Así lo reveló el jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Argumentó que se trata de un recurso “inmediato” y, por ende, puede tener resultados más rápidos. Aquí los detalles.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que en las próximas horas el Centro Democrático presentará una tutela para frenar el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.
Es así como este 24 de diciembre, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia será la encargada de radicar este recurso constitucional ante la entidad pertinente.
El exmandatario argumentó: “la tutela es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”.
En otras palabras, Uribe considera que en este momento no existe otro mecanismo legal rápido y disponible para intentar frenar o cuestionar la decisión del Gobierno.
Así, la tutela es la única vía jurídica que puede activarse de forma inmediata, antes de que la Corte Constitucional asuma formalmente el estudio del decreto de Emergencia Económica a partir del 13 de enero.
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La lógica es que con otros recursos como una demanda, el Gobierno podría seguir aplicando las medidas adoptadas bajo la emergencia, por lo que la tutela se presenta como la única acción urgente para intentar detenerlas o ponerles un límite provisional.
Lo cierto es que no se trata de la única acción jurídica en contra de dicho decreto gubernamental. La acción de Paloma Valencia se suma a iniciativas que ha realizado líderes opositores como María Fernanda Cabal y el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, solo por mencionar algunos.
Asimismo, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a través del jurista Germán Calderón España, presentó su propia demanda contra el decreto.
Según explicó De la Espriella, la demanda sostiene que la medida no se sustenta en “hechos sobrevinientes o extraordinarios que pudieran alterar la situación económica del país”, requisito indispensable para justificar una emergencia de este tipo. En ese sentido, el documento solicita que el decreto sea declarado inválido por carecer de los fundamentos constitucionales exigidos.
Adicionalmente, la acción pide una suspensión provisional de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional evalúa el caso de fondo. La solicitud incluye un llamado especial para que los magistrados sesionen de manera extraordinaria durante el receso de fin de año, con el fin de acelerar el estudio del recurso y evitar que las medidas adoptadas bajo la emergencia sigan en aplicación.
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