Luego de las múltiples denuncias de familiares de pacientes con discapacidad que aseguraron ser víctimas de tortura, la Secretaría de Salud de Santander anunció este viernes el cierre temporal de los servicios de la IPS Asociación hacia un Mejor Futuro, Elogios, señalada de los maltratos.
La entidad quedó expuesta luego de que el programa Séptimo Día de Caracol revelara imágenes y videos de pacientes sometidos a vejámenes por parte de varios colaboradores, de hecho, siete de ellos fueron denunciados por tortura agravada e incluso fueron capturados el pasado 2 de mayo; sin embargo, quedaron en libertad tres días después, ya que el juez indicó que hubo irregularidades en su captura.
Tras estas denuncias, que hablan de personas golpeadas, amarradas de pies y manos o ahogadas con mangueras que expulsan agua a presión, el gobierno departamental puso sus ojos en la entidad y finalmente, ordenó sellar la sede rural ubicada en el municipio de Piedecuesta, aunque por otra razón: riesgo sanitario.
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De acuerdo con Edwin Prada, secretario de Salud de Santander, la medida, impuesta por el grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría, “se fundamenta en el incumplimiento de siete estándares de habilitación y de condiciones de capacidad instalada, específicamente en los servicios psiquiatría, servicio farmacéutico, hospitalización en salud mental y hospitalización parcial”.
La medida, indicaron, es de inmediata ejecución y solo se levantará cuando desaparezcan las causas que la originaron, e “implica el inicio de un proceso sancionatorio de carácter administrativo contra el prestador o establecimiento”.
Así las cosas, desde este viernes, 7 de mayo, la entidad no podrá recibir nuevos pacientes ni tampoco continuar prestando sus servicios a los 30 usuarios que estaban en sus instalaciones, 13 en hospitalización en salud mental y 17 en hospitalización parcial, quienes serán trasladados a EPS y otras entidades que les garanticen la continuidad de la atención.
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“Queda completamente prohibido el ingreso de nuevos pacientes a los servicios afectados. (...) Se imponen sellos de seguridad de conformidad con el Artículo 578 de la ley 9 de 1979, ‘cuando del incumplimiento de las disposiciones, se deriven riesgos para la salud de las personas, deberá darse publicidad a tal hecho para prevenir a los usuarios’”, concluyó la entidad.
