El documento está respaldado por las empresas licoreras departamentales —como la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, la Industria Licorera de Caldas, la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Industria de Licores del Valle, la Fábrica de Licores del Tolima, la Nueva Licorera de Boyacá, la Industria Licorera del Cauca, la Unidad de Licores del Meta y Aguardiente Nariño— junto con las multinacionales Diageo, Pernod Ricard, Brown Forman y Global Wine & Spirits.
También respaldan la postura los gremios Acil (Asociación Colombiana de Industrias Licoreras) y Prolicores (Empresas de Licores Internacionales), quienes aseguran que esta es una causa nacional que trasciende las marcas: “Hoy no hay marcas, hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos”.
Un sector que genera empleo, cultura y recursos fiscales
Las licoreras agrupan un amplio ecosistema económico que aporta el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, desde la producción agrícola hasta los bares, restaurantes, hoteles y ferias regionales.
“Tradiciones como el brindis con aguardiente, ron o whisky son parte de nuestra identidad y también uno de los motores económicos del país”, subraya la declaración.
El comunicado insiste en que el debate tributario no puede reducirse a una discusión fiscal. Hablar de impuestos al licor, dicen, es hablar de salud pública, de empleo, de cultura y de responsabilidad ciudadana.
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“Subir el precio del trago legal solo impulsa el contrabando”
Uno de los puntos centrales del comunicado es que el aumento de impuestos no logra reducir el consumo, sino que desvía la demanda hacia el mercado ilegal, donde no existen controles sanitarios ni tributarios.
Según cifras del sector, el 22,4% del licor consumido en Colombia es ilegal, y con la reforma, esa cifra podría alcanzar un preocupante 50%.
La industria recuerda que experiencias anteriores ya demostraron que encarecer el producto formal solo fortalece el contrabando y la adulteración, lo que termina afectando la salud pública y reduciendo el recaudo efectivo para el Estado.
El impacto de la medida no solo sería económico, sino también fiscal y social, ya que el sector licorero aporta anualmente cerca de 3,9 billones de pesos al país, recursos que se destinan principalmente a salud y educación.
De acuerdo con la declaración, estos aportes financian el salario de 232.140 maestros y enfermeras en todo el territorio nacional. Por eso, advierten que castigar el sector formal con impuestos desproporcionados pondría en riesgo la sostenibilidad de estos ingresos en los presupuestos regionales.
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Una reforma tributaria que castiga la formalidad
El comunicado también advierte que el proyecto de reforma crea una carga diferenciada contra los licores destilados, mientras deja por fuera otros segmentos del mercado del alcohol.
Esta “selectividad”, dicen los empresarios, no cumple el propósito de salud pública ni de equidad fiscal, y termina penalizando a las empresas que operan dentro de la legalidad.
Además, las compañías recordaron que desde hace varios años han invertido recursos y esfuerzos en campañas de consumo responsable, y han trabajado de la mano con las autoridades en alianzas público-privadas para prevenir el abuso y el contrabando.
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