El desastre que dejará el Gobierno de Gustavo Petro en el sistema de salud es de proporciones titánicas. Y resolverlos será uno de los “chicharrones” que tendrá que arreglar o enfrentar el próximo presidente, sea quien sea. Ante esto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó una propuesta de emergencia para enfrentarla y advirtieron que deberá priorizar la estabilización operativa antes de impulsar una nueva reforma estructural.
El documento señala que el sector atraviesa una de las situaciones más difíciles desde la creación de la Ley 100, debido a problemas de acceso a servicios, retrasos en procedimientos médicos, dificultades en la entrega de medicamentos y crecientes deudas entre EPS, clínicas y proveedores.
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Según el gremio, el primer paso debe enfocarse en atender a los pacientes represados y recuperar la continuidad de los tratamientos. Para ello, propone concentrar recursos y capacidad institucional en los casos más urgentes, especialmente aquellos con enfermedades de alto riesgo.
La estrategia planteada divide la atención en tres niveles. En la parte más crítica se ubican pacientes cuya condición requiere respuesta inmediata en un plazo máximo de 72 horas. Un segundo grupo corresponde a usuarios que necesitan atención prioritaria en menos de tres meses, mientras que el tercer nivel contempla procedimientos y consultas aplazables.
Como parte de la propuesta, Acemi sugiere crear un Puesto de Mando Unificado Nacional por la Salud desde el inicio del próximo gobierno. Esta instancia estaría liderada por el Ministerio de Salud y contaría con participación de la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
El organismo tendría la tarea de coordinar decisiones rápidas, eliminar trabas administrativas y hacer seguimiento permanente a los casos críticos. Además, manejaría tableros de control para monitorear el desempeño de las EPS y la evolución de la atención en diferentes regiones del país.
Otro componente central es un plan intensivo de 90 días enfocado en pacientes con enfermedades complejas o tratamientos interrumpidos. La iniciativa contempla identificar personas que abandonaron terapias, reorganizar citas médicas y priorizar patologías como cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedad renal y trastornos mentales.
El informe también advierte sobre el impacto de las fallas en la entrega de medicamentos, señalando que la suspensión de tratamientos aumenta complicaciones médicas y presión sobre los servicios de urgencias. Por ello, plantea un sistema de monitoreo para resolver pendientes farmacológicos en tiempos cortos.
Uno de los puntos más delicados tiene que ver con las EPS intervenidas por el Estado. Acemi considera que varias de ellas presentan problemas financieros y operativos graves, por lo que propone reemplazar a los actuales interventores y realizar diagnósticos técnicos que permitan decidir entre liquidaciones o procesos de recuperación.
En materia financiera, el gremio calcula que para 2026 serán necesarios más de 9 billones de pesos adicionales con el fin de cubrir ajustes en la UPC, presupuestos máximos y otros compromisos acumulados del sistema. Parte de esos recursos provendría de excedentes presupuestales y otra porción requeriría mayores esfuerzos fiscales del Gobierno.
La organización también alertó sobre el déficit actuarial acumulado entre 2021 y 2025, estimado en más de 34 billones de pesos. Para enfrentar ese panorama, propone un esquema gradual de saneamiento de deudas destinado a garantizar pagos a hospitales, clínicas, proveedores y trabajadores de la salud.
Finalmente, Acemi insistió en que la recuperación del sistema dependerá no solo de mayores recursos, sino también de la capacidad institucional para coordinar decisiones y garantizar resultados medibles. El objetivo, según el informe, es reducir tiempos de espera, asegurar tratamientos continuos y devolver estabilidad financiera a todos los actores del sector salud.
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