Una extensa reunión entre integrantes de la coalición de gobierno antecedió este martes la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). La votación, que terminó sobre las 11 de la noche, se llevó a cabo con tres planchas y no con dos como estaba previsto: la del gobierno, la de la oposición y la de Cambio Radical, que no habría logrado acuerdos con la coalición de gobierno en esta ocasión.
Los próximos magistrados serán la exsuperintendente Cielo Rusinque y la exfuncionaria de la ANT Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico —esta última cercana al exdirector de la entidad, Felipe Harman—; Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático, cofundadora de esa colectividad, exdirectora del partido y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez; Silvio Carrasquilla (liberal), exrepresentante; Juan Carlos Wills, también exrepresentante, del Partido Conservador; el exparlamentario Juan Felipe Lemos, de La U.; y Plinio Alarcón (Mira)
Los dos puestos restantes se disputaron hasta último minuto: resultaron electos como magistrados Jose Antonio Parra de Salvación Nacional y Gersel Pérez, de Cambio Radical. Mientras que el exembajador Guillermo Rivera se quedó por fuera, lo que resultó ser un golpe para la oposición que creía tener los apoyos para una tercera curul.
En principio, estaban previstas dos planchas: una de la oposición y otra integrada por los demás partidos. Pero dentro de esta última había una disputa por el orden de los candidatos. Si la oposición lograba quedarse con tres de los nueve puestos, el último candidato de la otra plancha tendría pocas posibilidades de alcanzar una silla. Al final se presentaron tres planchas.
Cabe señalar que el Pacto Histórico se alió con En Marcha y con la AICO para sumar sus remanentes y alcanzar una silla adicional. El nombre que llevaron para ese tercer cupo es el del exembajador en Brasil Guillermo Rivera. Pero no le alcanzó, quedó por fuera.
“El Dr. Rivera es un perfil que logra consensos”, dijo Rusinque a este diario. Y dio a entender que tendría el mismo espíritu con las decisiones del nuevo CNE, aunque la mayoría de magistrados serían aliados del Gobierno.
Además, se conoció que el expresidente Gustavo Petro, durante una reunión privada, no habría respaldado al exrepresentante Alirio Uribe —cercano a Iván Cepeda— como uno de los candidatos del Pacto para integrar el CNE por no apoyar su teoría de fraude electoral. En su lugar, la colectividad propondría a la exsuperintendente Cielo Rusinque y a Ana Jimena Bautista.
La disputa no es solamente por los nombres que llegarán al CNE. Para el Gobierno, tener una mayoría en la corporación puede ser estratégico de cara a las decisiones electorales y políticas que se tomarán durante los próximos cuatro años.
El cálculo tiene una mirada puesta en las elecciones locales de 2027. Y es que desde el nuevo partido con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, Defensores de la Patria, buscarían una unión con el Movimiento Salvación Nacional, como lo planteó Enrique Gómez, senador y líder de esa colectividad en entrevista con este periódico. Y el veredicto final al respecto lo dará el CNE.
Si bien esa autoridad electoral no organiza directamente las elecciones, sí tiene a su cargo vigilar y controlar la actividad de los partidos y movimientos políticos, así como el cumplimiento de las reglas electorales. Entre sus funciones está revisar la financiación de las campañas, investigar posibles irregularidades en el manejo de los recursos y sancionar a las organizaciones políticas cuando corresponda.
El CNE también cumple un papel determinante después de las votaciones: realiza el escrutinio general de las elecciones nacionales y declara oficialmente sus resultados. Además de decidir sobre la personería jurídica de los partidos y movimientos, también decide en lo administrativo sobre las curules; aunque las nulidades electorales, por ejemplo, las decide finalmente el Concejo de Estado.
Sin embargo, es una entidad que no ha estado exenta de cuestionamientos por su corte político.
Un ejemplo claro del poder del CNE es el caso de la campaña Petro Presidente 2022. El organismo investigó las cuentas de la campaña por presuntas irregularidades en la financiación y la posible violación de los topes de gastos. En 2024, el CNE abrió formalmente la investigación y formuló cargos por superar los límites establecidos en primera y segunda vuelta.
El proceso terminó con una decisión en noviembre de 2025, cuando, por 6 votos contra 3, encontró responsables y sancionó a Ricardo Roa, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora, quienes fueron declarados responsables de las irregularidades y quedaron sujetos a multas que, en conjunto, rondaron los $5.922 millones. De hecho, el organismo remitió copias a la Fiscalía para que investigara a Ricardo Roa, proceso que está en curso.
Además, el CNE sancionó a Colombia Humana y a la Unión Patriótica (UP), partidos que avalaron la candidatura de Petro, con multas por las irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña.
Petro, por su fuero presidencial, no fue sancionado directamente por el CNE, y el componente relacionado con su responsabilidad fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara.
En las últimas dos décadas ha investigado otras campañas presidenciales como las de Iván Duque (por la llamada ñeñe-política) y la de Óscar Iván Zuluaga (por supuestos aportes de Odebrecht), ambos casos, sin embargo, quedaron archivados. También sancionó candidatos como Aída Merlano por irregularidades en la financiación (con una multa de 35 millones de pesos).
Y durante la presidencia de Uribe, el CNE recibió una denuncia por presunta violación de las restricciones de la Ley de Garantías durante su campaña de reelección. Aunque finalmente el proceso se trasladó a la Comisión de Acusación de la Cámara.
Años después, en 2009, el CNE abrió una investigación al comité que promovía un referendo para permitir una segunda reelección de Uribe. El organismo encontró presuntas irregularidades en la recolección de firmas, por lo que no certificó las cuentas del proceso. Ese fue uno de los elementos que posteriormente tuvo en cuenta la Corte Constitucional para tumbar el referendo en 2010 y cerrar la posibilidad de un tercer mandato de Uribe.
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