El Gobierno canadiense confirmó este martes que, a partir del 8 de septiembre, impondrá gravámenes de entre el 15 % y el 50 % a más de 700 productos estadounidenses, en un intento por igualar dólar por dólar los aranceles que Washington ya aplica a sus exportaciones. La medida duplicará al 50 % los aranceles canadienses al acero y al aluminio de Estados Unidos, en línea con el gravamen que Washington impuso antes a esos mismos productos canadienses.
El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, presentó la respuesta como una medida necesaria y calculada: “Canadá debe responder, y hoy lo hacemos de una manera proporcional, específica y estratégica”, dijo en conferencia de prensa. Los nuevos aranceles también alcanzarán productos de papel, materiales de construcción, electrodomésticos y bienes agrícolas, incluidos lácteos y productos del mar. Canadá fue el año pasado el mayor comprador de electrodomésticos estadounidenses, con compras por más de 1.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales quedará ahora sujeta a un arancel del 25 %. El Gobierno canadiense anunció, además, un paquete de 7.500 millones de dólares canadienses —unos 5.400 millones de dólares— para apoyar a las empresas afectadas por la disputa.
La confrontación comercial entre ambos países no es nueva: se remonta al arranque mismo del segundo mandato de Donald Trump. En febrero de 2025, el presidente estadounidense impuso aranceles generalizados a Canadá, entre ellos uno del 25 % a la mayoría de las importaciones y uno del 10 % a los productos energéticos canadienses, medidas que Ottawa respondió con gravámenes de represalia sobre bienes estadounidenses. Desde entonces, Trump ha insistido en describir a Canadá como el socio comercial más difícil y poco razonable con el que trata, y ha llegado a sugerir en repetidas ocasiones que el país podría convertirse en el “estado 51” de la Unión Americana, una idea que ha indignado a los canadienses y ha alimentado un boicot informal a productos y viajes hacia Estados Unidos.
Las tensiones se agravaron en octubre pasado, cuando el Gobierno de la provincia de Ontario financió una campaña publicitaria que usaba fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles de Trump. El presidente estadounidense calificó el anuncio de fraudulento y suspendió las negociaciones comerciales con Canadá durante varias semanas, en un patrón de rupturas y reanudaciones que se ha repetido a lo largo del último año.
La confrontación se reactivó con fuerza la semana pasada, cuando las negociaciones entre Washington y Ottawa se rompieron sin acuerdo la noche del viernes 21 de agosto. Al día siguiente, Estados Unidos aplicó aranceles del 50 % a productos canadienses valorados en unos 20.000 millones de dólares. Detrás de la ruptura no solo estuvo la disputa arancelaria: Carney afirmó que el acuerdo que Estados Unidos tenía sobre la mesa era inaceptable para su Gobierno, pues incluía exigencias que debilitarían la protección constitucional del idioma francés.
Canadá es un país oficialmente bilingüe, con leyes que exigen que las etiquetas de los productos aparezcan tanto en inglés como en francés y que las plataformas de streaming estadounidenses promuevan contenido canadiense, incluido el francocanadiense. Washington ha calificado durante años esos requisitos como una barrera comercial. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, insistió en que el problema no es el idioma en sí, sino lo que llamó un “impuesto discriminatorio a las empresas estadounidenses”. Carney, sin embargo, sostuvo que ceder en ese punto no era negociable y describió así la distancia entre ambos países: “Para los estadounidenses, el idioma francés, la cultura francófona y la cultura canadiense son elementos irritantes”, dijo en francés durante una conferencia de prensa en Lévis, Quebec.
La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, respaldó la postura de Carney y fue igual de tajante: “Nuestra cultura, nuestro idioma, es fundamental para nuestra identidad”, declaró, según CBC News. El tema no es menor para Ottawa: Quebec vive semanas antes de unas elecciones provinciales en las que el separatista Partido Quebequense repunta en las encuestas, y cualquier concesión en materia lingüística podría reavivar el sentimiento independentista en la provincia.
A ese trasfondo se sumó, esta semana, una de las escaladas más insólitas de la disputa. El lunes, Trump publicó en Truth Social que Estados Unidos evalúa cambiar el nombre del lago Ontario por “Lago Estados Unidos”, y acompañó el mensaje con la imagen de un mapa donde tachó el nombre original. El mandatario había justificado la idea horas antes al asegurar que ya no espera hacer muchos negocios con esa provincia canadiense. El mismo día, Trump había descrito a Doug Ford, primer ministro de Ontario, como el hermano menos carismático del fallecido Rob Ford, y remató con una advertencia: “¡Alguien debería hacer que estos payasos entren en vereda!”.
Ford no se quedó callado. En una entrevista, el mandatario provincial le respondió a Trump que tenía todo el espacio necesario para que el presidente estadounidense lo besara donde quisiera. El vicepresidente J.D. Vance añadió otro episodio a la escalada verbal al referirse a Canadá como un estado de la Unión y calificarlo, después, de “lapsus freudiano”. El ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, optó por no seguirle el juego a Trump: “Hace meses decidimos, como Gobierno federal, no responder a las publicaciones diarias en redes sociales”, dijo a la cadena CNBC. El alcalde de Windsor, Ontario, Drew Dilkens, resumió el efecto acumulado de meses de comentarios como el del “estado 51”: al principio se puede restar importancia, pero insistir en la idea y reforzarla ya no es un chiste inocuo.
Para varios analistas citados por CNN, lo que ocurre entre Washington y Ottawa desborda una simple disputa comercial y pone a prueba la doctrina de poder que ha guiado la presidencia de Trump: la idea de que Estados Unidos es tan fuerte que tanto aliados como rivales deben someterse a su voluntad. Ese principio, que el asesor Stephen Miller describió como las “leyes de hierro” de un mundo gobernado por la fuerza, enfrenta hoy dos pruebas simultáneas: Irán, que ha resistido durante seis meses una guerra que Trump inició, y Canadá, uno de los aliados históricamente más cercanos de Washington, convertido ahora en blanco de la misma presión económica que Estados Unidos ejerce sobre Teherán.
El lunes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó una nueva ofensiva económica contra las redes financieras iraníes y la comparó, sin matices, con el desembarco de Normandía. El execonomista jefe del FMI Kenneth Rogoff advirtió, sin embargo, que ese tipo de sanciones solo funcionan si Washington logra el respaldo de buena parte del mundo, y que sin ese apoyo resultan muy difíciles de sostener. Analistas citados por CNN señalan que China ya ha anunciado que defenderá sus intereses frente a las presiones sobre el comercio de petróleo iraní, lo que abre la puerta a nuevas represalias.
En el frente canadiense, el propio Carney ha planteado la disputa en términos que van más allá de lo comercial: acusó a Trump de usar la integración económica como arma y advirtió que su país no permitirá que otra nación dicte su futuro. Analistas citados por CNN advierten que, si Washington mantiene la presión sobre ambos frentes durante meses, corre el riesgo de encarecer la energía y los alimentos para los propios consumidores estadounidenses, lo que alimentaría el patrón que sus críticos han bautizado como TACO —“Trump siempre se acobarda”—, en referencia a las veces en que el mandatario ha dado marcha atrás ante el costo económico de sus propias amenazas. Con las elecciones de mitad de mandato de noviembre en el horizonte y estados fronterizos como Michigan y Maine en juego, la incógnita no es solo cuánto está dispuesto a escalar Trump, sino cuánto está dispuesto Canadá a resistir antes de que alguno de los dos ceda.
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