El llamado ‘Pacto de Valledupar’ suma otro frente judicial. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, presentó una nueva denuncia penal ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que se investigue si hubo maniobras para incidir en las elecciones presidenciales de 2026 mediante declaraciones de antiguos jefes paramilitares contra dirigentes políticos.
La nueva denuncia señala al exasesor del Dapre Víctor de Currea-Lugo por sus supuestos contactos con Salvatore Mancuso para gestionar declaraciones contra Abelardo De la Espriella.
De acuerdo con los hechos relatados en la denuncia, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2026, De Currea-Lugo buscó al exlíder de las AUC y gestor de paz, Salvatore Mancuso, con la intención de obtener una entrevista orientada a “enlodar” al entonces candidato opositor Abelardo De la Espriella, quien para la fecha aventajaba en las encuestas al aspirante del oficialismo, Iván Cepeda.
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En las grabaciones difundidas por medios de comunicación, se escucha al exasesor insistirle a Mancuso sobre la necesidad de generar un impacto mediático: “Se necesita un golpe de opinión muy grande, que sea significativo para que esto cambie”.
En otro apartado del audio de un minuto y 13 segundos, De Currea-Lugo llegó a afirmar que “sin eso vamos a perder, hermano” y le recalcó al exjefe paramilitar que “lo que tú digas será determinante en las elecciones”.
Como respaldo de las gestiones, se reveló la captura de pantalla de un cuestionario de 10 preguntas enviado por WhatsApp.
El interrogatorio indagaba a Mancuso sobre supuestos encuentros, alianzas, intermediaciones y conocimiento del origen de fondos de De la Espriella con estructuras de las Autodefensas durante sus años de expansión.
La acción se suma a otras denuncias e investigaciones que buscan esclarecer si detrás de esas gestiones hubo un intento de interferir en la contienda electoral.
La controversia también llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ante la cual los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo, conocida como Tyche, denunciaron al expresidente Gustavo Petro por presuntas actuaciones de funcionarios de su Gobierno relacionadas con reuniones en Valledupar y solicitudes a antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que declararan contra figuras políticas.
El trámite se adelanta ante esa instancia debido al fuero constitucional de Petro y a que los hechos denunciados habrían ocurrido durante su presidencia.
La denuncia de Sanín y Jaramillo se fundamenta, entre otros elementos, en las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz, y de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor jurídico de Mancuso.
Villamizar aseguró que presenció reuniones en las que la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, y Víctor de Currea-Lugo, exfuncionario de esa entidad, habrían planteado a antiguos comandantes paramilitares que hicieran públicas sus versiones sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Según esa versión, la solicitud habría provenido de Petro. Rodríguez también afirmó públicamente que la misión que desarrolló en Valledupar estaba relacionada con conseguir que antiguos comandantes de las Autodefensas hablaran contra dirigentes políticos.
Por ello, los abogados solicitaron a la Comisión incorporar los testimonios de Rodríguez, Mancuso y Villamizar en la investigación. Petro ha negado haber ordenado presiones para obtener declaraciones contra dirigentes políticos.
“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, sostuvo.
Mancuso, por su parte, ha señalado que Petro no le habría hecho personalmente esa solicitud.
En paralelo, la Fiscalía abrió una noticia criminal el 31 de agosto de 2026 en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para indagar por el presunto acuerdo con exjefes paramilitares.
Ese mismo día, el ente acusador compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que examinara la posible participación de Petro en los hechos.
También se han conocido otras denuncias relacionadas con el caso y una indagación preliminar de la Procuraduría contra el exministro Armando Benedetti y la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.
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La nueva denuncia presentada por Bustos señala directamente a De Currea-Lugo por presuntamente promover una estrategia para incidir en las elecciones presidenciales antes de la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
Según el documento, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de ese año, el exasesor contactó a Mancuso para gestionar una entrevista orientada a afectar la imagen de De la Espriella, quien, de acuerdo con lo expuesto en la denuncia, aventajaba en las encuestas al candidato oficialista Iván Cepeda.
En audios divulgados por medios de comunicación se escucha a De Currea-Lugo insistir en la necesidad de generar un impacto mediático. “Se necesita un golpe de opinión muy grande, que sea significativo para que esto cambie”, afirmó.
En otra parte de la grabación, de un minuto y 13 segundos, agregó: “Sin eso vamos a perder, hermano”, y le dijo a Mancuso que sus declaraciones serían determinantes en las elecciones. Como parte de las gestiones también se conoció una captura de pantalla de un cuestionario de diez preguntas enviado por WhatsApp a Mancuso.
Las preguntas indagaban por supuestos encuentros, alianzas e intermediaciones, así como por el presunto origen de recursos de De la Espriella y sus posibles vínculos con estructuras de las Autodefensas durante su expansión.
Mancuso confirmó que recibió los mensajes, pero aseguró que se negó a responder el cuestionario. Explicó que no tenía información que aportar y que no estaba dispuesto a participar en señalamientos que no pudieran respaldarse, menos aún en medio de una campaña electoral.
