Mientras el sistema de salud vive momentos de crisis por la insuficiencia de recursos, una denuncia desde el Congreso pone la lupa sobre los presuntos favorecimientos que ha tenido la familia del ministro del ramo, Guillermo Jaramillo. El funcionario es de los más estables en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, marcado por el constante cambio de gabinete.
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La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que familiares de Jaramillo han recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos desde la llegada de Petro al poder.
Según la información recopilada por la congresista, varios miembros del círculo familiar del ministro han sido beneficiarios de contratos con diferentes entidades del Estado entre 2023 y 2026.
Entre los casos documentados se encuentran el de María Clara Berrocal (cuñada del funcionario), quien firmó contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por más de $390 millones; el de Sebastián Jaramillo Berrocal (sobrino) con contrato en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; así como el de Camilo Andrés Jaramillo Berrocal (sobrino) con múltiples contratos con entidades como la Empresa Férrea Regional, que en conjunto superarían los $1.400 millones.
Así mismo, se cuentan los casos de Sebastián Laverde Gómez (hijastro), quien fue contratado por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres); de Omar Jaramillo Martínez (hermano) con un contrato en la Contraloría General de la República, y de Alejandro Jaramillo Gómez (hijo), que fue designado como director de ProColombia en Reino Unido.
Finalmente, el caso más conocido es el de Beatriz Eugenia Gómez Consuegra (esposa), quien ocupa el cargo de superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud.
En ese sentido, Miranda —quien también aspira al Senado por la Alianza Verde— aseguró que “mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés”.
La representante también señaló que esta información debe ser revisada por los órganos de control y reiteró que el control político no puede ser selectivo ni condicionado por afinidades políticas. “El cambio prometía acabar con las élites enquistadas en el poder. Colombia necesita respuestas, no silencios”, apuntó.
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