Siete experimentados fiscales que lideraban investigaciones en contra del crimen organizado en Medellín fueron sacados de sus casos.
La situación fue denunciada por la concejala Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías de Medellín y exdirectora contra el Crimen Organizado del ente acusador, quien cuestionó las razones detrás de esa decisión y pidió explicaciones ante lo que calificó como un mal precedente.
La cabildante señaló que el remezón ocurrió en medio de un concurso que viene realizando la Fiscalía General de la Nación, en el que esos siete fiscales fueron reubicados en una nueva dirección del Gaula y a su vez fueron reemplazados por otros cuatro fiscales.
Le puede interesar: Estos son los 15 hechos con los que Petro benefició al crimen organizado
Carrasquilla planteó que ese cambio habría dejado un importante vacío y calificó como contradictorio que apareciera justo cuando el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella anunció el inicio de una estrategia que tendrá su epicentro en la capital antioqueña para perseguir el crimen organizado.
“Hoy quiero hacer una denuncia para la fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), porque resulta que cuando el presidente Abelardo de La Espriella anunció que en Medellín funcionará el Escudo de las Américas, que es esa ayuda que vamos a recibir del gobierno americano y de otras naciones para la persecución contra el crimen organizado, se le dio por emitir una directriz donde supuestamente, justificando el famoso concurso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la Nación, sacó siete de los fiscales experimentados y que venían adelantando las investigaciones contra los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, como son los GDO y los GDCO”, expresó la corporada.
Carrasquilla aseveró que muchas de las estructuras que estaban en el radar de esos fiscales están relacionadas con las conversaciones de paz que venían avanzando con el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro.
Lea también: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra siete representantes de bandas de la Paz Total en Antioquia
A manera de agravante, la concejala señaló que en medio de esas investigaciones contra el crimen organizado en Medellín hay más de 600 capturas represadas, argumentando que para ese trabajo acumulado se necesitan servidores con experiencia y un amplio conocimiento de los casos.
“(los fiscales) fueron movidos para supuestamente una nueva dirección del Gaula, con cero carga, y la carga que tenían ellos, que era tan importante, donde hay más de 600 capturas represadas, fue entregada a cuatro fiscales, que a su vez tienen a su cargo otras regiones diferentes de Antioquia, no pudiendo cumplir, como se necesita, con la lucha contra el crimen organizado”, añadió.
Esta no es la primera vez que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, es cuestionada por decisiones asociadas a la lucha contra el crimen organizado en Medellín.
A comienzos de este año, la funcionaria ya había quedado en la palestra pública por cuenta de la controvertida suspensión de órdenes de captura en contra de varios voceros de estructuras armadas en el Valle de Aburrá.
Vale recordar que este último episodio comenzó el pasado 27 de marzo, cuando el ente acusador avaló una solicitud del gobierno del presidente Gustavo Petro para suspender las capturas de 23 voceros que participaban de su mesa de paz urbana.
Siga leyendo: Presidente del Concejo denunció presunto plan de miembros de la mesa de paz para volarse de la cárcel de Itagüí antes del 7 de agosto
La decisión quedó formalizada con la Resolución N° 00072, en la que aparecían mencionados cabecillas como Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, entre muchos otros.
Luego de que se hiciera pública la resolución y se armara un debate público, en el que muchos cuestionaron que en la resolución aparecieran mencionados cabecillas que ya estaban cumpliendo penas tras ser condenados por graves delitos, la Fiscalía se echó para atrás y solo dejó vigente la suspensión para los voceros que estaban en libertad.
“De verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”, expresó Camargo en diálogo con la emisora Caracol Radio, señalando que de las 23 órdenes iniciales, había suspendido 16.
Pese a que la mayoría de las órdenes quedaron sin efectos, en el listado de cabecillas que seguían con el beneficio aparecían nombres como alias El Montañero, señalado de ser uno de los líderes de la banda El Mesa, y que según fuentes judiciales estaba muy cerca de ser capturado.
Poco después, varios líderes públicos, entre ellos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acudieron a la justicia buscando que se anularan todas las capturas, ganando posteriormente ese pulso en el Consejo de Estado tras argumentar que constituirían un riesgo.
Pese a que hasta los últimos días de su gobierno, el presidente saliente Gustavo Petro indicó que mantendría ese espacio de diálogos, la administración entrante de Abelardo de la Espriella indicó que impulsará nuevamente la lucha contra los ilegales.
Como parte de esa estrategia, en días recientes, el gobierno electo anunció que la capital antioqueña será la sede del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación en seguridad promovida por Estados Unidos junto con varios países de América Latina para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.
La alianza tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre Estados para enfrentar amenazas transnacionales y por ello contempla la coordinación de operaciones militares y policiales entre diferentes países.
Bajo ese contexto, la concejala Carrasquilla hizo un llamado al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y al Ministerio de Defensa para formular estrategias que en los primeros 100 días de gobierno permitan perseguir en crimen, teniendo en cuenta que ya no están los fiscales que estaban al cargo de las investigaciones más sensibles.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué fueron apartados los siete fiscales que investigaban el crimen organizado en Medellín?
- Los funcionarios fueron retirados de sus casos y reubicados bajo la justificación de un concurso interno adelantado por la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión ha sido criticada por afectar un equipo experimentado que lideraba los procesos contra los principales cabecillas de la ciudad.
- ¿Quiénes asumirán los expedientes y las más de 600 capturas represadas?
- La carga de expedientes fue reasignada a solo cuatro fiscales que, además de este volumen, tienen a su cargo investigaciones de otras regiones. La concejala y exdirectora contra el Crimen Organizado, Claudia Carrasquilla, denunció que esta reducción de personal impide cumplir adecuadamente con la lucha contra las estructuras criminales.
Regístrate al newsletter