Antes de empezar el Consejo de Ministros del pasado 7 de abril, que iba a ser sobre tarifas de energía, al presidente Gustavo Petro le pasaron una hoja que tenía el resumen de una denuncia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
El mandatario había estado esperando el informe durante varias semanas y aprovechó la visibilidad en el prime time de los canales privados y públicos para leer los principales hallazgos: “Hay 62.264 armas del Estado que no se sabe dónde están ni quién las tiene (...) La superintendencia (de vigilancia) sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial; y (son) hombres armados con sello oficial de empresas privadas de escoltas (los) que siguen siendo escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia”.
Luego Petro precisó que bajo su mandato, el año pasado, se cancelaron 16 licencias de funcionamiento “porque fueron tramitadas irregularmente, incluso en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno (...) Es decir, el Estado está cuidando a los criminales con armas oficiales”.
Hace varias semanas la Fiscalía reveló los operativos relacionados con presuntas prácticas irregulares de empresas de seguridad privada que dan certificados de armas y de formación de escoltas a miembros de bandas criminales como El Clan del Golfo. Ese escándalo fue nombrado como el “cartel de la carnetización” y hay dos oficinas del Ejecutivo que han hecho parte de las investigaciones: la Sociedad de Activos Especial (SAE) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Lo que hizo el jefe de Estado fue ampliar con algunas cifras la denuncia, pero no mencionó un detalle a simple vista menor que EL COLOMBIANO encontró. Y es que una de las empresas investigadas tanto por la Fiscalía como por la SAE y la SuperVigilancia, es Petrorian Security Ltda., que ha sido cuestionada por presuntamente beneficiarse de un contrato millonario en la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre 2022 y 2023, es decir, al inicio de este Gobierno.
Así certificaron a delincuentes
Pero antes de referirnos en concreto al caso de Pretorian Security, es necesario detallar cómo funcionaban las empresas de seguridad que certificaban a criminales como escoltas y les daban armas, según la Fiscalía.
En medio de un operativo a principios de marzo de este año, la Policía capturó a varios miembros de una red criminal que operaba en Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio. Según las autoridades, no solo alquilaban armas de fuego a grupos armados y organizaciones criminales sino que les daban certificación de escoltas a miembros vinculados a estructuras criminales como el Clan del Golfo; algunos delincuentes, incluso, eran coordinadores de escoltas, lo que les permitía coordinar y liderar redes de personal al servicio del hampa.
A la fecha, han sido allanadas tres empresas de seguridad vinculadas a ese entramado: Securbel Ltda., Seguridad Sara Ltda., y Pretorian Security Ltda. “Los representantes legales de tres compañías de seguridad que estarían involucradas en el entramado ilegal fueron capturados e imputados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Este diario, además, conoció detalles del expediente por fuentes del sector de seguridad privada e información de las autoridades. El modus operandi consistía en que esas empresas –y otras que investiga la Fiscalía y la SuperVigilancia– cobraban por una especie de membresía entre 10 y 45 millones de pesos para ingresar a criminales de esos grupos criminales a su nómina. “La investigación demostró que estas empresas vinculan a criminales como falsos empleados de vigilancia privada, proveyéndoles armas amparadas legalmente para evitar la acción de las autoridades (sic)”, señalaron agentes policiales.
Entre los “servicios” que adquirían estaban armas con salvoconducto, logotipos y carnetización de esas empresas de seguridad. Mensualmente, para seguir recibiendo estos beneficios, los grupos criminales debían hacer pagos entre tres y diez millones de pesos. “Eso es rentable para las empresas porque imagínese multiplicar ese ingreso por decenas de criminales y además en efectivo”, señala bajo reserva una fuente.
El interés de los criminales con estas empresas de seguridad es que esas certificaciones los protegían a nivel nacional de incautaciones de las autoridades y de controles a personas que no tenían antecedentes judiciales o ya habían pagado penas en la cárcel y luego se formaban como falsos escoltas. En caso de que las armas fueran incautadas, señaló la Policía, era fácil que las empresas lograran recuperarlas porque estaban al día en papeles.
La Fiscalía reveló también que “entre los beneficiados con carné de escoltas y permisos para el porte de armas de fuego están alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en Magdalena Medio, quien murió recientemente en una operación de la Policía Nacional; alias Pájaro y El Caballista, que estarían vinculados a la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota; y alias Pichi Belén, uno de los presuntos jefes de la organización delictiva La Oficina”.
