Hay quienes dicen que Iván Cepeda ya llegó a su techo electoral, que vendría siendo alrededor de 35% de la intención de voto, según las encuestas más recientes (ver nota anexa). Otros, como el profesor y abogado Mauricio Gaona en diálogo con este periódico, señalan que el candidato del Pacto Histórico va creciendo cada vez más y es el líder indiscutido de las presidenciales.
Si bien la foto indica que Cepeda lidera, lo cierto es que la candidata Paloma Valencia ha tenido un crecimiento exponencial sin techo a la vista. Según la encuesta del CNC publicada hace una semana, pasó del 4% al 22% y superó a Abelardo de la Espriella, quien parece no crecer más.
En la encuesta de Guaruamo y Ecoanalítica publicada por El Tiempo este fin de semana, Cepeda crece ligeramente al 37.5% y le siguen, prácticamente empatados, De la Espriella con 20.2% y Paloma con 19.9%.
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Sin embargo, las razones de la consolidación de Cepeda en el primer lugar son varias. El apoyo del Ejecutivo no es gratuito. El candidato de izquierda completa más de 80 “tarimazos” en los que, inevitablemente, sale a relucir el nombre de Gustavo Petro y es una plataforma sobre la cual se beneficia pues capitaliza algunas apuestas del Ejecutivo como propias.
Otra razón para permanecer en el primer lugar, señalan sus críticos, es que Cepeda ha preferido mantener un perfil reservado mediáticamente desde que es candidato presidencial. Su espectro ideológico se reduce a la izquierda con escasos puentes hacia el centro político, quizá solo uno hasta ahora que es la alianza con el exministro Juan Fernando Cristo.
Cepeda concede muy pocas entrevistas, no acude a debates o foros, y evade cuestionamientos sobre temas que sabe que lo pueden debilitar políticamente, como es obvio en cualquier candidato. Pero en su caso particular, hay por lo menos cinco grandes temas que lo interpelan porque son herencia del actual Gobierno o porque tienen que ver con su pasado.
En una entrevista reciente con el periodista Daniel Coronell para su canal de YouTube, Cepeda hizo algunas afirmaciones que no fueron contrastadas y que generaron polémica en redes sociales. En EL COLOMBIANO chequeamos una por una.
Constituyente, ¿sí o no?
Un punto que separa a Cepeda de todos los demás candidatos punteros en las encuestas es que él es el único que no ha rechazado la idea de una Constituyente, ambientada por el Gobierno Petro, que ya está recogiendo firmas para presentar ante el Congreso el 20 de julio el proyecto. Ese proyecto, en su borrador, incluye riesgos, según expertos de diversas orillas, como modificar la autonomía del Banco de la República y abrir un boquete de leyes que podrían cambiar la esencia de la Constitución de 1991.
“Lo de Miguel Uribe fue un crimen de guerra”
Cepeda calificó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay como un hecho “absolutamente execrable. Es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra”.
Esta última parte de su declaración fue lo que generó polémica en redes. Formalmente, un crimen de guerra ocurre en el contexto de un conflicto armado vinculado a operaciones militares o enfrentamientos armados. Aún si los responsables hayan sido las disidencias de las Farc, el crimen de Uribe Turbay fue penalmente un homicidio que, por su relevancia política al ser uno de los líderes de la oposición, se convirtió un magnicidio.
La idea de calificar el crimen como un de guerra guarda tácitamente el ánimo de que Uribe era lo que llaman en la guerra un “blanco legítimo”. Pero militarmente no es así por una sencilla razón: el senador y precandidato presidencial asesinado no era un actor armado, todo lo contrario.
Se ha probado que el Estado, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cometió fallas en los protocolos para su protección por la falta de asignación de escoltas y de medidas de seguridad, a pesar de la insistencia de las solicitudes. Este fin de semana, de hecho, se conoció otro documento en donde Miguel Uribe pidió reforzar su seguridad pocos días antes del atentado el 7 de junio.
El “arquitecto” de la paz total
A Cepeda se le calificó hace cuatro años como el “arquitecto” de la paz total. Actualmente, ya que ha salido mal, el candidato ha evadido los cuestionamientos.
A tres años y medio de implementación, los indicadores de seguridad muestran un deterioro en varios frentes: Colombia superó los 40.000 homicidios en los últimos tres años, con repuntes significativos en regiones como Norte de Santander (+33,8%); mientras tanto, los grupos armados no solo no se han reducido, sino que aumentaron en número y fuerza en un 23%, alcanzando cerca de 27.000 combatientes.
