El Gobierno Nacional no deja de sorprender con nombramientos de funcionarios cuestionados. A pesar de ser mencionado en el escándalo por los llamados “archivos de Calarcá”, y de tener investigaciones en etapa preliminar en la Procuraduría y la Fiscalía, Wilmar de Jesús Mejía fue premiado con el cargo de nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad encargada de rastrear el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.
La decisión llamó la atención porque la salida de Mejía de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde tuvo el cargo de director de Inteligencia Estratégica, se interpretó inicialmente como una consecuencia directa de las investigaciones en su contra. Sin embargo, el Gobierno terminó respaldándolo con uno de los cargos más sensibles en materia de seguridad financiera.
Mejía es investigado por la Procuraduría por su presunta relación con información hallada en los dispositivos de Alexánder Días Mendoza (“Calarcá”), jefe de una de las disidencias de las Farc. De acuerdo con las pesquisas, habría compartido información confidencial con esa organización ilegal, algo que él ha negado reiteradamente, asegurando que se trata de un montaje.
El caso tomó relevancia nacional tras la revelación de documentos, chats, fotos y cartas encontrados en computadores y celulares incautados a “Calarcá” en 2024, durante un retén militar en Antioquia. Según esos archivos, divulgados por Noticias Caracol, Mejía, también conocido con el apodo de “el Chulo”, habría filtrado información sobre oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército.
Las dudas sobre su papel se intensificaron luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara la gravedad del contenido de los dispositivos incautados.
Por estos hechos, conocidos en octubre de 2025, la Procuraduría le impuso una suspensión provisional de tres meses. Tras ese periodo, Mejía presentó su renuncia a la DNI el 2 de marzo de 2026.
El escándalo también salpicó a la cúpula de la entidad. Para entonces, el director de la DNI era Jorge Lemus, quien fue posteriormente movido a la jefatura de la UIAF, aunque esta misma semana el Gobierno le solicitó la renuncia.
Más allá de las investigaciones, el perfil de Mejía también ha generado debate. Es licenciado en Educación Física, sin experiencia previa en agencias de seguridad, y le han dado puesto en las entidades de Inteligencia del Estado más importantes. Su ascenso, más que a una trayectoria técnica, ha sido atribuido a sus relaciones políticas.
Según él mismo ha contado, conoció al hoy presidente Gustavo Petro en la campaña de 2002, cuando era representante estudiantil. Ese acercamiento habría sido clave para su posterior designación como delegado presidencial en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y, más adelante, para su llegada a la DNI.
El ahora director de la UIAF ha defendido su trayectoria asegurando que en el campo de la inteligencia no se exige una formación académica específica, sino habilidades para obtener información y operar en terreno. Su nombramiento fue confirmado mediante la publicación del decreto expedido por el Ministerio de Hacienda.
Investigación de la Procuraduría a Lemus
Por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado del zar del contrabando Diego Marín Buitrago (“Papá Pitufo”), la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exdirector general de la DNI, Jorge Arturo Lemus Montañez.
De acuerdo con el órgano de control, la decisión se toma en medio del conocimiento de dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre él y el abogado de “Pitufo”, Luis Felipe Ramírez.
El escándalo inició luego de que el pasado 5 de abril Noticias Caracol revelara audios de unas reuniones entre Lemus y el jurista.
En el comunicado de la Procuraduría se determinó que en esos encuentros el abogado Ramírez le “indicó al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente Petro”.
Como parte de la recolección de pruebas, el órgano de control le solicitó a la Fiscalía informar si adelanta alguna investigación relacionada con dichas reuniones. En caso de ser así, pidió que se practique una inspección disciplinaria al despacho donde se esté adelantando el proceso.
La Procuraduría ordenó inspecciones disciplinarias en la sede de la DNI y en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que buscan “verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”.
Sobre esto hay que recordar que “Papá Pitufo” fue señalado por supuestamente entregar 500 millones de pesos en efectivo a la campaña Petro Presidente de 2022. El jefe de Estado reconoció el hecho, pero recalcó que el dinero fue devuelto.
En estas reuniones entre Lemus y el abogado se señala que Marín Buitrago tendría información delicada sobre el Gobierno. “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana y hasta donde quiera”, dice Lemus en la grabación, y el abogado responde: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”.
En los audios, el jurista también dijo que el contrabandista nunca ha querido opinar en público sobre Petro ni sus personas cercanas: “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.
En medio de la sacudida mediática que dejaron estos audios, desde Presidencia se conoció la versión de Gustavo Petro. Según él, los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.
Además, señaló que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.
“Papá Pitufo” está actualmente en Portugal, donde solicitó asilo político, tratando de evitar su extradición a nuestro país.
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