No solo el Clan del Golfo financiaba esos delitos. También, según las autoridades, la sanguinaria organización La Constru, que en algunas zonas del país opera junto a las disidencias de las Farc, se beneficiaba del “cartel de la carnetización”. Igualmente, Los Rastrojos, que según diversas investigaciones, están en un “renacer” criminal en zonas como el Putumayo o la Costa Caribe. Por último, Los Rolos, que hacen presencia en la capital del país y dominan la operación del microtráfico y son señalados de ser los responsables de varios delitos en todo tipo de barrios de Bogotá.
Precisamente, en la diligencia que hizo la Policía y la Fiscalía a principios del pasado mes de marzo, se incautaron más de 100 armas de fuego que “serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, según dijo el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional. Además, ocho bienes inmuebles serán objeto de extinción de dominio y están avaluados en más de 1.800 millones de pesos.
Sin embargo, también hay armas que “se perdieron”, como dijo el presidente Petro, porque esos grupos criminales se las quedaron y sigue delinquiendo con ellas estratégicamente en algunas zonas urbanas. No solo lo han hecho ahora sino desde hace varios años en complicidad con funcionarios de este y otros gobiernos. En la práctica, los licenciamientos a algunas empresas de seguridad se habrían dado “más fácil” gracias a sobornos. Por eso, el jefe de Estado habló de funcionarios nombrados bajo su Gobierno que se habría prestado para esos delitos y que fueron retirados de sus cargos.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Yenniffer Parra, superintendente de vigilancia y seguridad privada explicó que “las 62.664 armas a que hizo referencia el señor presidente son aquellas sobre las cuales históricamente se han emitido conceptos favorables en la Superintendencia de Vigilancia y que por estar clasificadas en servicios inactivos no tienen inspección, vigilancia y control por parte de la entidad. Por lo tanto, se desconoce las condiciones de las mismas”.
Además, la funcionaria reconoció, como lo hizo el mandatario, que “identificaron posibles irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación” de personas funcionarios de administraciones pasadas, pero también nombrados bajo este Gobierno. “Las denuncias se han interpuesto oportunamente, garantizando el cumplimiento del deber funcional y sin distinción de origen político o temporal de los funcionarios involucrados”, agregó.
Sobre Pretorian Security, la superintendente Parra no brindó mayor información como tampoco lo hizo el presidente Petro en el Consejo de Ministros de hace unos días: “Sobre esta empresa se han adelantado actuaciones dentro del marco de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control”, dijo la funcionaria a este diario (ver entrevista al final de la nota).
Pero fuentes del Gobierno aseguran que desde 2023, por lo menos, se ha hecho seguimiento a esa empresa por alertas de presuntas irregularidades en contratación con la UNP.
Pretorian y UNP
El coronel retirado, Pedro Ruiz, era el representante de Pretrorian Security Ldta., y es acusado de ser uno de los presuntos cerebros del “cartel de la carnetización” junto a otros oficiales retirados dueños de empresas de vigilancia y seguridad privada que fueron capturados este año.
Resulta que esa empresa fue señalada en 2022 y 2023 por varios sindicatos de la UNP de supuestamente no haber superado los filtros debidos en procesos de contratación con la entidad.
En concreto, este diario conoció la denuncia del Sindicato Nacional de Escoltas Capacitados en Protección Especial (Sinescapep) que señala que Pretrorian “se unió con la empresa Prosegur para conformar la Unión Temporal UT Alta Seguridad y la UNP les adjudicó contrato de prestación de servicios para la provisión de escoltas. Contratación careció de filtro riguroso (sic)”.
Tres días después del Consejo de Ministros de la denuncia del presidente Petro sobre las armas perdidas, ese sindicato junto a la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep), remitieron toda la información de sus alertas a Presidencia y al Ministerio del Interior, que la cartera donde está adscrita la UNP.
Este diario conoció uno de los documentos adjuntados, la resolución 2158 de 2023, que adjudica un contrato millonario a la UT Alta Seguridad. Sobre la empresa Prosegur Seguridad y Vigilancia Privada Ldta., que según ese documento le correspondió el 90% de participación, no hay cuestionamientos. La alerta es sobre Pretorian Security que tuvo el 10%.
”El director Augusto Rodríguez dice que lo persigue un sindicato por denunciar cosas como estas. Hemos alertado sobre estos hechos y seguiremos denunciando”, dice Yesid Barragán, presidente del sindicato Asep, el mismo que denunció al director de la UNP por supuestamente haber superado la edad de retiro forzoso (70 años) en esa entidad.
Este diario buscó a Rodríguez preguntándole por las alertas de los sindicatos sobre Pretorian Security en 2023 y ahora, pero al cierre de la edición no hemos obtenido respuesta.
¿Qué responde Pretorian?
La empresa Pretorian no contestó las llamadas de este medio, pero a principios de marzo compartió un comunicado respecto a los operativos de la Fiscalía sobre el “cartel de la carnetización”.
