El 29 de agosto de 2005, cuando el huracán Katrina tocó tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos, no solo destruyó ciudades y vidas, dejó grabada en la memoria global la imagen de una Nueva Orleans sumergida bajo el agua y un país incapaz de proteger a los más vulnerables. Dos décadas después, las cifras siguen siendo abrumadoras: más de 1.800 muertos, un millón de desplazados y pérdidas económicas que superaron los 160.000 millones de dólares. Pero hoy, al conmemorarse veinte años de aquel desastre, la ciencia confirma con claridad lo que en ese momento apenas se intuía: que el cambio climático ya estaba intensificando los huracanes del Atlántico y Katrina fue uno de sus primeros avisos.
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Los nuevos datos de Climate Central revelan que la tormenta alcanzó su máxima fuerza, con vientos de 282 kilómetros por hora, sobre aguas que estaban en promedio 0,9 grados más cálidas debido al calentamiento global. Ese exceso de calor multiplicó por 18 la probabilidad de que se presentaran las condiciones oceánicas que dieron a Katrina su poder devastador. Según el Dr. Daniel Gilford, meteorólogo y científico del clima de la organización, “ya en 2005, el cambio climático influía en los huracanes del Atlántico y sus impactos. Si Katrina se hubiera formado con el clima actual, probablemente habría sido aún más potente”.
El hallazgo sintetiza dos décadas de avances en la ciencia de atribución climática, que hoy permite cuantificar con rigor cómo la acción humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos. En ese sentido, cada décima de grado de calentamiento oceánico, señalan los expertos, aumenta la probabilidad de tormentas más violentas y agrava la amenaza del aumento del nivel del mar.
Ahora bien, la devastación no fue solamente meteorológica. Katrina abrió las compuertas de un drama social y racial largamente incubado, ya que cuando los diques de Nueva Orleans colapsaron y el 80% de la ciudad quedó bajo el agua, las comunidades afroamericanas y de bajos ingresos cargaron con el mayor peso. Muchas familias no tenían seguros contra inundaciones ni ahorros para reconstruir. El resultado fue un éxodo masivo que redujo drásticamente la población negra de la ciudad. Un estudio reciente de HousingNOLA muestra que dos décadas después la brecha en propiedad de vivienda entre hogares blancos y negros se mantiene en un 14%, y que los costos de seguros y energía continúan presionando a los hogares con menos recursos. Así que la tormenta, en lugar de ser un evento pasajero, se convirtió en un parteaguas que reconfiguró el mapa demográfico y económico de la región.
El Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) aporta otra dimensión inquietante: las aseguradoras, llamadas a proteger a los damnificados, desempeñaron un papel contradictorio. Mientras miles de familias descubrieron demasiado tarde que sus pólizas no cubrían daños por inundaciones, las compañías de seguros invirtieron miles de millones de dólares en la industria de combustibles fósiles, principal motor del cambio climático. En palabras del informe, el mismo sector que debía responder por las pérdidas contribuyó a financiar la crisis que multiplicaba esos desastres. Y así se creó un círculo perverso en el que los hogares más pobres no solo perdieron sus viviendas, sino que además debieron cargar con los costos de una reconstrucción desigual, marcada por políticas discriminatorias.
En los meses posteriores al huracán, programas federales como Camino a Casa ofrecieron subvenciones para reparar viviendas. Sin embargo, los montos dependían del valor previo de las propiedades. Como los inmuebles en barrios de menor valor económico valían menos, sus propietarios recibieron ayudas insuficientes para reconstruir. Algunos casos llegaron a tribunales con demandas colectivas, que tardaron años en resolverse. Entre tanto, decenas de miles de familias quedaron atrapadas en un limbo de desplazamiento permanente. Los inquilinos, por su parte, perdieron viviendas subsidiadas o públicas que nunca se reconstruyeron. La ciudad experimentó un proceso de gentrificación acelerada que expulsó a antiguos residentes y cambió para siempre el carácter de Nueva Orleans.
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Las imágenes de cuerpos flotando, personas atrapadas en los techos y un Superdome convertido en refugio improvisado aún resuenan, en especial porque la historia no se quedó en el pasado.
Dos décadas más tarde, los efectos de huracanes como Ian o Florence en Estados Unidos muestran que las mismas brechas persisten. Las aseguradoras siguen trasladando riesgos a los asegurados. Los litigios sobre qué parte del daño corresponde al viento o al agua —y por tanto a qué póliza— continúan marcando la diferencia entre reconstruir o quedar en la ruina, y el costo humano se mide en familias desarraigadas y comunidades fragmentadas.
Katrina dejó cicatrices visibles en la infraestructura y heridas más profundas en la confianza social. Hoy, con las temperaturas globales 1,3 grados por encima de la era preindustrial, las tormentas son más intensas y destructivas. América Latina y el Caribe ya lo han experimentado con fenómenos como Eta e Iota en 2020, que arrasaron Centroamérica. Ciudades como Cartagena, La Habana o Veracruz enfrentan riesgos crecientes por marejadas ciclónicas, erosión costera y aumento del nivel del mar, por lo que la lección de Nueva Orleans resulta evidente: el cambio climático no solo multiplica la violencia de los huracanes, también amplifica las desigualdades existentes.
A veinte años del desastre, el recuerdo de Katrina obliga a mirar más allá de la tragedia estadounidense. Advierte que ninguna sociedad está preparada si no enfrenta de raíz las brechas sociales y económicas que vuelven a ciertos sectores más vulnerables, porque cada nueva tormenta —en el Golfo, en el Caribe o en las costas latinoamericanas— repetirá la misma ecuación: el clima se vuelve más extremo y los más pobres son quienes pagan el precio más alto
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