El ambiente en las territoriales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es de zozobra. La entidad se ha convertido en una serie “ring de boxeo” con disputas y amenazas entre la presidenta Amelia Pérez, que asumió desde diciembre de 2024, y los trabajadores y sindicatos de la entidad pública.
El problema comenzó como un malentendido entre los sindicalistas y Pérez, que fue una de las tres mujeres ternadas para ser fiscal de la Nación el año pasado. El malestar ha ido escalando a denuncias en redes sociales y ante el Ministerio del Trabajo, e incluso, presuntos señalamientos de la presidenta de recurrir ante la Fiscalía General de la Nación para que se presente en los comités de negocios de la entidad.
Los trabajadores tildan a la administración de Pérez de ser una “autoritaria”; de contratar a asesores que supuestamente insultan y maltratan a los trabajadores; y de frenar los procesos de entregas de inmuebles a las comunidades y organizaciones sociales. Por su parte, la administración de la SAE defiende que “la quieren hacer incurrir en un error de procedimiento que traería problemas legales”, según le contaron fuentes a EL COLOMBIANO.
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Lo cierto es que parece haber un embrollo que estaría afectando el funcionamiento y el ambiente laboral de una entidad del Estado que emplea a unas 1.000 personas en el país.
Despidos injustificados
Varios relatos recopilados por esta redacción coinciden en que Amelia Pérez habría asumido con desconfianza las riendas de la SAE. “Ella se equivocó de cargo. Estuvo ternada para ser fiscal y aquí llegó con esa actitud de estar juzgando a todos de delincuentes”, alegaron.
El primer encontronazo fue cuando llevaba solo unos días en su cargo. Las centrales de empleados: Sideppo y Siptrasae solicitaron espacios para dialogar sobre mejoras e inconformidades en varios asuntos que venían desde antes de la administración de Daniel Rojas (hoy ministro de Educación). Algunos de los temas se relacionaban a la bonificación para empleados, cumplimiento de las metas comerciales, dotación para los puestos de trabajo, falta de herramientas para la ejecución de tareas, y demás. Sin embargo, se quedaron esperando.
Los trabajadores comentan que contrario a recibir una buena respuesta o una muestra de diálogo sobre dichas peticiones, el 20 de diciembre, Pérez anunció la salida de varios trabajadores.
“Amelia llegó y su primera acción fue despedir a 47 trabajadores de todas las oficinas a nivel nacional, justo días antes del 24 de diciembre. En nuestro caso, los contratistas ya habíamos entregado nuestros documentos, pero todo dependía de la nueva presidenta”, comentó Tatiana, una empleada que salió de la entidad.
La SAE respondió a este medio de comunicación que en la presidencia de Pérez han salido “sin justa causa” 15 trabajadores en todas sus territoriales (diciembre - abril). Añadió que hubo otras 41 desvinculaciones que obedecen a terminaciones de contratos en periodos de prueba (ver infografía). Un total de 56 salidas.
Esa situación no se quedó ahí. Los sindicalistas elevaron por lo menos unas tres denuncias ante el Ministerio de Trabajo, que siguen en estudio.
Los empleados manifiestan que desde Bogotá se explicó que el recorte obedece a asuntos financieros, pero otros rumoran que Pérez ha dicho que esa gente había sido nombrada en anteriores gobiernos y estaría “luchando contra la corrupción, pero eso no es cierto ellos fueron contratados en la administración de Daniel Rojas”, mencionó un entrevistado.
Luego de eso, la suspicacia entre la nómina y la presidencia persistió con mayor fuerza. Se rumora en los pasillos que Pérez es selectiva y mantiene reuniones en privado solo con algunos trabajadores, mientras se rehusa a contestar las peticiones de otros.
¿Maltratos laborales?
Otro de los cuestionamientos que nublan la actual gestión recae sobre una de las manos de derechas de la presidenta. Se trata de Mery Janeth Gutiérrez, quien firmó un contrato por $234 millones ($19,5 millones mensuales) para prestar los servicios como asesor integral en derecho contractual, relaciones jurídico negociales (...), dice el contrato.
El nombre de Gutiérrez no es nuevo en el Gobierno de Gustavo Petro. La asesora, además de ser expareja de Hollman Morris, gerente de RTVC –Sistema de Medios Públicos de Colombia–, fue uno de los nombres que más sonó para ser ministra de las TIC, pero fue descartada, en parte, por tener una demanda en firme contra la Nación.
