Luego del escándalo que se armó por la suspensión de órdenes de captura en favor de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, la fiscal Luz Adriana Camargo se echó para atrás.
Ayer, al tiempo que los principales voceros de esa mesa de diálogos convocaron a la prensa en la Cárcel de Itagüí para salirle al paso a la controversia, la jefa del ente acusador hizo pública su decisión de revertir ese beneficio a 16 cabecillas. Camargo afirmó no tener conocimiento de que el grueso de los beneficiados por la resolución que aprobó la institución estaban privados de la libertad. “De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, le dijo a Caracol Radio.
Le puede interesar: “Cuando me dicen ‘El Montañero’, no sé quién es”: fiscal Camargo sobre capo al que le suspendió captura
“La Fiscalía entiende que el mecanismo de suspensión de órdenes de captura tiene el propósito fundamental de facilitar el diálogo. No es un beneficio para los criminales, sino un blindaje para los funcionarios que se sientan en una mesa a hablar con delincuentes y que tendrían el deber legal de ponerlos a recaudo si tienen órdenes vigentes. Si hablamos de diálogos al interior de una cárcel con condenados, cuya suspensión no implica que queden libres ni que puedan salir, esa suspensión no tiene sentido”, expresó.
Pese a que a 16 cabecillas les quitaron dichas suspensiones, las mismas se mantienen vigentes para otros siete, en una lista integrada por Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero.
Homicidios bajan desde antes de que existiera la mesa de paz
La fiscal Camargo también hizo alusión a las justificaciones planteadas por el Gobierno Nacional para pedir la suspensión, como una reducción de homicidios atribuida a ese espacio –traducida en una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes–, así como un acuerdo para excluir de la explotación sexual a los niños de las comunas 10 y 13 y la eliminación de barreras invisibles. Según Camargo, dado que bajo dichos logros era que se justificaba la solicitud, y no sobre argumentos legales, señaló que la Fiscalía no tenía manera de hacer objeciones.
Lea también: Carlos Pesebre reapareció en Mesa de Paz y echó para atrás su renuncia
La mesa también volvió a atribuir a dichos diálogos la reducción de los homicidios en la ciudad, señalando que el desescalamiento en las confrontaciones entre grupos era uno de los temas en los que se estaban enfocando.
Lo cierto es que dicha reducción, también reclamada insistentemente por el presidente Gustavo Petro como un logro atribuible a su gobierno, no se reduce al establecimiento de la mesa en 2022.
Según las estadísticas, el descenso en los asesinatos hace parte de una tendencia que viene presentándose desde hace más de dos décadas y ha tenido desde 2021 una reducción ostensible que se ha consolidado durante los últimos meses.
Tras alcanzar nuevamente un pico de 2.186 asesinatos en 2009, la ciudad experimentó una caída sostenida en la violencia a partir de ese año, llegando a los 499 homicidios en 2015. A partir de ese año, Medellín no volvió a tener picos significativos en los homicidios y en 2020, año de la pandemia, llegó a 373 asesinatos.
Si bien expertos en seguridad coinciden en que el comportamiento de estas cifras está especialmente influido por los pactos y treguas que se transan en el bajo mundo, dejar por fuera el devenir de las estrategias de seguridad locales y atribuir exclusivamente la reducción a un espacio de diálogo se queda corto.
Reacomodo en la mesa de paz
En medio del debate que se generó, al que se sumaron insistentes solicitudes desde los gobiernos de Medellín y Antioquia al de Estados Unidos para que revisara de cerca ese proceso, los líderes de la mesa de paz le salieron al paso a la polémica.
Además de defender la necesidad de esa suspensión de capturas, los voceros señalaron estar dispuestos a seguir en las conversaciones y plantearon que habría una persecución en su contra.
Siga leyendo: Piden al Gobierno de EE. UU. ponerle lupa a suspensión de capturas de cabecillas en Medellín
“Si el proceso de paz urbana no tuviese persecución por los medios de comunicación y por las autoridades locales, no sería necesaria la resolución. La petición de esta garantía fue necesaria precisamente por la persecución que se vive. Es meramente una garantía, no es un procedimiento y mucho menos una libertad”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.
La mesa también presentó el reintegro formal al espacio de Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, quien el pasado 31 de enero había renunciado a ser vocero, planteando que las conversaciones estarían en un “punto muerto” y cuestionando la seriedad del Gobierno Nacional.
“Hace poco hice una solicitud escrita para renunciar como vocero, no a la construcción de paz, sino renunciando como vocero por motivos más personales y por motivos de ideología y también por las presiones jurídicas, casi ilegales, que estaban haciendo sobre mi familia y sobre mi persona. Eso generó una controversia, pero entonces aquí estoy para aclarar el tema. La renuncia se solicitó por métodos que no eran los normales, entonces yo seguí trabajando en la mesa”, dijo.
García también expresó su oposición ante los pedidos que el pasado lunes plantearon tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín, entes que le pidieron a la embajada de Estados Unidos revisar esa suspensión de órdenes de captura y señalaron que las estructuras en cuestión estaban dedicadas al narcotráfico y muchos de los implicados estarían presuntamente en el radar de la justicia de ese país por intentar introducir drogas a suelo estadounidense.
Los voceros también respondieron a los señalamientos formulados desde varios sectores, incluido el del candidato presidencial Roy Barreras, que aseguraron que la suspensión tendría como objeto incidir en la contienda electoral. Para los voceros, en caso de que esos señalamientos fuesen ciertos, debían estar acompañados por pruebas.
Buscan tumbar ley de Paz total
El alcalde Federico Gutiérrez presentó ayer un proyecto de ley que radicó ante el Congreso con el que busca se derogue la ley de Paz Total, que avaló los acercamientos entre el Gobierno Nacional y las estructuras armadas.
En el texto propuesto por Gutiérrez aparece la prohibición expresa de suspender órdenes de captura en contra de integrantes de estructuras responsables de cometer delitos de alto impacto, señalando que esa figura solamente podría aplicarse amparada por una ley de sometimiento.
Regístrate al newsletter