Allí desmintieron cualquier implicación en actividades ilícitas, asegurando que los delitos de carnetizar a integrantes de grupos ilegales y proporcionarles armas fueron cometidos a título personal por Édgar Munévar Castillo alias El Caballista, acusado de ser el cerebro de la fuga de alias Matamba en 2023. En concreto, sobre el carné expedido por la empresa a Munévar Castillo dijeron que fue emitido un año antes de su captura, y que la empresa desconocía los hechos previos a su contratación.
Precisaron, además, que la vinculación de Munévar Castillo se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales establecidos. “Pretorian Security Ltda. vincula a su personal bajo un estricto esquema de contratación, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de regular y supervisar el sector”. Sin embargo, no se refirieron a la captura de su representante, el coronel (r) Ruiz.
Lo cierto es que la Fiscalía está detrás de otras empresas de vigilancia privada al servicio de grupos criminales. Además, según conoció EL COLOMBIANO, en las próximas semanas vendrán más cancelaciones de licencias por parte de la SuperVigilancia pues el presidente Petro pidió acelerar estos procesos. También investigan a 197 empresas que están “inactivas”, pero aún tienen licencia.
“Hemos identificado hechos que podrían comprometer administraciones anteriores”: superintendente Parra
En diálogo con EL COLOMBIANO, Yenniffer Parra, superintendente de vigilancia y seguridad privada, se refiere a la denuncia del presidente Petro sobre las armas perdidas.
¿Desde hace cuánto encontraron que 62.240 armas estaban perdidas y qué hicieron al respecto?
“Las 62.664 armas que hizo referencia el señor presidente Petro son aquellas sobre las cuales históricamente se han emitido conceptos favorables en la Superintendencia de Vigilancia y que por estar clasificadas en servicios inactivos no tienen inspección, vigilancia y control por parte de la entidad. Por lo tanto, se desconoce las condiciones de las mismas. Se ha iniciado un proceso de identificación interno y articulación con otras autoridades, como la Policía y la Fiscalía”.
¿Cómo era o es el modus operandi de esas empresas que “carnetizaban” escoltas y entregaban armas a criminales?
“Este es un fenómeno criminal sobre el cual, por competencia, las investigaciones las adelanta la Fiscalía General de la Nación. Será dicha entidad la que pueda dar respuesta al respecto”.
Pero fue el propio mandatario el que hizo la revelación de las cancelaciones de la licencia de operación de 16 empresas...
“Las cancelaciones se realizaron dentro del marco de nuestras competencias legales, mediante actuaciones administrativas sujetas a reserva mientras se desarrollan investigaciones penales paralelas. Revelar detalles sobre personas naturales o jurídicas en esta etapa podría interferir con las acciones de la Fiscalía General de la Nación y vulnerar el debido proceso”.
¿Qué decir frente a los funcionarios corruptos contratados por este Gobierno?
“En la Superintendencia se identificaron posibles irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Las denuncias se han interpuesto oportunamente, garantizando el cumplimiento del deber funcional y sin distinción de origen político o temporal de los funcionarios involucrados”.
En concreto, sobre la empresa Pretorian Security, ¿qué encontraron?
“Sobre esta empresa se han adelantado actuaciones dentro del marco de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control, cuyas conclusiones, por estar articuladas con procesos penales en desarrollo, no pueden ser divulgadas por razones de reserva judicial y protección de los derechos fundamentales de los implicados”.
¿Cuántas licencias de funcionamiento tienen irregularidades actualmente aparte de las 16 que ya cancelaron? ¿Van a cancelar más pronto?
“La entidad mantiene un proceso continuo de verificación sobre múltiples empresas del sector. No obstante, la información sobre posibles irregularidades en licencias adicionales forma parte de expedientes con carácter reservado. Cualquier pronunciamiento público deberá esperar los resultados de las investigaciones correspondientes”.
Finalmente, ¿qué otras irregularidades han encontrado en la Superintendencia de vigilancia?
“Hemos identificado hechos que podrían comprometer actuaciones de administraciones anteriores, los cuales han sido puestos a disposición de los órganos competentes. Sin embargo, como muchos de estos hallazgos están en análisis penal o disciplinario, no es posible hacer pronunciamientos públicos que puedan interferir con la autonomía judicial o afectar derechos procesales. Desde la Superintendencia reafirmamos nuestro compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, sin distinción de periodos administrativos ni actores involucrados. Actuamos en el marco de nuestras competencias y con total colaboración frente a las autoridades penales y disciplinarias. Se respetan la presunción de inocencia, la reserva legal y el debido proceso”.
