral y afirmó que, desde que formuló las denuncias, no había recibido contratos en el sector público.
El papel de la Fiscalía
Mientras avanzaba el proceso penal, la Fiscalía decidió modificar la forma en que se analizaba el expediente.
Mediante la resolución No. 0-0061 del 23 de marzo de 2026, el organismo trasladó la investigación a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el caso fuera estudiado bajo un enfoque especializado en violencia basada en género.
La Fiscalía explicó que la decisión buscaba garantizar una valoración integral del expediente y aplicar estándares reforzados de atención a posibles víctimas.
De esta manera, la investigación no debía limitarse a la denuncia por injuria y calumnia presentada por Morris, sino que también debía considerar el contexto de las acusaciones originales de Castillo.
El traslado se produjo después de que organizaciones sociales, periodistas y un colectivo de más de 100 mujeres reclamaran una revisión del caso que tuviera en cuenta las denuncias iniciales de la comunicadora.
Lea también: Por falta de quorum, 11 proyectos de ley a favor de las mujeres no se discutieron en la Cámara: piden repetir la jornada
¿Quién es el magistrado Vladimir Fernández?
El elemento que ha generado mayor atención alrededor de la tutela es el magistrado que tendrá a su cargo la revisión. Vladimir Fernández Andrade llegó a la Corte Constitucional después de haber ocupado la Secretaría Jurídica de la Presidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Su paso por la Casa de Nariño lo ubicó dentro del círculo jurídico más cercano al entonces presidente y posteriormente fue elegido magistrado del alto tribunal con el respaldo político del Gobierno.
Por esa trayectoria, Fernández ha sido identificado públicamente como un magistrado cercano al petrismo, una circunstancia que ha generado críticas y suspicacias entre sectores de oposición y algunos actores políticos.
Su nombre también ha aparecido en debates relacionados con diferentes controversias de la administración Petro.
Dentro de la propia Corte, incluso ha sido objeto de cuestionamientos por su presunta cercanía con el anterior Gobierno, aunque esas referencias hacen parte del debate político y no constituyen por sí mismas una decisión judicial sobre su actuación en este expediente.
Lea también: Exclusivo | Así están armando un sindicato en RTVC para dejar “atornillados” a contratistas en el nuevo gobierno
Ahora será su despacho el encargado de estudiar la tutela de Castillo contra la Fiscalía, en un caso que involucra directamente a uno de los dirigentes políticos más cercanos al petrismo.
La selección de la tutela no significa que la Corte Constitucional haya fallado a favor de Castillo ni que haya establecido alguna responsabilidad de Morris o de la Fiscalía.
Por ahora, el alto tribunal únicamente decidió revisar el expediente.
La Sala Sexta de Revisión deberá estudiar los argumentos de la accionante, las actuaciones de la Fiscalía y los precedentes constitucionales relacionados con el caso antes de adoptar una decisión.
La circunstancia adquiere especial interés porque la tutela fue seleccionada precisamente por un posible “desconocimiento del precedente constitucional”, según la información divulgada sobre el proceso.
Le puede interesar: Campaña Petro: Benedetti asegura que guardará silencio tras ser citado a declarar en la Comisión de Acusación
El expediente llega así a una instancia definitiva de la jurisdicción constitucional, mientras el proceso penal que enfrentó Castillo por las acusaciones de injuria y calumnia ya tuvo una decisión favorable en el componente relacionado con sus denuncias de presunto acoso sexual y laboral.
La próxima palabra estará, entonces, en la Corte Constitucional y, en particular, en la Sala Sexta de Revisión que preside Vladimir Fernández Andrade.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué pasó con la tutela de Lina Marcela Castillo contra la Fiscalía?
- La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela presentada por Lina Marcela Castillo contra la Fiscalía y asignó el expediente a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado Vladimir Fernández Andrade. La Corte todavía no ha decidido el fondo del caso.
- ¿Por qué la Corte Constitucional seleccionó la tutela de Lina Marcela Castillo?
- La tutela fue seleccionada por un posible “desconocimiento del precedente constitucional”. La Corte deberá revisar si las actuaciones cuestionadas por Castillo vulneraron sus derechos fundamentales y analizar la actuación de la Fiscalía dentro del proceso relacionado con sus denuncias contra Hollman Morris.
- ¿Qué sigue después de que la Corte Constitucional seleccionó la tutela de Lina Marcela Castillo?
- El despacho de Vladimir Fernández deberá estudiar el expediente, los argumentos de Castillo, las actuaciones de la Fiscalía y los precedentes constitucionales aplicables. Después, la Sala Sexta de Revisión decidirá si concede o niega la protección de los derechos invocados.
- ¿Quién es Vladimir Fernández y por qué su participación genera interés en el caso de Lina Marcela Castillo?
- Vladimir Fernández Andrade es magistrado de la Corte Constitucional y fue secretario jurídico de Gustavo Petro. Su trayectoria en el Gobierno anterior ha generado debate político sobre su cercanía al petrismo. Esa circunstancia no determina por sí misma el resultado de la tutela.
Regístrate al newsletter