En 2007, la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos por los paramilitares y solicitó medidas para garantizar una reparación integral a esa región.
Este jueves, el presidente Petro pidió perdón a la Comunidad San José de Apartadó (Antioquia) por la violencia ocurrida en esa región entre 1997 y 2007, incluidas masacres paramilitares con la complicidad de miembros de la fuerza pública, además de numerosas violaciones a los derechos humanos.
“Perdón a la comunidad de San José de Apartadó, donde el Estado colombiano, mató durante 27 años, más de 300 de sus integrantes”, dijo el jefe de Estado en la red social X. Durante el discurso, además, señaló: “El Estado colombiano es culpable de la violencia y es el pueblo quien tiene derecho a saber la verdad, sin depender de ningún poder”. Y agregó: “¿Qué se puede tener una masacre continua sobre una comunidad con 300 víctimas directas durante 30 años y la justicia no investiga? ¿Dónde está el Poder Judicial de Colombia?”, preguntó el mandatario.
Este reconocimiento público de responsabilidad internacional hace parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado el 18 de diciembre de 2024 entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
“Este acuerdo histórico constituye un ejemplo claro del cambio de postura de la Agencia frente a las víctimas. Ahora el Estado no litiga en contra de ellas, por el contrario, está comprometido con reparar los daños causados por graves hechos de violencia, cuando haya lugar y evitar al máximo la revictimización”, dijo entonces el director general de la Agencia, César Palomino.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, citados por la Presidencia, entre 1997 y 2007 se recibieron 54 denuncias de violaciones de derechos humanos en esta comunidad, que vive en el municipio de Apartadó.
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En el acuerdo se establecen compromisos concretos para reconocer y reparar las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por los miembros de la comunidad y parte del reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado.
Vale la pena recordar que La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, fue creada en 1997, un año en que sus integrantes se declararon neutralidad activa con relación a los actores armados, incluido el Ejército y la Policía. Ello generó hostigamientos desde todos los ámbitos, incluso desde el Estado mismo, porque la comunidad se oponía al ingreso de tropas a su territorio.
Así, han sido blanco de hostigamientos, amenazas, desplazamientos, homicidios selectivos, persecución a sus líderes y varias masacres, entre otras formas de victimización. También se estipuló la creación de una comisión independiente, que evaluará el desarrollo de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos contra miembros de la Comunidad de Paz y elaborará un informe con recomendaciones relacionadas con las acciones que, a su consideración, debe adelantar el Estado. Será presidida por la Defensoría del Pueblo.
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