Un reciente informe de la ONU denuncia la preocupante situación de orden público que se vive en aquel sector y pide, urgentemente, acción y presencia estatal.
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), así se llama el grupo armado ilegal que tiene atemorizados a cientos de ciudadanos de Magdalena, La Guajira y César. Según el último informe la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Colombia, la estructura criminal ha sometido —durante meses— a los habitantes de la Sierra a crueles torturas que han sido documentadas en video.
La ACSN es uno de los grupos ilegales que pidieron un espacio en la Paz Total, sin embargo, no hay avances al respecto. La ONU, por su parte, pide que el Estado haga presencia urgente en los territorios. Esta es la denuncia.
En un video difundido en septiembre, un hombre y dos mujeres están parados en la mitad de la calle. De sus cuellos cuelga un letrero en el que se lee: “Por peleoneros. En San Pablo no se pelea”. Luego, durante más de un minuto, solo se dirigen a la cámara pidiendo perdón y asegurando que la ACSN está presente en todos los barrios.
“Esta es una labor social que nos toca cumplir”, dice el hombre. Las mujeres solo asienten.
Semanas antes de aquel video circuló otro en el que un joven aseguró: “Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra me perdonaron la vida por robarme cuatro motos, dos en el callejón de San Jorge y dos en Pescaito. Y hace tres días me robé otra en Pescaito y se la vendí al señor Juan de San Martín, que vive por el parquecito. Mis acompañantes eran Roniel y Fayu de Taganga”.
Hay al menos 19 videos de ese estilo que reposan en manos de la ONU. Según el organismo internacional, lo retratado en el material audiovisual son castigos impuestos por las Autodefensas por presuntas acciones ilegales que habrían cometido los ciudadanos, como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las riñas.
El problema es grande: aquel material es la prueba tangible de que la Sierra Nevada y los territorios aledaños han sido abandonados por el Estado y están siendo controlados por organizaciones criminales que no respetan la dignidad ni los derechos humanos de los habitantes.
Los videos son muestras de tortura, y según estatutos internacionales, también constituyen crímenes de guerra.
Sin embargo, la ONU no es la primera voz que denuncia aquellas atrocidades. Norma Vera Salazar, activista por los derechos humanos e investigadora, lleva semanas asegurando que la ACSN está replicando y fortaleciendo un modelo de la mal llamada “limpieza social”.
Esto dijo en diálogo con El Espectador: “Este grupo impone castigos que van desde golpear con cepos, sumergir a las personas en los ríos helados de la Sierra durante la madrugada —casi hasta provocarles el ahogamiento—, cortarles el cabello u obligarlas a barrer y realizar trabajos comunitarios, especialmente a las mujeres”.
Esto último también fue consignado por la ONU en el informe. Al respecto, aseguraron que prácticas como la del cabello serían una tortura física y psicológica.
“Estas acciones contra las mujeres atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal, como lo señaló en 2020 el Relator contra la Tortura, Nils Melzer, en su Informe A/HRC/43/49, y pueden constituir formas de violencia por razón de género”, explicaron.
Vera agregó que la violencia de género también se perpetúa en nombre de errores que cometen los hombres relacionados con la víctima. “El cuerpo de la mujer no solo ha sido usado para ser violada, violentada o expuesta públicamente; también ha sido usado para cometer asesinatos en nombre de los hombres de su familia”, advirtió en la entrevista con El Espectador.
Informes de la Defensoría del pueblo han datado aquellos crímenes. En 2023, Sindry Mugno (madre), Betsy Liliana Vergara Mugno (hija) y Michel Mugno (hija) fueron asesinadas. En ese momento, las ACSN culpó al Clan del Golfo, mientras que el Clan del Golfo culpó a las ACSN.
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El caso más reciente —cometido el 22 de junio de 2025— fue el asesinato de Geo Martínez y Mabel Ponce, dos adultas mayores que perdieron la vida en medio de una retaliación criminal de las Autodefensas.
Según el informe de la ONU, estos “actos de tortura, como formas de castigo, vulneran la dignidad humana de las víctimas. Al ser aplicadas por actores armados no estatales, estas conductas debilitan la gobernabilidad local y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.
En cuanto a los videos, Vera le comentó al medio citado que estos son difundidos no solo en redes sociales, sino que han sido replicados en medios de comunicación; algo que solo revictimiza a las personas que aparecen en ellos: “Se muestra a las personas pidiendo perdón y dando las gracias a las Conquistadoras de la Sierra por haberles perdonado la vida”.
La red social más usada por los criminales es TikTok, en donde los videos de tortura y reclutamiento llegan a más de un millón de reproducciones.
Frente a la situación, la ONU hizo un llamado urgente al Estado y Gobierno colombiano a “cumplir con sus obligaciones internacionales para prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima de estas agresiones por parte de grupo armados no estatales, y lo exhorta a adelantar las investigaciones necesarias que permitan sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las víctimas”.
Además, aseguró que reitera su apoyo a la Nación para cumplir con estos lineamientos, y resaltó que debería implementarse la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “de manera adecuada”.
Según lo confirmado por el Sistema de Análisis de Grupos Armados (SAGA), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se crearon tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.
A pesar de que este grupo disidente ha manifestado su voluntad de unirse a las mesas de negociación de la Paz Total, no ha habido claridad ni por parte de ellos ni por parte del Gobierno al respecto.
“En enero del 2024, tras una invitación por parte de las ACSN y algunos representantes de la población civil se generó el espacio para la instalación de la mesa, sin embargo, no hubo presencia de delgados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), por lo que no se logró avanzar en el proceso”, explicó el informe de SAGA.
Según la OACP, la organización criminal tendría, aproximadamente, 800 miembros; mientras que desde la propia organización afirman que son 1,100. Por otro lado, inteligencia militar estima que cuentan con 250 integrantes, la cifra más baja reportada.
Respecto a la estructura armada, esta es hermética y hay poca claridad en cuanto a su operatividad.
SAGA también ha reportado las diferentes torturas y castigos que imponen las ACSN en la población: “Este grupo impone normas de convivencia, llegando incluso a sustituir la competencia de los comités de convivencia de las JAC para la resolución de conflictos. Además, establecen un valor por el “servicio” que prestan a la comunidad, lo que implica una modalidad extorsiva”.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre el informe de la ONU.
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