Amplio rechazo en el país generó el secuestro de los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca por parte de las disidencias de las Farc. Se trata de siete hombres y dos mujeres retenidos en el municipio de López de Micay.
Las identidades de las personas secuestradas son Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aseguró que “los funcionarios y contratistas secuestrados son civiles, padres, madres, hijos, hermanos, que solo buscaban servir a las comunidades más necesitadas del Cauca. Hacemos un llamado urgente a la Cruz Roja Internacional, y a las organizaciones de derechos humanos, para que intervengan y acompañen este momento crítico. La vida y la libertad deben ser protegidas”.
La Procuraduría pidió su liberación inmediata e hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad en la región.
El mensaje se une al enviado por la Defensoría del Pueblo hace algunas horas, que pedía también la liberación de los civiles sin condiciones.
“La @PGN_COL rechaza secuestro de 9 contratistas de @GobCauca cuando realizaban misión humanitaria en López de Micay; exige a los captores la liberación inmediata de los servidores públicos secuestrados y de las autoridades reclama medidas para garantizar seguridad en la región”, puntualizó el Ministerio Público en X.
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En un comunicado, el Bloque Occidental de esa estructura armada reconoció el secuestro y acusó a las nueve personas de realizar la entrega de equipos de comunicación para favorecer al Ejército.
Según esa organización al margen de la ley, las labores de los secuestrados estaban enmarcadas en un contrato de compraventa con código BPIN20250000002243, financiado con recursos públicos por más de $4.100 millones. Los equipos instalados tenían capacidad para inhibir señales y derribar drones, aseguraron.
La Gobernación del Cauca explicó que los retenidos realizaban una labor humanitaria y social, en articulación con Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona.
“Tenía como propósito promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales del Estado, en un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar, como erróneamente lo afirman los grupos armados en su comunicado”, precisó la Gobernación.
El grupo armado ilegal acusó al gobernador del Cauca de destinar presupuesto público para tareas militares.
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