La fragmentación del conflicto también se ha intensificado: en 2025 se registraron al menos 193 enfrentamientos entre grupos armados, y los ataques con drones crecieron más de 50% (de 101 a 153), evidenciando una sofisticación de la violencia.
A esto se suma el impacto humanitario: solo en 2025 se documentaron 78 masacres con 256 víctimas, y en los primeros meses de 2026 ya iban 21 masacres con 91 víctimas. Incluso en procesos clave, como el diálogo con el ELN del que hizo parte Cepeda, la violencia alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, con 471 eventos violentos en 2025 (+86%).
Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que los ceses al fuego —pieza central de la política— han sido incumplidos o mal verificados, lo que ha permitido a los grupos armados fortalecerse territorialmente.
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Desde esta perspectiva, los críticos sostienen que la apuesta ideológica de negociar simultáneamente con múltiples actores —defendida por Cepeda— terminó generando dispersión institucional, incentivos perversos y pérdida de control territorial, sin traducirse en desmovilizaciones masivas ni reducción sostenida de la violencia.
Respaldo a Chávez, Maduro y los Castro
En sus redes sociales, Cepeda no ha ocultado su cercanía política e ideológica con las dictaduras de Cuba y Venezuela. En concreto, ha intentado reivindicar la figura de Fidel Castro, Hugo Chávez y más reciente del dictador capturado Nicolás Maduro.
Al ser cuestionado por este tema en la entrevista con Coronell, el candidato del Pacto dijo: “Cuba es un país que tiene un régimen político (...) algunos pueden calificarla como dictadura. Diría que en algunos aspectos han sido un gobierno que se han eregido sobre un concepto que es la dictadura del proletariado, el régimen de un partido. Pero también (Cuba) es un país que ha hecho una enorme contribución a la paz en Colombia”.
Cepeda también evadió la pregunta sobre si es comunista. Dijo que militó en el pasado en el Partido Comunista por influencia de su familia, pero que hoy en ha sido un congresista en defensa de los Derechos Humanos. Para defenderlo, algunos petristas decían que el comunismo no tenía puntos en común con el facismo, lo que fue desmentido por varios historiadores.
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Más allá de su ideología, lo que le critican a Cepeda es doble rasero para ser vehemente en condenar la violación de Derechos Humanos en regímenes de derecha, pero no de izquierda, que en lo que se diferencian es en el apellido porque terminan acudiendo a las mismas prácticas.
Cercanía con Santrich e Iván Márquez
Un frente persistente de crítica contra el senador y candidato Cepeda apunta a su cercanía política y a sus canales de interlocución con exdirigentes de las FARC como Iván Márquez y el fallecido Jesús Santrich, particularmente antes y después de la firma del acuerdo de 2016.
Sus detractores reconocen que Cepeda actuó como puente en momentos clave del proceso, pero sostienen que esa proximidad terminó teniendo costos políticos cuando ambos comandantes abandonaron el acuerdo y anunciaron su rearme en 2019.
Ese episodio creó a las disidencias de la “Segunda Marquetalia”, que según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz hace parte de las más de 20 estructuras armadas ilegales activas y contribuye a un fenómeno que hoy ronda los 27.000 hombres en armas en el país.
Los hechos posteriores alimentan ese cuestionamiento: el rearme de Márquez y Santrich no solo fracturó la narrativa de irreversibilidad del proceso, sino que coincidió con un aumento de las disputas armadas (cerca de 193 enfrentamientos entre grupos en 2025) y con la expansión de economías ilegales en zonas históricamente controladas por esa guerrilla.
A ello se suma el deterioro de indicadores humanitarios: decenas de masacres anuales (78 en 2025, con más de 250 víctimas) y la persistencia de asesinatos de líderes sociales, fenómenos que en varias regiones están asociados a la recomposición de estructuras disidentes.
Para los críticos, la cercanía de Cepeda con estos excomandantes terminó afectando la credibilidad de su apuesta por la negociación.
En ese sentido, argumentan que su papel no solo fue el de facilitador, sino también el de garante político de una interlocución que fracasó en asegurar la permanencia de figuras clave en la legalidad, lo que hoy pesa sobre el balance tanto del acuerdo de 2016 como de las estrategias posteriores de negociación con disidencias.
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