Los integrantes de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá se refirieron este martes a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de echar para atrás la suspensión de las órdenes de captura de 16 de los 23 voceros de ese espacio.
La noticia, que se conoció justo cuando los representantes de ese espacio realizaban una rueda de prensa para defender la pertinencia de la suspensión, abrió un nuevo frente de incertidumbre en dichas conversaciones.
Le puede interesar: Piden al Gobierno de EE. UU. ponerle lupa a suspensión de capturas de cabecillas en Medellín
La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien lidera la mesa por disposición del Gobierno Nacional, insistió en que el debate por la suspensión se trataría de una supuesta "persecución" en contra de esos diálogos, pero al mismo tiempo se abstuvo de emitir críticas a la decisión de la fiscal.
“Hay una discusión jurídica compleja en este momento en relación a la pertinencia o no de levantar órdenes de captura a privados de la libertad”, dijo la parlamentaria al ser interrogada por la prensa por el tema.
“Esta delegación hizo la solicitud a la Consejería Comisionada, quien la dirigió en el mes de febrero a la Fiscalía. La Fiscalía consideró en su momento que era pertinente, ahora considera que no. Eso quiere decir que no hay claridad sobre la pertinencia o hay discusión. No hay una posición única en relación a la pertinencia de esas medidas”, apuntó Zuleta.
Lea también: Federico Gutiérrez le pedirá al Congreso tumbar la ley de Paz Total tras suspensión de órdenes de captura de cabecillas
En su intervención, la política planteó que el pedido de levantar las órdenes sería darles mayores garantías a los cabecillas que participan del proceso.
“Aquí tenemos un caso concreto, el caso de José Leonardo (Muñoz Martínez, alias Douglas). Un juez de la República le dicta una orden de captura incluso estando privado de la libertad. Esos hechos son reales y se viven aquí”, dijo Zuleta.
“El origen de la petición a la Fiscalía de la resolución es la persecución judicial y mediática contra este proceso. Si el proceso de paz urbana no tuviese persecución por los medios de comunicación y por las autoridades locales, no sería necesaria la resolución. La petición de esta garantía fue necesaria precisamente por la persecución que se vive. Es meramente una garantía, no es un procedimiento y mucho menos una libertad, como se dijo falsamente”, agregó la senadora.
Regístrate al newsletter