El pago de intereses alcanzaría niveles récord, limitando la inversión y reduciendo el margen de maniobra del Gobierno, advierte el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El anteproyecto del PGN 2027 se presenta en medio de una elevada restricción fiscal, marcada por un desbalance sostenido entre ingresos y gastos.
En 2025, los ingresos del Gobierno Nacional Central representaron el 16,3% del PIB, mientras que el gasto total llegó al 22,7% del PIB.
Este desequilibrio llevó a un déficit primario de -3,5% del PIB, obligando al Gobierno a financiarse con mayor endeudamiento en un contexto de costos crecientes. El resultado es una presión estructural sobre las finanzas públicas que no ha sido corregida de fondo.
Según análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en términos reales, el presupuesto para 2027 aumentaría en $19,1 billones. Sin embargo, este crecimiento no responde a una expansión del gasto público en programas o inversión, sino al incremento en el servicio de la deuda.
Este rubro crecería en $43 billones, equivalente a una variación real del 40,2%. En contraste, el gasto de funcionamiento caería en $12,6 billones (-3,3%) y la inversión se reduciría en $11,3 billones (-12%).
En otras palabras, el mayor gasto no refleja una política fiscal expansiva, sino el peso creciente del endeudamiento.
La estructura del presupuesto muestra un cambio progresivo en los últimos años. Mientras el gasto de funcionamiento se mantiene alrededor del 60% del total, el servicio de la deuda ha ganado participación frente a la inversión.
Para 2027, la deuda representaría el 24,9% del presupuesto, frente a niveles de 18%–20% en años anteriores. En contraste, la inversión caería al 13,8%, desde niveles cercanos al 18%–20%.
Este ajuste evidencia que la inversión, el componente más flexible del gasto, ha sido el principal afectado, reduciendo la capacidad del Estado para financiar proyectos de desarrollo y crecimiento económico.
Uno de los datos más relevantes del anteproyecto es el nivel del servicio de la deuda, que alcanzaría $124,5 billones en 2027. De este total, cerca de $90 billones corresponderían únicamente al pago de intereses, es decir, aproximadamente el 73%.
Este monto convierte al pago de intereses en uno de los rubros más altos del presupuesto: es apenas inferior al sector Educación ($91,6 billones) y supera ampliamente el gasto en Salud y Protección Social ($81,3 billones), así como al resto de sectores.
Además, medido como proporción del PIB, el pago de intereses alcanzaría su nivel más alto en la historia reciente, comparable únicamente con los años de la pandemia. Esto significa que el país destinaría una porción del ingreso nacional similar a la de un periodo de choque económico extraordinario.
El peso creciente de la deuda implica que una mayor parte del presupuesto se destina a cubrir costos financieros, en lugar de reducir el capital adeudado. Esto responde tanto al aumento del endeudamiento como a condiciones de financiamiento menos favorables.
A su vez, los principales rubros del gasto —como deuda ($124,5 billones), Educación ($91,6 billones), Salud ($81,3 billones), Defensa ($70 billones), Trabajo ($64,3 billones) y Hacienda ($31,7 billones)— están asociados a obligaciones legales o constitucionales, lo que limita su ajuste en el corto plazo.
El resultado es un presupuesto cada vez más rígido, con menor capacidad de reasignar recursos hacia nuevas prioridades.
El aumento del pago de intereses tiene implicaciones directas sobre la política fiscal. Por un lado, reduce el espacio para la inversión pública; por otro, incrementa la exposición del país a las condiciones del mercado financiero.
En un contexto de alta inflación, suspensión de la regla fiscal y persistencia del déficit, el costo del financiamiento ha aumentado, profundizando las presiones sobre el gasto público.
Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierten que esta tendencia no es coyuntural. El creciente peso de los intereses amenaza con seguir desplazando la inversión y compromete la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
El panorama plantea un desafío central para el próximo gobierno: avanzar en una consolidación fiscal que permita reducir el costo del endeudamiento y recuperar espacio para la inversión.
De no lograrse, el país podría enfrentar una situación en la que el pago de intereses supere de forma sostenida el gasto en sectores clave como la educación, limitando la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico y atender nuevas demandas sociales.
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