La policía lanzó este jueves gases lacrimógenos a manifestantes que protestan por mejoras salariales en una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, constató un equipo de AFP.
“Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores”, “vamos hasta Miraflores”’, gritaban manifestantes a las fuerzas de seguridad que intentan contenerlos con gases lacrimógenos y escudos. “Vean cómo nos están reprimiendo”, agregó uno de los manifestantes en uno de los videos publicados por el canal venezolano VPltv.
Todo empezó por una comunicación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que habló de un “incremento responsable” del salario mínimo. Mientras tanto, las condiciones laborales de la mayoría de trabajadores en Venezuela son paupérrimas y frágiles.
Los ingresos de la mayoría de venezolanos están congelados desde hace cuatro años, pero la inflación ha seguido subiendo.
El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares (0,27 dólares) frente a una inflación anual que supera el 600%.
Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales sin incidencia en prestaciones y otros beneficios, es insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
Lo peor es que, las pocas veces que ha “subido” el salario ha sido por medio de bonos, no de aumento real del capital. Es decir, no han aumentado las prestaciones de los trabajadores, y su capacidad económica se ha visto limitada.
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Esa misma realidad fue la que usó Delcy Rodríguez para justificar un aumento del mínimo “moderado”, pues si el salario sube demasiado, podría “disparar la inflación y destruir el poder de compra”.
Esta vez todo parece indicar que la subida del salario volverá a ser en bonos.
Cerca de 2.000 personas rechazaron su afirmación. Sin embargo, las manifestaciones multitudinarias han sido y siguen siendo una rareza en Venezuela debido a la ola de represión que siguió a las protestas opositoras contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024.
La situación empeora cuando, al revisar registros, se evidencia que hay cerca de 5,7 millones de pensionados frente a 5,3 millones de trabajadores en actividad, lo que lleva a que el Estado cubra el 91 % del sistema pensional.
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En la realidad, numerosos jubilados perciben ingresos mensuales de entre 30 y 40 dólares, evidencia del marcado deterioro en su capacidad de compra.
“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, dijo a la AFP Mauricio Ramos, jubilado de 71 años.
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