En este mes de noviembre se da inicio a una de las discusiones económicas más importantes del país, pues al final del mes se espera la instalación de la Mesa de Concertación Salarial, en la que primero se conocerán conceptos técnicos de entidades como el Banco de la República y el Dane y en la que se pone sobre la mesa las cartas de cada jugador: la aspiración de los sindicatos de ganar poder adquisitivo frente a la cautela de los gremios que advierten sobre el impacto tanto en la inflación como en el empleo.
Es este el periodo en el que se abre tradicionalmente la discusión sobre el incremento del salario mínimo en Colombia, un tema que concentra la atención de empresarios, sindicatos y del Gobierno Nacional, pues de su resultado dependen tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como los costos laborales de la economía.
Desde Anif se explicó que en este debate, la fórmula de referencia tiene en cuenta la inflación del año anterior y el crecimiento de la productividad laboral, buscando preservar el ingreso real sin comprometer la competitividad.
Sin embargo, el tanque de pensamiento advirtió que cuando el ajuste del salario mínimo supera significativamente la suma de estos dos componentes, se generan riesgos macroeconómicos importantes: presiones inflacionarias, encarecimiento del empleo formal que puede llevar a aumentos en la informalidad y mayores costos fiscales para el Estado.
“Por tanto, es fundamental alcanzar un equilibrio entre las aspiraciones sociales y la sostenibilidad económica, especialmente en un contexto de espacio fiscal limitado”, se indicó en un análisis reciente de Anif.
Para los investigadores económicos de la entidad, a pesar de que el 2025 comenzó con un descenso sostenido en la inflación, los últimos meses no han mostrado un comportamiento favorable. Entre junio y octubre, el índice de precios acumuló cuatro meses consecutivos al alza, pasando de 4,82% en junio a 5,51% en octubre, reflejando un leve repunte inflacionario.
“Desde Anif proyectamos que el año cerrará con una inflación cercana al 5,34%. En paralelo, se ha observado una desaceleración de la productividad laboral en lo corrido del año. El PIB por ocupado registró una caída de 1,2%, que obedece a que el número de ocupados crece a un ritmo mayor que el del PIB, un fenómeno que solo se había registrado en 2022 y 2023 durante la última década. Este comportamiento responde en parte al aumento de la fuerza laboral durante el año 2025, y plantea el desafío de mantener la capacidad de absorción del mercado laboral en el mediano plazo”, anotaron los expertos del tanque de pensamiento que preside José Ignacio López.
Las cuentas del costo
Con este panorama, resulta fundamental estimar uno de los costos fiscales que podría generar un aumento excesivo del salario mínimo para el Gobierno. Uno de los principales canales de transmisión se da a través del sistema pensional, dado que una porción significativa de las mesadas, particularmente aquellas correspondientes a pensiones mínimas del régimen de prima media, está directamente indexada al salario mínimo.
“En consecuencia, cada incremento del salario mínimo implica un aumento automático en las obligaciones del Estado con los pensionados de este régimen. Se estima que, por cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del salario real, el gasto en pensiones del régimen de prima media se incrementa en cerca de 0,24 billones de pesos, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales”, precisó Anif.
Para dar un ejemplo, con una inflación proyectada de 5,34% y un crecimiento de la productividad laboral de 2,2%, el aumento de referencia del salario mínimo, equivalente a 7,54%, implicaría un sobrecosto fiscal cercano a 0,5 billones de pesos solo en el régimen de prima media. Sin embargo, si el incremento del salario mínimo alcanzara el 10%, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a 1,12 billones de pesos.
En esas condiciones, la discusión sobre el aumento del salario mínimo debe considerar no solo el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también las presiones que enfrenta la economía colombiana.
“La estrechez fiscal actual limita la capacidad del Gobierno para absorber incrementos significativos en el gasto público, en un contexto en el que las metas de la regla fiscal exigen prudencia y sostenibilidad en las cuentas del Estado. Un ajuste del salario mínimo que exceda los fundamentos de inflación y productividad podría generar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y frenar la creación de empleo formal”, concluyó Anif.
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