Luego de que Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano, anunciara que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, el nombre de una de ellas fue puesto sobre la mesa: Rocío San Miguel.
La profesora y defensora de derechos humanos llevaba casi un año detenida injustamente en El Helicoide, un edificio gubernamental que ha sido nombrado como “la cámara de las torturas”. Hoy, según fuentes venezolanas, San Miguel fue una de las presas liberadas.
Ella, al igual que otras 862 personas —según datos del Foro Penal— fueron detenidas mientras participaban en actividades protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como protestar, criticar al gobierno o participar en la oposición.
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La injusticia, sin embargo, se extiende más allá de la aprehensión misma. La organización internacional Human Rights Watch reportó que la mayoría de los arrestos son negados por las propias autoridades venezolanas. En otros casos, el arresto no es negado, pero las fuerzas militares del país se niegan a darle información a sus familiares: muchos no saben dónde están sus seres queridos, o si están vivos siquiera.
Ese fue el caso de San Miguel. La capturaron en febrero de 2024 y le negaron su derecho a la defensa. Antes de ser llevada ante un tribunal estuvo desaparecida durante 3 días. Al llegar ante la Justicia se le señaló por “terrorismo” y “traición a la patria” por su trabajo en Control Ciudadano, una ONG en donde documentó, investigó y exigió respeto a la Constitución.
La lucha de Rocío San Miguel en Venezuela
Sin poder defenderse: así fue como la profesora terminó en El Helicoide. Según informes de Human Rights Watch, allí (y en otras prisiones del régimen) se cometen torturas como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, confinamiento solitario y reclusión en celdas de castigo pequeñas, oscuras y superpobladas.
Incluso, en medio del confinamiento, muchos presos políticos han sido obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su arresto o los procesos judiciales en su contra. Algunos fueron obligados a grabar videos en los que afirmaban que se respetaron sus derechos durante la detención.
Aquel infierno está a punto de terminar para algunos: aún no anunciaron quiénes, ni cómo, ni dónde serán liberados. Pero la lista de quienes están recuperando su libertad sigue sin ser tan grande como la de quienes aún están desaparecidos o aislados.
El anuncio de presos liberados, sin embargo, incluyó a otros dos reconocidos líderes sociales: Javier Tarazona y Juan Pablo Guanipa.
¿Quién es Javier Tarazona?
Tarazona fue detenido injustamente en 2021. Antes de eso, su trabajo se basó en proteger a las comunidades marginadas, sobre todo aquellas que convivían cerca de la frontera con Colombia. Allí, fue testigo de la violencia, las actividades económicas ilícitas y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales como el ELN.
De hecho, fue esa labor la que lo llevó tras las rejas. En 2020, Tarazona y la organización que dirigía, FundaRedes, fueron objeto de acoso por parte de Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y actual ministro del Interior. En ese mismo año, su casa fue pintada con aerosol con un mensaje de advertencia que Cabello había emitido contra Tarazona y FundaRedes en su programa de televisión: “Furia Bolivariana”.
El 2 de julio del 2021, Tarazona y otros tres defensores de derechos humanos, incluido su hermano, Rafael Tarazona, visitaron la Fiscalía General de la República en la ciudad de Coro para presentar una denuncia contra los servicios de inteligencia. Ahí fueron detenidos.
Tras su captura fue señalado de terrorismo y traición a la patria, luego fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
A pesar de que duró casi 5 años encerrado, nunca tuvo un juicio, ni derecho a una defensa. Ni siquiera fue debidamente imputado. Su arresto se catalogó como “preventivo”, algo que, según el código penal venezolano, debió darle como máximo 2 años de prisión.
Según el George W. Bush Presidential Center, de Estados Unidos, durante su tiempo retenido Tarazona pudo recibir visitas familiares, pero también tuvo que compartir una pequeña celda con otras seis personas, le negaron la atención médica en diversas ocasiones y contrajo enfermedades por el hacinamiento.
Fuentes cercanas al defensor de derechos humanos y su familia describieron su captura, no solo como injusta, sino también como dolorosa, pues Tarazona es “alguien que siempre ha estado impulsado por el amor al prójimo, el tipo de persona que se quita la comida de la boca si alguien más lo necesita”.
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