Van 277 víctimas en 2025, en su mayoría mujeres explotadas sexualmente. ¿Qué está haciendo el Estado para prevenirlo?
La Procuraduría General de la Nación lanzó una nueva alerta por el incremento de este delito en Colombia, luego de que un informe del Ministerio del Interior revelara que, con corte al 29 de julio de este año, ya se han identificado 277 víctimas sobrevivientes, lo que supera los registros del mismo periodo en años anteriores.
Las cifras revelan una realidad preocupante: el 79,3 % de las víctimas son mujeres, en su mayoría entre los 27 y 59 años de edad. Además, en el 60,9 % de los casos, la trata de personas tuvo como finalidad la explotación sexual, y más de la mitad (56 %) ocurrieron fuera del país.
La Procuraduría destacó que “la trata de personas sigue siendo un crimen silencioso pero devastador, que continúa afectando de manera desproporcionada a niños, niñas, adolescentes y mujeres dentro y fuera del país”, según su más reciente comunicado.
El informe también advierte que la mayoría de las víctimas son de nacionalidad colombiana, siendo Antioquia y Norte de Santander los departamentos con mayor incidencia. Este último se identifica como “el principal lugar de captación y destino para la explotación”.
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La gravedad del panorama llevó al Ministerio Público a poner en marcha una Estrategia de Sensibilización y Actualización que será dirigida a los Procuradores Judiciales para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.
Esta campaña se desplegará en todo el territorio nacional para reforzar la capacidad institucional frente a este flagelo.
Para la Procuraduría, las cifras actuales son el reflejo de un fenómeno que ha venido en aumento. En 2023, Colombia registró 264 casos de trata de personas, lo que fue, según la entidad, “la cifra más alta en 15 años”.
El Ministerio del Interior, por su parte, advirtió que este crimen se ha vuelto más complejo debido a redes transnacionales que captan víctimas en Colombia y las trasladan al exterior bajo engaños laborales, afectivos o migratorios.
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En respuesta, se han reforzado canales de denuncia y se intensifican campañas de prevención, aunque desde la Procuraduría insisten en la necesidad de “acciones articuladas y urgentes”.
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