El organismo advirtió que grupos armados siguen regulando campañas, vetando candidatos y amenazando a líderes y aspirantes, poniendo en entredicho la libertad real de las elecciones.
Al hacer un corte de cuentas de una Alerta Temprana emitida en octubre pasado, buscando evaluar cómo el Gobierno Nacional ha mitigado los riesgos para garantizar unas elecciones tranquilas y en paz, este lunes la Defensoría del Pueblo advirtió que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y que el cumplimiento a las recomendaciones no deja de ser parcial.
El balance del organismo es tajante: “el escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país”.
Detrás de las amenazas se encuentran grupos como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las extintas Farc –particularmente el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y la Segunda Marquetalia–.
A ellos se suman el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros.
Si bien la Defensoría emitió en octubre 11 recomendaciones, alertó que el índice de respuesta estatal arrojó un cumplimiento bajo y que las acciones se limitaron a respuestas ordinarias. Al agrupar el porcentaje de cumplimiento, se concluye que se alcanza un 42 %, mientras que la desatención a las recomendaciones asciende al 58 %.
En prevención y protección, por ejemplo, se evidencia un cumplimiento del 52 %; en investigación y acceso a la justicia 55 %; en acciones de la fuerza pública para disuadir el contexto de amenaza 65 %; en la articulación interinstitucional 29 %, y en las gestiones preventivas del Ministerio Público 65 %. No obstante, la recomendación más rezagada, con 0 % cumplimiento, fue la del fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas.
Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, la preocupación no es si habrá o no elecciones, sino la libertad con la que se desarrollarán esos comicios. “El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, reclamó.
Las alertas por la incidencia de los grupos armados están puestas en las macrorregiones Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño).
Además de amenazas, la Defensoría advirtió que allí se presentan hechos como restricciones a la movilidad y la imposición de ‘normas de conducta’ que distorsionan la libertad del elector.
“Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el Noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, agregó Marín.
Aunque en octubre la Defensoría pedía una acción inmediata para 62 municipios en riesgo a nivel nacional, lamentó que ahora hay otras siete poblaciones en riesgo, es decir, 69. Lo mismo ocurrió en el caso de municipios con acción urgente, que pasaron de 162 a 168, y para poblaciones que demandan acción prioritaria, que pasaron de 425 a 433.
El organismo informó además que los municipios en observación permanente disminuyeron de 216 a 195, mientras que aquellos que demandan acción ordinaria se mantuvieron en 257 municipios.
Según la Defensoría, en total hay 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral, concentrándose la mayor gravedad en Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
En el caso de los candidatos, el ente señala que existe “un riesgo estructural” caracterizado por homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización, restricciones a la movilidad, prohibiciones para adelantar sus campañas en territorios donde grupos armados no estatales ejercen gobernanzas criminales.
“Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, indicó Marín.
Por si fuera poco, quienes compiten por las denominadas curules de paz o Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), han tenido que someterse a “permisos” para poder movilizarse, les han regulado sus acciones proselitistas en zonas rurales y les han impuesto vetos.
“Las presiones de los grupos armados y la falta de entrega oportuna de anticipos financieros por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) amenazan con anular la representación real de las víctimas”, precisó la Defensoría, advirtiendo también por hechos de violencia de género de los actores armados, lo que ha reducido el liderazgo y la autonomía política de mujeres; particularmente, en la subregión Catatumbo.
Situaciones de este calibre afectan también a firmantes de paz, periodistas y servidores públicos. “La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, como se observa, por ejemplo, en la subregión de Sabanas en Sucre, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, manifestó la defensora del Pueblo.
Frente a un panorama que no dudó en calificar como crítico, la Defensoría del Pueblo formuló nueve nuevas recomendaciones y reforzó las anteriores, exigiéndole al Ministerio del Interior que asuma un liderazgo efectivo en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), y garantizar el funcionamiento real de las comisiones de seguimiento electoral.
Por su parte, instó al Ministerio de Defensa a diseñar e implementar una estrategia integral de seguridad, asegurando el traslado de material electoral y garantizando la custodia de los puestos de votación en zonas rurales y de difícil acceso.
A la Fiscalía le pidió fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de lo que podría constituirse en constreñimiento electoral, mientras que a la Procuraduría le pidió verificar, por medio de su Comisión Especial Temporal de Seguimiento, el cumplimiento de estas recomendaciones: “Y activar las acciones disciplinarias correspondientes contra funcionarias y funcionarios que omitan sus deberes de prevención y protección ante las amenazas advertidas”.
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