Fuentes señalaron que Gutiérrez se ha convertido en una ficha muy fuerte al interior de la Sociedad de Activos Especiales. “Es quién está tomando las decisiones”, sentenciaron. Las quejas sobre la asesora se resumen en un presunto maltrato a los empleados porque tiene asiento en los comités de negocios de nivel central. Al parecer cuestiona en reiteradas ocasiones la preparación de los profesionales, los manda a estudiar, y hasta “los tilda de mentirosos y que no saben nada”.
¿Freno en entregas de bienes?
Quizá la mayor diferencia entre las territoriales y Pérez es con base en la política de democratización del Gobierno Nacional, que permitió a comunidades y organizaciones sociales contar con bienes confiscados a grupos ilícitos. Un caso fue el de una lujosa Hacienda, ubicada en Ambalema (Tolima, que le perteneció al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, y que en febrero le fue entregada a una comunidad campesina.
Fuentes cercanas a la entidad explicaron que en ese proceso de democratización existe la opción de brindar a las comunidades un activo por medio de un contrato de comodato, que le otorga a una organización social utilizar el inmueble por 5 años. El otro método es por la figura de destinación de resolución provisional, que es por tiempo indefinido hasta que haya alguna novedad con el inmueble. “Es más rápido por comodato porque es mediante contrato, mientras que las destinaciones requieren la expedición de una resolución es mucho más demorado”, señalaron.
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Una vez las territoriales tienen adelantado todo el papeleo con las comunidades, deben presentar el proyecto en una reunión virtual ante el comité de negocios de nivel central, conformado por la presidenta y más directivos de Bogotá. Allí se decide la aprobación de la entrega. No obstante, aseguran que Pérez “no está aprobando nada”.
De acuerdo con una denuncia presentada, el pasado 22 de enero se presentaron 6 casos de comodato impulsados por la Dirección Territorial Occidente de la SAE, pero nada recibió el visto bueno.
Cuentan que Pérez no avala el comodato para las entregas porque no brinda la suficiente seguridad jurídica, mientras que los expositores argumentan en que es un contrato avalado en la metodología vigente con que ya se han entregado otros terrenos, además de que permite pasar luego a una figura de designación provisional.
“Ellos no debaten con argumentos, sino que nos empiezan a tildar de mentirosos, de que los estamos tratando de incitar a un error o a alguna actuación delictiva. Se nos trata de corruptos”, contó un empleado.
Fiscalía en los comités
Ese contraste se ha prestado para encontronazos entre las direcciones de las territoriales y el comité. Uno de los casos más tensionantes tuvo lugar el 13 de marzo. El coordinador de la Territorial de Occidente, Carlos Esteban Romo, presentaba un caso de extinción de dominios a favor de una comunidad de San Andrés por medio de comodato, pero no fue aprobado. Romo defendió su posición e insistió en la legitimidad del método, pero Amelia Pérez “explotó”. Según relataron, la presidenta señaló que “no iba a permitir que la llevarán a una decisión o a incurrir en delitos”. Y agregó, según relataron a este medio, que había hablado con el presidente Gustavo Petro para traer en las próximas sesiones a la Fiscalía y levantar medidas disciplinarias.
El señalamiento causó el malestar del coordinador de la territorial, quien defendió: “Sus acusaciones son muy graves, a mí me lo comprueba y me lo sostiene, porque le recuerdo que usted aquí no es una fiscal, sino una presidenta”.
Un encontronazo similar ocurrió con Nevys Niño, directora de la territorial Caribe de la SAE, a raíz de la metodología para entregar el predio del Villa Arte a la Universidad del Atlántico. Sideppo confirmó que Niño terminó por ser removida del cargo a raíz de dichas diferencias.
Pérez justificó que la directora no informó adecuadamente sobre la incompatibilidad del contrato de comodato con la figura de destinación definitiva. No obstante, en su red de X, Niño alegó que la presidenta desconocía “el Código de Extinción de Dominio y la metodología de administración de los bienes del FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado)”, que se han utilizado en casos similares como la entrega de un inmueble a la Universidad Industrial de Santander el pasado 28 de febrero, añadió.
¿Y la entrega sí está frenada?, desde su nombramientos en diciembre, la gestión de Pérez ha entregado 44 bienes a las comunidades (34 por destinación definitiva, 8 por destinación provisional y 2 por comodato). La administración de Daniel Rojas entregó 245 (115 por definitivo, 66 provisional y 64 comodatos).
EL COLOMBIANO buscó dialogar con Pérez sobre los señalamientos. No concedió el espacio sobre ese tema.
La situación se presta para concluir que el ambiente en la SAE es de caos. Pérez no se ha entendido con su grupo de trabajo, hay desconfianza en las dos partes y sus recientes intercambios con Daniel Rojas dan cuenta que hay una seria diferencia entre la administración más de corte petrista y la nueva presidenta.
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