La dueña de un pequeño supermercado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, presentó una denuncia penal contra dos de sus empleadas, luego de descubrir que utilizaban un método fraudulento para quedarse con el dinero de las ventas del negocio.
Según la investigación preliminar, las cajeras ofrecían a los clientes el código de sus cuentas para transferencias en lugar del código de la cuenta del negocio, desviando los pagos hacia sus cuentas personales.
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Dicho sistema se conoce en ese país como la Clave Bancaria Uniforme (CBU), que consiste en un código de 6 a 22 caracteres que identifica a cada cuenta bancaria en Argentina. Cada persona, natural o jurídica, registra el suyo ante el sistema financiero, de manera que pueda hacer transferencias y recibirlas.
Explicado esto, el engaño se extendió entre el 13 de julio y el 6 de septiembre de este año. La comerciante detectó irregularidades en la facturación y, al revisar las cámaras de seguridad, constató que sus empleadas pasaban datos distintos a los del comercio para recibir las transferencias.
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Sus sospechas quedaron confirmadas luego de revisar las cámaras de seguridad del supermercado y comprobar que los clientes pagaban por transferencia bancaria, mientras las cajeras registraban esas operaciones con un número distinto al oficial.
Las pruebas presentadas incluyen grabaciones, listados de facturación alterados, comprobantes de compras eliminadas y transferencias que nunca ingresaron a la cuenta del supermercado.
Según las estimaciones, la maniobra habría generado un desfalco cercano a los 7 millones de pesos argentinos, es decir, unos 20 millones de pesos colombianos y cerca de 4.800 dólares. Tras confirmar lo ocurrido, la dueña del autoservicio California, ubicado en calle 72 y 11, despidió a las empleadas e interpuso una denuncia ante la Fiscalía de La Plata.
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Las trabajadoras ahora enfrentan cargos por estafa y robo, mientras la justicia avanza en la verificación de arqueos de caja y el análisis de los videos de seguridad.
Igualmente la fiscalía de La Plata ya analiza la documentación aportada por la víctima y podría definir en los próximos días medidas adicionales contra las dos exempleadas.
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