Olmedo López está a la espera de que un juzgado de Bogotá defina su situación jurídica. Esta semana se sabrá si se aprueba el preacuerdo firmado con la Fiscalía, en el que se establece una pena de seis años de prisión y la obligación de devolver 724 millones de pesos, suma de la que se habría apropiado de manera ilícita.
Según la Fiscalía, López hizo parte de una estructura criminal que desvió millonarios recursos públicos mediante contratos irregulares gestionados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que él dirigía durante el gobierno de Gustavo Petro.
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José Luis Moreno, abogado defensor del exfuncionario, confirmó a este diario que el dinero ya fue reintegrado en su totalidad, razón por la cual confían en que el juzgado avale el acuerdo judicial alcanzado.
“El preacuerdo tiene una pena de aproximadamente seis años, un poco más. En esta negociación se fija la sanción penal y la multa, que ya fue pagada: los 724 millones de pesos que él reconoció haber tomado. Además, ha pedido perdón públicamente y ha ofrecido disculpas al país”, explicó el abogado.
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Pero más allá de su situación personal, Olmedo López ha insistido ante las autoridades en que hay otros implicados de alto nivel que no han sido tocados por la justicia. Uno de ellos es Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, quien se encuentra fuera del país y, según varios testimonios recogidos por la Fiscalía, estaría en la cúspide de la estructura criminal que saqueó los recursos de la UNGRD.
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El escándalo ya cobró peso político: los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), fueron enviados a prisión por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de la UNGRD a cambio de respaldar las reformas del gobierno en el Legislativo. En concreto, las reformas de salud y pensional del actual Gobierno.
El testimonio de López ha sido determinante para que la Fiscalía avance en los procesos contra otros implicados, como la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, salpicada también en el entramado de corrupción. La política boyacense está presa desde el pasado mes de diciembre e imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Aunque inicialmente negó todo, una vez fue privada de la libertad anunció que colaboraría con la justicia.
