Las ocho personas masacradas en zona rural del municipio de Calamar (Guaviare) fueron obligadas a cavar la fosa común donde después fueron enterradas. Las víctimas eran líderes religiosos y nada tenían que ver con la guerra que tienen desatada los actores armados en ese departamento.
Los responsables de este crimen son el Frente Armando Ríos de las disidencias que obedecen a Iván Mordisco. La orden de ejecutarlos ocurrió, al parecer, porque los ilegales creyeron que los ocho religiosos, que recientemente habían llegado al territorio, tenían vínculos con el ELN.
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Las víctimas, de acuerdo con el reconocimiento preliminar de los familiares, son Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos estaban desaparecidos desde el pasado mes de abril.
De acuerdo con la Fiscalía, los líderes sociales y religiosos llegaron a Calamar provenientes del departamento de Arauca. La mayoría de ellos empezó a organizar actividades comunitarias, agrícolas y religiosas: no pertenecían a ninguna organización política o armada. Pero eso incomodó a los ilegales.
El pasado 4 de abril los religiosos recibieron una videollamada en la que eran citados por el grupo armado ilegal. Prometieron que regresarían antes de las 3:00 de la tarde. Dos de ellos asistieron y fueron trasladados en lancha con rumbo desconocido, tres días después, los otros seis miembros de la congregación religiosa también fueron arrastrados por los armados.
Raúl González, fiscal delegado para la criminalidad, afirmó que, sin ningún sustento, los hombres de Mordisco ejecutaron a los religiosos porque –en medio de la paranoia– creyeron que habían llegado desde Arauca para crear una célula guerrillera del ELN.
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“Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento”, apuntó el fiscal González.
De las víctimas no hubo rastro durante varios días, pese a que la Defensoría del Pueblo y el alcalde del municipio, Farid Camilo Castaño, clamaban por alguna pista.
“Hago un llamado amable y respetuoso, pero sobre todo invitando a la condolencia, del actor que haya sido para que informe cuál es el paradero de estas 8 personas que desaparecieron, para que al menos nos den una pista de dónde están y cuál es el paradero de ellas”, decía el alcalde.
El silencio de los armados continuó. La investigación solo pudo avanzar cuando dieron con la captura de un señalado disidente y, al inspeccionar su celular, encontraron fotos de las ocho víctimas: algunas imágenes los mostraban con vida y otras ya ejecutados.
La Fiscalía aseguró que la orden de asesinarlos llegó del primer anillo de confianza de alias Iván Mordisco. El Guaviare se convirtió en un epicentro de disputa entre los actores armados. Allá ya hay una lucha a sangre y fuego entre las facciones disidentes del Estado Mayor Central y del Estado Mayor de Bloques y Frentes –la disidencia que comanda alias Calarcá–.
El pasado 20 de enero, también en el municipio de Calamar, los bandos disidentes sostuvieron un combate que dejó 20 muertos y un número indeterminado de heridos.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido –en su alerta temprana 001 de 2025– que esa disputa puede llevar a que se cometa el reclutamiento de niños, confinamientos, desplazamiento forzado y homicidios de líderes comunitarios. La alertas están encendidas en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta y Guaviare.
El Ministerio Público también advirtió que las comunidades todavía sufren el coletazo del paro armado que decretaron los disidentes de Iván Mordisco a principios de junio en ese departamento y que mantuvieron confinadas a 10.000 personas. Afirmó que la ayuda humanitaria todavía no ha podido ingresar.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año se han cometido 33 masacres en Colombia.
