Por presuntas irregularidades relacionadas con la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios asistenciales, en 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Bernardo Armando Camacho Rodríguez, Dila Nubia Ovalle Fula y Clemencia Elvira Vargas Díaz, en sus condiciones de agente interventor de la Nueva EPS, gerente de Estructuración de Redes y Contratación de Salud y gerente regional de Salud Bogotá- regional centro, respectivamente.
De acuerdo con el Ministerio Público, se trata del contrato celebrado entre la Nueva EPS y la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad S.A.S cuyo objeto era la atención integral de pacientes, incluidos los pertenecientes a la cohorte VIH.
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Además se busca establecer si se presentaron irregularidades en la presunta terminación anticipada y unilateral del citado contrato, sin que se hubiesen agotado las etapas de planeación contractual, análisis de riesgos y adopción de medidas o planes de transición y continuidad del servicio para los mencionados pacientes.
Igualmente, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría, pidió a La Nueva EPS pruebas documentales con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta puesta en conocimiento de la Procuraduría, determinar su carácter disciplinable y eventual individualización de responsabilidades.
Los últimos líos de la Nueva EPS
El pasado 11 de julio, después de tres años en los que una de las empresas más importantes y que más plata maneja de Colombia estuviera a ciegas con sus finanzas, se conoció un primer abrebocas de esas cifras. Aunque no están con el visto bueno de la revisoría fiscal —familiar del excongresista petrista Inti Asprilla—, Nueva EPS presentó ante la Superintendencia de Salud, la Contraloría y el ministerio del ramo los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024.
Las cifras consignadas en ese informe —que están disponibles para consulta pública en la página de la entidad— muestran dos grandes hechos graves: el primero, que la EPS presenta pérdidas de $4,8 billones y deudas por $22,5 billones; el segundo, que una de las tesis del presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud se cayó en perjuicio de los pacientes.
Una consigna que ha repetido como un mantra el actual Gobierno es que los recursos para la salud son suficientes y que si no alcanza es porque hay “corrupción” o “robo” por parte de privados. La plata a la que hace referencia es a la unidad de pago por capitación (UPC), que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados; mientras que los que “se la roban”, según él, son los dueños de esas empresas. Sin embargo, esa tesis ha sido rebatida por académicos, por la Corte Constitucional y ahora por los estados financieros de la Nueva EPS: la aseguradora con más usuarios del país.
Hay que recordar que la presentación de esos datos se hizo por orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues desde septiembre de 2023 no los presentaban. Para entonces, los resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones, mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones.
Los números son demoledores: la utilidad bruta pasó de $0,58 billones en 2022 y de $0,39 billones en 2023 (antes de la intervención) a -$4,23 billones en 2024. Mientras que los pasivos totales (deudas) pasaron subieron de $5,42 billones en 2022 y de $6,17 billones en 2023 a $22,55 billones en 2024. Esto quiere decir que sus deudas subieron en un 265,4% en apenas un año.
Esto significa que buena parte de los activos registrados por la entidad no está disponible para atender pagos a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud. Entre las cuentas pendientes figura una deuda de $5,49 billones asociada a los llamados “Deudores del Sistema”.
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