Este martes se conoció que el Gobierno suspendió indefinidamente la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, el temido jefe del Frente 33 de las de las disidencias de las Farc. Un documento con fecha del 20 de junio, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, señala que su proceso se frena mientras “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total”, la criticada política gubernamental que casi tras casi tres años de mandato no avanza.
Alias Mocho Olmedo es señalado de delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, por eso Estados Unidos pide que pague una pena en ese país. Sin embargo, el Frente 33 es uno de los grupos criminales con el que el Gobierno dialoga y se podría decir que es uno de los procesos más “avanzados” sin que haya grandes resultados.
De hecho, el freno a la extradición de ese líder disidente se viene cocinando desde principios e este año poco después de que fuera nombrado delegado en la mesa de diálogo. En febrero, el alto comisionado para La Paz, Otty Patiño, señaló que estaba dialogando con Estados Unidos para tramitar el proceso “de una manera amable, tranquila y cordial”. El mandatario ya había suspendido el proceso de extradición contra alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur, grupo que también negocia la paz con el Gobierno.
Entre tanto, los escándalos no han faltado. Noticias Caracol reveló que a alias “Mocho Olmedo” le dieron vivienda en un apartamento de Chapinero en Bogotá durante 55 días, custodiado por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que le reporta directamente al presidente de la República. No lo llevaron a prisión porque, argumentó el Gobierno, estaba realizando aportes al proceso de paz. “Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director del DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de la Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez”, reveló ese noticiero en su momento.
El abogado de Henao Gutiérrez dijo que su cliente no sabía que el Gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir hasta el pasado 12 de febrero de 2025, el día en que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía.
Cuando se conoció del pedido de extradición en su contra, fue trasladado hasta la cárcel La Picota de Bogotá y se alcanzó a pensar que se activaría la extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, la Fiscalía también investiga a ‘Mocho Olmedo’ por al menos 43 homicidios, 4 feminicidios, concierto para delinquir y amenazas.
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Condición “inviable”
Este martes, el presidente Petro defendió su decisión de frenar la extradición del jefe criminal: “La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia: la economía ilícita. La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, dijo a través de la red social X.
Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó a expertos para contrastar las afirmaciones del jefe de Estado. Jorge Mantilla, PhD. en Criminología y experto en asuntos de seguridad, le dijo a este diario que las condiciones que puso Petro son “inviables” por dos razones.
“En primer lugar, el programa de sustitución de cultivos del Gobierno en el tercer año de mandato ha tenido resultados parciales, deficientes e insostenibles en diferentes regiones del país. Por tanto, no hay una manera clara sobre cómo garantizar o hacer seguimiento sobre el eventual compromiso que asuma ese grupo armado”.
El experto agrega que “en segundo lugar, el presidente desconoce la naturaleza política del crimen porque al final hay una serie de incentivos económicos, intermediarios y de redes que van mucho más allá del presunto liderazgo de alias Olmedo. Estamos ante grupos que tienen liderazgos muy inestables y que están pasando por procesos de fragmentación”.
Por eso mismo, la transformación territorial a la que aspira el Gobierno, según la evidencia, no se reduce a la decisión de unos de sus líderes y su extradición o judicialización. Mantilla, sin embargo, rescata en el planteamiento de Petro la intención de presionar loable de desmantelar las economías ilícitas. El problema es que el camino de la “paz total”, como dice el refrán, ha estado plagado de buenas intenciones.
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La concentración del Frente 33 en Tibú
En mayo de este año, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, tras llegar a un acuerdo con representantes del Frente 33 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
El anuncio se formalizó con la firma de un documento conjunto entre delegados del Gobierno Nacional y miembros de los bloques conocidos como Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes, estructuras armadas que operan en el nororiente del país.
“Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno Nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del Frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, dijo el jefe de Estado.
Desde la oposición, el exministro y precandidato presidencial David Luna criticó desde hace varias semanas la medida y la calificó como “un nuevo Caguán”, al considerar que la zona podría convertirse en un refugio para estructuras armadas ilegales sin control suficiente del Estado y con beneficios jurídicos para algunos jefes criminales.
